Una reforma electoral a la boliviana o "en los detalles está el diablo"

El Tribunal Supremo Electoral anunció en abril que reformaría las leyes que rigen las elecciones bolivianas, apenas cerrada la segunda vuelta subnacional y con el país todavía discutiendo la proclamación de Luis Revilla en La Paz, después de que una organización declinara en pleno balotaje. Seis meses más tarde el plan tiene calendario y método. Ocho de los nueve encuentros departamentales ya se realizaron, el de Beni está previsto para el 5 de noviembre y entre el 20 y el 25 de ese mes el presidente del organismo, Gustavo Ávila, entregará a la Asamblea Legislativa tres proyectos que modifican las leyes 018 del Órgano Electoral, 026 del Régimen Electoral y 1096 de Organizaciones Políticas. Es un esfuerzo serio, y justamente por eso conviene decir con claridad por qué puede terminar mal.

La primera dificultad es de origen. Quien redacta no es quien decide, y en este caso quien redacta tiene intereses propios en el texto. Entre los ejes de la reforma figuran el modo de designar a los vocales, la independencia del organismo y la modificación del artículo 11 de la Ley 018, con el que el TSE quiere impedir que sentencias judiciales alteren calendarios o procesos electorales. Hay razones de sobra para esa preocupación, porque salas constitucionales llegaron a pronunciarse sobre la legalidad de partidos y a suspender en parte las elecciones judiciales. Pero un órgano que pide a la Asamblea blindarse frente a la jurisdicción constitucional, y que además propone reglas para su propia designación, aparece como juez y parte. El vocal Carlos Goitia agravó esa imagen cuando habló de “sicarios políticos” que buscarían desgastar a los vocales con amparos y acciones populares. El Legislativo puede compartir el diagnóstico y aun así no querer heredar una pelea con los jueces.

La segunda dificultad es el trato con quienes tienen que votar. El 14 de octubre, en Cochabamba, Ávila contó que actores políticos, entre ellos senadores y diputados, le habían pedido que se apartara del proceso y lo habían amenazado con denuncias, y respondió que los denunciaría para que Bolivia los conozca. Si la presión existió, es legítimo decirlo. Pero un árbitro que anuncia que pondrá nombre público a los legisladores a quienes debe persuadir pierde votos antes de presentar el texto. Además, la reforma toca intereses concretos. Convertir en delito la venta de candidaturas y el alquiler de siglas, con cancelación de la personería, afecta un mercado de organizaciones que, según el propio Goitia, proliferó por vacíos de la ley y sin estructura real. No hace falta ser malicioso para suponer que quienes llegaron a un escaño por esa vía, o dependen de ella para la próxima elección, miran la propuesta con la calculadora en la mano.

La tercera es la cohesión del propio tribunal. A comienzos de octubre la Sala Plena suspendió a la vocal Celedonia Cruz por una falta que calificó de gravísima. Ávila niega que exista una crisis interna y explica que la ley obliga a suspenderla, con goce de haberes mientras dure el proceso, aunque admite que el episodio causa ruido justo cuando avanzan las reformas y el nuevo padrón. Un organismo de siete integrantes que necesita presentarse ante la Asamblea con una sola voz no puede darse el lujo de mostrar grietas, y menos si sus adversarios las usan de pretexto, que es lo que el propio Ávila denuncia.

La cuarta es la competencia por la agenda. La Asamblea que recibirá los proyectos es fragmentada, con seis fuerzas desde las elecciones de 2025, y llega a diciembre con las manos llenas. El Gobierno envía un paquete de reformas económicas después de más de cincuenta días de bloqueos que paralizaron el país. Senado y Diputados acordaron el 3 de septiembre tramitar la reforma parcial de la Constitución impulsada por el diputado Carlos Alarcón, que desconstitucionaliza treinta artículos, necesita dos tercios y un referendo posterior, y hasta se discutió si el estado de excepción impedía tramitarla. En ese escenario una ley electoral que llega a fines de noviembre, cuando se acerca el cierre del año legislativo, compite con todo lo demás y arrastra una desventaja adicional, porque su costo político es inmediato y sus beneficios caen recién en las elecciones de 2029. Lo que no urge se posterga, y lo que se posterga en una Asamblea fragmentada suele quedar en nada.

La quinta es el desborde del alcance. El plan empezó como tres leyes y el 29 de octubre Ávila habló de revisar toda la Constitución si el país quiere una nueva institucionalidad, y puso sobre la mesa el certificado de doble idioma, la residencia previa de dos años para postular en los municipios y la forma de elegir autoridades indígenas. Varios de esos requisitos tienen sustento en el texto constitucional, de modo que cambiarlos exige dos tercios de la Asamblea y referendo, y ata la reforma electoral al destino de otra reforma constitucional que ya tiene su propio itinerario y sus propios adversarios. A esto se suma que el paquete, con cierre de listas, debates obligatorios, encuestas, control de militancias, sanciones penales, nuevo padrón con reconocimiento facial y dactilar y nuevo método de designación de vocales, es demasiado grande para negociarse en un solo trámite. Cuando todo está en juego, cualquier bancada con un reparo puede trabar el conjunto. Incluso el cierre de candidaturas aparece en declaraciones del propio Ávila como 45 días antes de la votación en unas y como 48 horas en otras, señal de que el texto todavía se mueve.

La sexta es la fragilidad jurídica de algunas piezas. Ávila ha dicho que bastará una simple denuncia por venta de cargos o alquiler de un partido para cancelar su personería. Ese diseño colisiona con el debido proceso y la presunción de inocencia, y cualquier organización afectada lo llevaría al Tribunal Constitucional Plurinacional. Prohibir que una organización se baje en segunda vuelta, o cerrar listas con 45 días de anticipación sin una salida para renuncias, fallecimientos o inhabilitaciones sobrevenidas, abre debates sobre los derechos de asociación y de ser elegido que reconocen la Constitución y la Convención Americana. La ironía es que una reforma pensada para frenar la judicialización de las elecciones puede convertirse en una de las normas más judicializadas, y que la última palabra la tendrán precisamente los jueces constitucionales cuyas competencias el TSE quiere recortar.

Queda el método. La consulta a los nueve departamentos, a sectores vulnerables y a jóvenes es valiosa para la legitimidad social, pero no sustituye un pacto político. Según el cronograma que explicó el propio Ávila en septiembre, primero se redacta en plenaria un proyecto desde la mirada técnica del organismo y recién después se socializa con legisladores, es decir que las bancadas conocerán el texto cuando ya esté escrito. El presidente Rodrigo Paz dijo el 19 de abril que había que cerrar un ciclo y que convocaría a los vocales, pero hasta donde pude verificar no consta un compromiso de ninguna bancada sobre un solo punto del contenido. Las leyes de 2010 se aprobaron con el MAS dominando ampliamente la Asamblea. Hoy nadie tiene esa fuerza, y lo que no se pacta antes se pelea después.

Nada de esto condena a la reforma. Lo más probable es un desenlace parcial, con aprobación de los ajustes menos conflictivos, como los plazos de inscripción y sustitución de candidatos, y un largo olvido para todo lo demás. Para evitar ese resultado el TSE necesitaría separar su paquete en dos vías, una ley corta y urgente con lo que ya concita acuerdo y otra de fondo con plazos largos, un verdadero Código de la Democracia, como ya lo he planteado en numerosas oportunidades y negociar con las bancadas antes de presentar y no después, desacoplar su agenda de la reforma constitucional, rediseñar las sanciones a los taxipartidos con garantías de defensa y dejar de personalizar el debate con denuncias a legisladores. Hoy la reforma tiene un diagnóstico compartido y un calendario, pero no tiene todavía una mesa donde las bancadas se sienten a negociarla.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360.