Comprar barato de contrabando puede salir muy caro

¿Qué pensaría si le digo que 93 de cada 100 personas opinan que el contrabando en Bolivia, no solo que es alto, sino, que está descontrolado? ¿Opinaría igual? ¿Y si le dijera que 7 de cada 10 personas, sabiendo que el contrabando es ilegal, compran igual porque es más barato? ¿Hace Ud. lo mismo? ¿Cree Ud., como 91 de cada 100, que los productos de contrabando han aumentado en los mercados y ferias? Y, con la mano al pecho: ¿Cree que Bolivia podrá salir adelante, así? Hay momentos, como ahora, cuando es preciso hacer un alto a la luz de la inocultable evidencia y reflexionar sobre la Bolivia que estamos construyendo o destruyendo (todo depende del cristal con que se mire).

Un reciente sondeo de opinión del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), realizado del 17 al 30 de septiembre pasado, en el marco de un estudio sobre contrabando y falsificación en Bolivia a ser presentado en noviembre, dio cuenta de algo preocupante: el 53% de los encuestados dijo que el contrabando en el país está descontrolado y un 40%, que era alto. Como el contrabando es un delito, que el 93% perciba tal situación, debe llamar no solo a la preocupación, sino también, a la acción.

No se trata de algo marginal ni tampoco un fenómeno que se dé solo en las fronteras: las ciudades están abarrotadas de productos introducidos ilegalmente al país, tanto así, que el 91% de los consultados percibe que el contrabando en los mercados y ferias ha aumentado, por ejemplo, la ropa, alimentos, celulares, detergentes, electrodomésticos, bebidas y muebles, que hacen parte de las compras cotidianas de los bolivianos.

Lo grave del caso es que por cada mercancía internada ilegalmente y vendida sin factura, hay un productor, un importador, un comerciante, que no puede contra esa competencia desleal; hay una empresa que paga impuestos y tiene obligaciones laborales, que otros evaden; un trabajador que pierde su empleo y, su familia sus ingresos, por culpa del contrabando.

Es cierto que esta actividad delictuosa ofrece precios bajos, pero ¿no le ha pasado que por comprar demasiado barato, al final acaba gastando más, de ahí que lo barato cuesta caro? ¿Qué de los alimentos envasados, medicamentos y detergentes, falsificados, p. ej., que dañan la salud?

Pero, hay un perjuicio adicional: el daño moral. Una sociedad que convive con el delito normaliza la ilegalidad y, en la repetición y la permisividad del hecho, crea una cultura de evasión y corrupción que socaba la legalidad.

La actividad del contrabando no debe ser romantizada como “solidaridad” con los pobres -un delito no puede resolver una necesidad- ya que, bajo tal razonamiento, el narcotráfico debería ser consentido para igual propósito, cuando la genuina solidaridad debería apuntar a crear oportunidades de trabajo formal y legal, hacia una forma digna de vida.

Entre las posibles explicaciones de esta problemática, está algo que no debe ser soslayado: Una economía asfixiada por la burocracia, con altos costos de formalización, dificultad para acceder a créditos, con un entorno desfavorable para la inversión, es caldo de cultivo para la informalidad y la ilegalidad; sume a ello el insuficiente control de más de 7.000 kilómetros de frontera, la corrupción, la falta de duras sanciones, y cerrará el círculo.

Combatir el delito del contrabando requiere mucho más que operativos ocasionales o comisos de mercadería para la fotografía, exige una política de Estado que trascienda gobiernos basándose en una eficaz inteligencia aduanera, una deseable coordinación interinstitucional, investigación, sanción y educación, para que la corrupción no tome carta de ciudadanía. Facilitar la formalidad, simplificar trámites, bajar costos, promover la productividad y la competitividad, debe ser el complemento de la política del garrote, para que la legalidad sea una anhelo y no un temor, como hoy.

Eso, en cuanto a la obligación del Estado que tiene que cumplir y hacer cumplir la ley, pero hay otro actor importante que no se debe excluir, el ciudadano, al que hay que informar y hacer entender que comprar de contrabando implica “pan para hoy y hambre para mañana”, ya que tal práctica destruye empleos con la competencia ilegal y desleal al productor, al importador y al comerciante que operan dentro de la formalidad.

Bolivia tiene las condiciones para crecer de forma sostenida y sostenible, bajar la pobreza y mejorar la calidad de vida de su gente, con una mayor inversión y producción privada generadora de empleos dignos; pero, el contrabando irá en contra de ello, en tanto la ilegalidad sea más rentable.

El país no podrá superar tal situación mientras se premie al que incumple la ley y se castigue al que la respeta; cambiar esto es deseable y posible con decisión política, compromiso empresarial y responsabilidad ciudadana. Hay que estar atentos al estudio que el IBCE entregará en noviembre sobre la problemática del contrabando y la falsificación en Bolivia, así como lo que gobernantes y gobernados deberemos hacer, para superarla.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360.