Ocho fiscales, seis jueces y cinco policías perdieron su visa o fueron recluidos en cárceles por presuntos delitos de tráfico de drogas

Ocho fiscales, seis jueces y cinco policías perdieron su visa o fueron recluidos en cárceles de máxima seguridad por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal, después de que se iniciara una investigación a raíz de las listas de personas sancionadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU).

El 28 de septiembre pasado se difundió la primera lista de ciudadanos bolivianos que perdieron su visa. Entre ellos se encontraba el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, quien fue aprehendido en la ciudad de Santa Cruz y trasladado a La Paz por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.

Desde la Asamblea Legislativa se viabilizó, en tiempo récord, una ley para su destitución definitiva, con el voto de más de dos tercios de diputados y senadores. Además, se eligió a José Armando Urioste, quien ocupa el cargo de forma interina por tres meses, para elegir a la nueva autoridad.

Además del exfiscal general, quien fue imputado por ambos delitos y remitido al penal de Cantumarca, en Potosí, para cumplir seis meses de detención preventiva, fueron aprehendidos el fiscal de Santa Cruz, Alberto Zeballos, por los mismos delitos, quien, luego de la imputación, fue trasladado al penal de El Abra, en Cochabamba; y Martín Irusta, quien fue designado como fiscal superior y remitido al penal de Patacamaya, en La Paz.

En el ámbito policial, el mayor Rubén Aparicio, quien también tiene restringida la visa a Estados Unidos, fue trasladado el 5 de octubre al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicado en el municipio paceño de Viacha, donde cumplirá seis meses de detención preventiva por orden judicial, en el marco de la investigación por una presunta estructura de protección al narcotráfico.

Las investigaciones continuaron y, en La Paz, fue capturado el exfiscal departamental Luis Torrez, quien presentó su renuncia al cargo después de la aprehensión de Mariaca. Junto a él fue aprehendido el fiscal Armando Rojas, quien ocupaba el cargo de fiscal coordinador. Torrez fue trasladado al penal de San Pedro, mientras que Rojas fue remitido al penal de San Pedro, en Oruro. Ambos cumplen seis meses de detención preventiva.

El capitán Gonzalo Molina, edecán del exfiscal general del Estado, fue vinculado con Mariaca cuando trasladaba la suma de Bs 3,5 millones, que pertenecían a la exautoridad, en un operativo simultáneo efectuado por la Policía Boliviana. Fue imputado por los mismos delitos que pesan contra Mariaca. Actualmente, guarda detención preventiva por cuatro meses en la cárcel de San Roque.

Además de Mariaca y Zeballos, Irusta, fiscal superior y exfiscal de Chuquisaca, perdió su visa y fue destituido. El Departamento de Estado no precisó las causas que llevaron a adoptar esa medida en su contra. Ocupó el cargo entre 2018 y 2026; después fue designado como asesor del exfiscal general.

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En la lista difundida el pasado 22 de octubre aparecen los fiscales Félix Balderas y Julio César Porras, quienes fueron destituidos por Urioste apenas se conoció la nómina de las 15 personas que perdieron su visa.

Balderas ocupó el cargo de fiscal departamental de Beni. En julio de 2024 informó sobre el hallazgo de más de 226 kilos de cocaína en una pista clandestina de Santa Rosa. En mayo de 2025 recibió el reconocimiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen por su “destacado trabajo a favor de la población beniana” y, en julio de ese año, informó sobre el hallazgo de 60 kilos de marihuana.

El senador por la Alianza Libre, Ernesto Suárez, lo acusó este viernes, después de que se difundiera que perdió su visa a EEUU, de integrar una organización criminal vinculada al narcotráfico en Beni. También denunció que la organización se dedicaba a chantajes y otros delitos.

En cuanto al ahora exfiscal Porras, el 10 de julio informó sobre 10 allanamientos en Santa Cruz y la intervención de siete empresas exportadoras presuntamente vinculadas con el tráfico de sustancias ilícitas, cuya carga fue incautada en Arica, Chile. Otro de los casos destacados que atendió fue el “Caso Maletas”, que involucra a la exdiputada Laura Rojas.

El 1 de octubre circuló la información sobre su aprehensión en el marco de las investigaciones a Mariaca. Sin embargo, aclaró que no fue capturado y expresó su molestia por la difusión de esa información.

Entre los jueces que perdieron su visa a EEUU se encuentran Albania Caballero, jueza de Instrucción Anticorrupción, quien dispuso la detención domiciliaria de la exdiputada Rojas, imputada por los presuntos delitos de asociación delictuosa, confabulación y tráfico de sustancias controladas. Caballero enfrentó varios procesos disciplinarios; sin embargo, no fue destituida.

Rosario Flores, jueza de Instrucción en lo Penal del departamento de Santa Cruz, dispuso la detención domiciliaria del juez Hebert Zeballos, vinculado con el “Caso Maletas”, el 8 de agosto de este año. Zeballos fue imputado por los delitos de asociación delictuosa, confabulación y tráfico de sustancias controladas.

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Por su parte, Rodrigo Aldo Vedia, juez Público Mixto Civil y Comercial, denunció que el Consejo de la Magistratura lo suspendió de sus funciones en julio de este año, pese a que no existe ninguna denuncia en su contra y que la medida fue adoptada sin una resolución ejecutoriada. En septiembre de 2022 atendió el caso del asesinato de tres policías en el municipio de Porongo.

Además, Israel Ramiro Campero Méndez, magistrado constitucional, fue identificado como afín al Movimiento al Socialismo (MAS). En 2024, después de renunciar al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se presentó una acción de amparo constitucional para que las autoridades fueran reincorporadas en sus cargos.

El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada, afirmó el 25 de enero de este año que las autoridades actuarían de manera transparente, objetiva e imparcial. Remarcó que sus decisiones se enmarcarían únicamente en la Constitución y la ley, sin injerencias, en el “Caso Maletas”.

El 10 de febrero confirmó que, tras la audiencia de consideración de la detención preventiva del juez Zeballos, se determinó negar su libertad y ratificar su permanencia en detención preventiva por 120 días en el penal de Palmasola.

El juez del TDJ de Santa Cruz Julio Alba inauguró el 28 de noviembre de 2025 la Tercera Jornada de Descongestionamiento en CENVICRUZ, con un enérgico llamado a jueces y fiscales para agilizar los trámites de Justicia Penal Juvenil y priorizar la libertad, al enfatizar que la privación de libertad para adolescentes debe ser una “excepción”.

Su hijo, Julio Alba, respondió al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, después de que este recomendara la renuncia de dos autoridades judiciales incluidas en la lista de restricciones de visa de Estados Unidos. “22 días estuviste escondido en una cueva desde que a tu parcero lo llevaron a Potosí”, escribió en su cuenta de Facebook.

El comandante departamental de Tarija, Freddy Pereira, fue posesionado por el entonces ministro de Gobierno, Roberto Ríos, como comandante departamental de Tarija en julio de 2025, después de ocupar el cargo de director general de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).

Durante su gestión en la FELCN realizó un operativo en La Paz en el que se logró la incautación de más de $us 358.000, que eran transportados de manera irregular.

Con relación al exjefe de Seguridad Aeroportuaria de la FELCN, Fernando Velasco, el vicepresidente, Edmand Lara, reveló que su nombre figura en la lista del grupo de oficiales y jefes de la Policía Boliviana, los “Golden Boys”.

“Dentro de esa lista, figura el mayor Velasco, él figura ahí, esperemos que esa investigación avance, esperemos que esta investigación no siga durmiendo el sueño de los justos, porque desde que destituyeron al general Sokol, no ha habido más investigación”, afirmó.

Velasco fue jefe de Seguridad Aeroportuaria de la FELCN en 2023, durante siete meses, cuando fue detenido en el marco de las investigaciones por el envío de 478 kilos de cocaína a Madrid, España, y remitido al penal de Palmasola, cuando estaba a cargo de los controles en el aeropuerto de Viru Viru.

Frans William Cabrera Quispe, coronel de la Policía Boliviana y exinspector general de la institución, fue retirado de la Policía y ahora está en la letra E, por lo que será sometido a una investigación, informó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, después de que se conociera que su nombre fue incluido en la primera lista de personas que perdieron su visa.