lunes 19 de octubre de 2026

Medidas

La semana empieza con un nuevo bloqueo en El Alto en demanda de GLP

El Gobierno aprobó el decreto que fija un mecanismo de actualización de los márgenes de distribución para compensar el impacto del alza del combustible y asegurar el GLP en Bs 22,50.
Bloqueo con garrafas en la avenida Juan Pablo II de El Alto. Foto: Captura de imagen
Bloqueo con garrafas en la avenida Juan Pablo II de El Alto. Foto: Captura de imagen

Los problemas y reclamos por el desabastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) persisten al inicio de esta semana. La avenida Juan Pablo II de la ciudad de El Alto volvió a ser bloqueada por decenas de personas que esperaban con sus garrafas la llegada del camión distribuidor.

La medida de presión se instaló desde tempranas horas de la mañana a la altura de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) y genera un severo congestionamiento vehicular, debido a que los motorizados se ven obligados a tomar rutas alternativas para dirigirse hacia La Ceja o salir de esa zona.

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La falta de provisión de GLP ya provocó bloqueos durante el fin de semana, no solo en El Alto, sino también en varias zonas de la ciudad de La Paz, como Villa Fátima. Durante las últimas semanas, se han observado extensas filas de garrafas en diferentes puntos, a la espera de los camiones repartidores.

Los vecinos se quejaron por la escasez del producto y denunciaron que muchas de las garrafas con GLP son desviadas a tiendas de barrio, donde luego las revenden a un precio muy superior a los Bs 22,50, que es el costo oficial de la garrafa de 10 kg.

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Las empresas distribuidoras habían reducido significativamente sus operaciones debido a que el incremento de sus costos, provocado por el retiro de la subvención al diésel, no podía ser cubierto con los actuales contratos de provisión. Ante esta situación, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5746, que establece un mecanismo de actualización de los márgenes de distribución para compensar el impacto del alza del combustible.

Los bloqueos se producen pese a la vigencia del estado de excepción, que prohíbe estas medidas de presión por considerar que perjudican los derechos de terceros.