Octubre en Bolivia: no siempre tumba gobiernos

Durante los meses anteriores, varios analistas anticipaban que octubre sería determinante para el Gobierno, con movilizaciones nacionales y una eventual convulsión política. Sin embargo, el mes terminó sin protestas de alcance nacional. Aunque hubo marchas del magisterio y otras expresiones de descontento, no se produjo una movilización comparable a las de otros momentos históricos. ¿Por qué fallaron esos pronósticos? Para entenderlo, es necesario revisar dos octubres que cambiaron el rumbo político de Bolivia: 2003 y 2019.

En octubre de 2003 no cayó solamente Gonzalo Sánchez de Lozada; también entró en crisis un modelo económico y político que había perdido legitimidad, en medio del desempleo, la pérdida de ingresos familiares y el debilitamiento de la actividad productiva. A ello se sumaba un sistema de partidos que parecía repartirse el poder entre las mismas organizaciones políticas. El MNR, el MIR y ADN habían construido mecanismos de gobernabilidad parlamentaria, pero cada vez tenían menos capacidad para representar a una sociedad que desconfiaba de sus dirigentes.

La corrupción, el clientelismo y la falta de renovación política profundizaron ese desgaste. La Participación Popular, la Guerra del Agua, los conflictos cocaleros y las movilizaciones campesinas contribuyeron a consolidar nuevos liderazgos sociales con capacidad de cuestionar al poder político. La controversia sobre la exportación de gas por un puerto chileno terminó siendo el detonante de una acumulación de conflictos que desembocó en la renuncia presidencial.

En 2019, Bolivia volvió a vivir otro octubre convulsionado, aunque por razones diferentes. El antecedente fundamental fue el referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando la población rechazó una nueva repostulación de Evo Morales. La posterior decisión del Tribunal Constitucional que permitió su candidatura generó una controversia sobre el respeto a la voluntad popular y los límites del poder. Tras casi catorce años en el poder, el MAS enfrentaba cuestionamientos por la concentración del poder, la independencia institucional y la continuidad presidencial.

El detonante llegó con las elecciones del 20 de octubre de 2019. La interrupción de la transmisión preliminar de resultados generó desconfianza y alimentó las denuncias de fraude. Las protestas se extendieron por varias ciudades, mientras los comités cívicos y liderazgos regionales, como Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, adquirieron protagonismo. A diferencia de 2003, las redes sociales facilitaron la coordinación de las movilizaciones. El motín policial del 8 de noviembre y el pronunciamiento militar dos días después precipitaron la renuncia de Morales.

Ambos acontecimientos estuvieron precedidos por crisis de legitimidad, conflictos económicos e institucionales y organizaciones sociales capaces de movilizarse. Sin embargo, sus detonantes fueron diferentes: en 2003 confluyeron el desgaste del modelo económico, las reivindicaciones sociales y el conflicto del gas; en 2019, el cuestionamiento a la repostulación de Morales, la controversia electoral, la movilización cívica y la fractura institucional.

Pero octubre de 2026 presenta otro escenario. La economía está deprimida, el poder adquisitivo de las familias se ha deteriorado y miles de hogares enfrentan dificultades para sostener sus gastos. El Gobierno tampoco está exento de debilidades. Sin embargo, el malestar económico no se ha traducido automáticamente en una movilización nacional capaz de poner en riesgo su continuidad. Aquí aparece una diferencia fundamental: tener razones para protestar no significa necesariamente tener capacidad para organizar una protesta nacional.

Los actores políticos de izquierda y derecha carecen de suficiente cohesión para convertir el descontento económico en una alternativa nacional. El sindicalismo también atraviesa un desgaste de credibilidad y representación. Convocar marchas o anunciar bloqueos resulta insuficiente cuando las organizaciones han perdido capacidad de movilización y la sociedad desconfía de sus dirigentes.

A ello se suma la ausencia de un relato político capaz de movilizar a grandes sectores de la población. En 2003 estaban presentes las reivindicaciones sobre los hidrocarburos, la soberanía nacional y la exclusión indígena. En 2019, el respeto al resultado del 21F y la denuncia de fraude electoral articularon buena parte de la protesta opositora. En 2026 todavía no se advierte una consigna común que consiga transformar las dificultades económicas de las familias en una demanda política compartida por todo el país.

También existe una percepción de que el nuevo Gobierno necesita tiempo para administrar la crisis, aunque haya descontento con sus resultados. Se ha instalado un discurso de aceptación de los costos del ajuste, bajo la idea de que no es posible sostener indefinidamente una economía desconectada de sus restricciones reales. Esta percepción puede contribuir a explicar por qué el malestar todavía no se ha convertido en una movilización nacional.

No obstante, sería un error interpretar la ausencia de grandes movilizaciones como una señal de fortaleza gubernamental o de conformidad ciudadana. Una sociedad puede estar descontenta y carecer de organizaciones y liderazgos capaces de transformar ese malestar en acción colectiva, mientras espera resultados del nuevo Gobierno. La tranquilidad de las calles no necesariamente significa tranquilidad en los hogares.

La historia boliviana demuestra que los acontecimientos políticos no responden a calendarios ni a pronósticos lineales. En 2003 y 2019 coincidieron factores estructurales, detonantes coyunturales y acontecimientos inesperados que modificaron el rumbo del país. En 2026 esas condiciones no parecen haberse reproducido de la misma manera. Pero tampoco existe garantía de que el escenario permanezca inalterable.

En Bolivia, las estructuras políticas pueden parecer estables hasta que un acontecimiento inesperado modifica la correlación de fuerzas. Por eso, las experiencias del pasado no deben convertirse en predicciones automáticas. Octubre de 2003, octubre de 2019 y octubre de 2026 dejan una enseñanza: la historia no se repite por calendario. Las condiciones pueden acumularse durante años, pero basta un acontecimiento para cambiar el futuro de un país.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360.