Urioste desvincula a Balderas y Porras del Ministerio Público tras restricciones de visa de EEUU

El fiscal general interino, José Armando Urioste, anunció la desvinculación de Félix Gerardo Balderas y Julio César Porras del Ministerio Público, luego de que ambos fueran incluidos en la lista de ciudadanos bolivianos a quienes Estados Unidos impuso restricciones de visa. Además, adelantó que podrían ser investigados en función de los antecedentes y elementos reunidos por la Fiscalía.

“Hemos tomado esa decisión en base a algunos antecedentes que se tiene en el Ministerio Público y se ha agradecido el servicio de los dos funcionarios que trabajan en el Ministerio Público”, informó Urioste a los medios.

La autoridad confirmó que ambos funcionarios dejarán sus cargos, aunque precisó que las resoluciones correspondientes aún estaban llegando físicamente para su notificación.

De acuerdo con la información difundida por Estados Unidos, Balderas figura como exfiscal departamental de Beni, mientras que Porras se desempeñaba como fiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas de Santa Cruz.

Urioste adelantó que ambos exfuncionarios podrían ser investigados por el Ministerio Público. Explicó que la institución está recopilando antecedentes y elementos investigativos que ya tenía antes de conocerse la nueva disposición estadounidense.

“Seguramente van a ser sometidos a una investigación. Estamos viendo, recolectando los elementos investigativos que ya teníamos nosotros antes y esto corrobora que estamos en la línea correcta de investigación”, señaló.

El fiscal general interino aclaró que las restricciones de visa impuestas por otro país no constituyen, por sí mismas, una sentencia ni determinan la responsabilidad penal de las personas señaladas en Bolivia.

En ese sentido, Urioste indicó que la Fiscalía no iniciará procesos automáticamente contra los 15 ciudadanos incluidos en la nueva lista estadounidense. Las investigaciones se activarán cuando existan elementos que justifiquen una actuación penal.

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“En base a los elementos que nosotros tenemos vamos a investigar a algunas personas, pero eso no implica que sí o sí se va a investigar absolutamente a todos”, explicó.

Consultado sobre las repercusiones de estos casos, Urioste manifestó que las denuncias de corrupción afectan la imagen internacional de Bolivia.

“Lamentablemente, en este proceso de investigación ustedes están viendo que de un tiempo a esta parte Bolivia está quedando muy mal”, sostuvo.

Sin embargo, consideró que la revelación de posibles hechos de corrupción y el avance de las investigaciones pueden representar un punto de inflexión para el país.

“El nivel de corrupción se está destapando, pero eso es una buena noticia porque, si había corrupción, es el momento de inflexión”, afirmó.

La desvinculación de Balderas y Porras se produce en medio de nuevas medidas de Estados Unidos contra ciudadanos bolivianos y de las actuaciones anunciadas por el Ministerio Público para esclarecer posibles irregularidades.

El martes 16 de septiembre de 2025, Balderas fue cambiado y dejó el cargo de fiscal departamental de Beni tras haber sido blanco de amenazas de muerte del narcotraficante prófugo Yasser Andrés ‘Coco’ Vásquez Cardona, sindicado de liderar una red criminal dedicada al narcotráfico y al sicariato.

Posteriormente, según la declaración jurada publicada en la Contraloría General del Estado, Balderas se encontraba trabajando en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. La última actualización de su formulario data del 14 de septiembre de 2026.

En el caso de Porras, este ejercía como fiscal de Sustancias Controladas de Santa Cruz. Tras la caída del exfiscal general Roger Mariaca, negó que hubiera sido destituido y aseguró que estaba sorprendido por la aprehensión de las exautoridades del Ministerio Público, a quienes Estados Unidos también revocó sus visas.

Porras fue designado jefe y coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas de Santa Cruz en 2024. En marzo de 2026, también se pronunció sobre la búsqueda del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, luego de que el ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, afirmara que este se encontraba en Bolivia. El entonces fiscal antidrogas aseguró que desconocía en qué información se basaba esa declaración y sostuvo que la búsqueda del prófugo correspondía a la Policía, según informó El Deber. Explicó que su unidad había remitido investigaciones a esa institución para coadyuvar en el caso.