Defensa apela detención preventiva de exdirector de Inteligencia y advierte que su vida corre peligro

El abogado Freddy Velásquez, defensor del exdirector de Inteligencia Juan Marcelo F., quien fue remido al penal de Patacamaya, informó este domingo que apeló la decisión de la justicia y advirtió que la vida de su cliente corre riesgo.

Sostuvo que, debido a la naturaleza de las actividades profesionales del exjefe policial, en el penal estará en riesgo recluido junto a delincuentes que se encuentran con detención preventiva y otros condenados por delitos que cometieron.

“Muchas de las personas, los casos que él atendió, se encuentran con personas con detenciones preventivas, condenados, sentenciados, cumpliendo esas penas en distintas cárceles del país”, informó en declaraciones a Urgente.bo.

El exdirector de Inteligencia fue remitido a Patacamaya, donde cumplirá la detención preventiva por seis meses, por los presuntos delitos de concusión, incumplimiento de deberes, hurto, peculado y cohecho pasivo.

“Esperemos que en las próximas horas una sala valore y revoque una decisión que consideramos injusta”, manifestó.

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De acuerdo con la imputación formal, habría participado en el retiro de varias maletas del inmueble allanado en el barrio Las Palmas, de Santa Cruz donde fue aprehendido el narcotraficante Sebastián Marset.

El teniente coronel participó en el operativo de captura del narcotraficante, el pasado 13 de marzo, en Las Palmas, en Santa Cruz, quien fue expulsado y trasladado a los Estados Unidos, donde enfrenta procesos por los delitos de narcotráfico internacional, narcoterrorismo, conspiración para poseer cocaína con intención de distribución y conspiración para el lavado de activos.

De acuerdo con el abogado Marcelo Galván, la denuncia fue presentada por un desconocido, y se adhirió a la misma el Ministerio de Gobierno, horas después y el Ministerio Público emitió la orden de captura, sin previa notificación.

Por su parte, Velásquez, sostuvo que en la audiencia de medidas cautelares la defensa presentó argumentos para demostrar que su defendido no tendría participación en los hechos investigados, que no fueron tomados en cuenta por la autoridad jurisdiccional.

Advirtió que, no sería posible obtener grabaciones de las cámaras de seguridad, después de siete meses de haberse realizado ese operativo