Bolivia está entre los ocho países incluidos en el plan minero del BM, sujeto al cumplimiento de varios compromisos asumidos por el Gobierno

Bolivia se encuentra entre los ocho países incluidos en el plan minero del Banco Mundial (BM), sujeto al cumplimiento de plazos y compromisos que debe asumir el Gobierno del presidente Rodrigo Paz entre 2026 y 2040, según el Acuerdo País de Metales y Minerales del Estado Plurinacional de Bolivia.

De acuerdo con un informe de e-Post, el BM podría explorar préstamos para el país vinculados a metas legales y de “gobernanza en minería”, según un acuerdo que dio a conocer ese organismo internacional en Bangkok, durante las reuniones anuales.

El Gobierno nacional se comprometió a aprobar el nuevo Código de Minería y la Ley de Inversiones, elaborar la Estrategia Nacional de Desarrollo Minero 2026-2040 y la Estrategia de Cadena de Valor de Minerales Críticos, así como implementar el Catastro Minero digital y en línea, entre otras medidas.

Debe presentar un proyecto de Código Minero hasta mediados de 2027, que será redactado por un grupo de expertos, sin tomar en cuenta a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) ni a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB).

El nuevo Código Minero, impulsado por el ministro del área, Marco Antonio Calderón, es parte del plan de ese organismo para movilizar hasta $us 19.000 millones en metales y minerales entre 2026 y 2030, mediante recursos propios y capital privado; mientras que el documento no fija un monto para el país.

Otra de las condiciones es aprobar, de forma paralela, el proyecto de Ley de Inversiones del Gobierno, que hasta la fecha no pudo ser tratado en la Asamblea Legislativa. Esta ley, según el medio de comunicación, se presenta como un reconocimiento conjunto del Gobierno y sus socios para el desarrollo, con el fin de orientar la colaboración en el sector, y fija ocho compromisos con plazo hasta 2028.

También se definen otros objetivos, como reglas de seguridad industrial diferenciadas para cada tipo de acto minero; el aprovechamiento y reaprovechamiento de depósitos marginales, como relaves y rocas de desecho; y la coordinación mediante reuniones técnicas periódicas y grupos de trabajo. La consulta a otros actores del sector queda a cargo del Gobierno.

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En su diagnóstico, el BM señala que Bolivia tiene “algunas de las reservas minerales más significativas del mundo”, entre ellas cobre, antimonio, plata, zinc y estaño, pero que el aporte del sector a la economía formal está por debajo de su potencial.

Considera que la Ley 535, aprobada en 2014 durante el gobierno del expresidente Evo Morales, está desactualizada y no se alinea con los estándares internacionales de inversión. Además, considera que el sector no tiene una estrategia nacional compartida para atraer capital privado de largo plazo.

El diagnóstico registra una diferencia entre las exportaciones mineras reportadas y la producción estimada, que, según el texto, refleja sistemas de control débiles y pérdida de ingresos.

Como oportunidades, menciona el potencial no explotado del cobre, el antimonio y otros metales de la transición energética, así como la demanda internacional de minerales críticos de origen responsable.

Entre los problemas, el BM considera que el marco legal actual no ofrece una certeza de inversión adecuada a largo plazo; que las regiones mineras tienen acceso poco confiable a la red eléctrica y dependen de diésel de alto costo; que la red ferroviaria no conecta los sistemas andino y oriental; y que el agua se rige por una ley de principios del siglo XX.

En cuanto a la gobernanza, sostiene que el Catastro Minero es manual, no transparente y no se comparte entre instituciones, y que los mecanismos de distribución de beneficios son poco claros. Con relación a las cooperativas mineras, manifiesta que estas tienen barreras legales para asociarse con empresas privadas y acceso limitado a créditos productivos bancarios.

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También menciona a las comunidades originarias e indígenas, sobre las cuales dice que perciben la minería como un riesgo ambiental más que como una oportunidad. Asimismo, advierte que el robo de mineral pasó de ser una práctica informal a una actividad criminal organizada.

El diagnóstico considera que, entre los trabajadores mineros, existe una brecha en habilidades técnicas certificadas y que las condiciones de seguridad en las cooperativas constituyen una “emergencia de facto”.

El plan del BM establece ocho acciones, organizadas en tres ejes, todas a cargo del Ministerio de Minería y Metalurgia y, en algunos casos, en coordinación con otras entidades. La primera acción, dentro del eje de políticas y gobernanza, establece una Estrategia Nacional de Desarrollo Minero 2026-2040, un proyecto de Código Minero y un catastro minero digital y accesible en línea.

En relación con la infraestructura, plantea la transición energética y del agua, un estudio de logística, una plataforma de formación de trabajadores mineros y estándares de seguridad.

Sobre las inversiones privadas en el sector, destaca la necesidad de contar con un nuevo marco de inversión privada con seguros para reducir el riesgo, dos productos financieros piloto para cooperativas y pequeños mineros, y una estrategia para agregar valor a los minerales críticos en el país.

Los compromisos asumidos por el Gobierno nacional entre 2026 y 2028 están establecidos en el Acuerdo País de Metales y Minerales de Bolivia, publicado por el Banco Mundial el 16 de octubre de 2026. En diciembre de 2026, el Ministerio de Minería debe entregar la Estrategia Nacional de Desarrollo Minero 2026-2040; a mediados de 2027, debe estar concluido el proyecto de Código Minero y presentado para modernizar el marco legal y regulatorio del sector.

A finales de 2027, debe estar listo el nuevo marco de inversión privada, que incluye mecanismos de seguro para reducir el riesgo. Ese año también vencen los plazos para el marco de transición energética, el estudio de logística y la plataforma de talento minero.

Para 2028, el Gobierno debe tener concluida la Estrategia de Cadena de Valor de Minerales Críticos, que busca agregar valor a los minerales en el país, incluido su procesamiento y refinación. A finales de ese año, debe estar concluido el Catastro Minero digital y en línea. El marco de agua, la aplicación de estándares de seguridad y dos productos financieros piloto para cooperativas y pequeños mineros comparten el mismo plazo.

Entre los compromisos que asumió el BM, el acuerdo prevé asistencia técnica del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), del Grupo Banco Mundial, para el diseño de la estrategia, la asesoría legal, la digitalización del catastro, la formación de trabajadores y el análisis de la cadena de valor.

Además de los préstamos vinculados a metas, la única acción del plan que menciona un posible financiamiento es la relacionada con energía, logística y agua, mientras que el nuevo marco de inversión privada y los productos financieros para cooperativas figuran sin apoyo previsto del BIRF (“N/A”).