Caso radares: Novillo asegura que acudirá a cualquier citación y defiende su gestión

El exministro de Defensa Edmundo Novillo aseguró que se presentará ante las autoridades judiciales ante cualquier citación o notificación relacionada con el denominado caso radares. La exautoridad sostuvo que sus actuaciones estuvieron enmarcadas en la legalidad y que hizo esfuerzos para defender los intereses del Estado y dar continuidad al proyecto.

“Al respecto, debo manifestar que mi persona, ante cualquier citación o notificación, respetando el debido proceso estará presente ante las autoridades correspondientes para demostrar que todas mis actuaciones estuvieron enmarcadas en la legalidad y que hice el mayor esfuerzo para defender los intereses del Estado y darle continuidad a la ejecución del proyecto”, expresó Novillo en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Su pronunciamiento se produjo después de que el actual ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, presentara una querella penal contra 19 personas, entre ellas cuatro exministros de esa cartera, por presuntas irregularidades en la adquisición e implementación de un sistema de 13 radares civiles y militares.

La denuncia se sustenta en una auditoría que identificó un posible daño económico superior a Bs 1.478 millones. Entre los exministros denunciados están Reymi Ferreira y Javier Zavaleta, quienes ejercieron funciones durante el gobierno de Evo Morales; Luis Fernando López, durante la administración de Jeanine Áñez, y Novillo, durante el gobierno de Luis Arce.

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En su declaración, Novillo también hizo referencia a las dificultades que se presentaron durante la ejecución del proyecto, debido a su complejidad técnica y tecnológica y al conocimiento especializado de la empresa francesa Thales sobre sus equipos.

“Durante la ejecución, se tuvo muchísimas dificultades, porque el proyecto tiene un alto componente técnico tecnológico, al tratarse de radares de última generación y que sólo la empresa Thales tiene el conocimiento exclusivo de su tecnología”, manifestó.

La exautoridad cuestionó que el actual Gobierno y la empresa contratista no hayan encontrado soluciones para garantizar la continuidad, sostenibilidad y viabilidad del sistema, al que calificó como uno de los proyectos más importantes para el país, la Fuerza Aérea y Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), según informó Unitel.

La Procuraduría General del Estado identificó como presuntos delitos contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

El proyecto del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (Sidacta) fue contratado en 2016 con la empresa francesa Thales por más de 191 millones de euros. Incluía la instalación de 13 radares, centros de control, sistemas de comunicación, obras civiles, software, capacitación y transferencia tecnológica.