lunes 16 de noviembre de 2026

Pie de página

Justicia indígena: Tuto y su silencio suicida

Al guardar silencio sobre este punto y dejar intacta una jurisdicción sin normas, ni procedimientos escritos, Tuto Quiroga demuestra que su reforma opta por la tibieza antes que extirpar uno de los cánceres más graves del sistema judicial boliviano.

La propuesta de reforma parcial de la Constitución presentada por la Alianza LIBRE, encabezada por Jorge “Tuto” Quiroga, promete transformar el sistema judicial boliviano. Sin embargo, el proyecto adolece de una omisión alarmante: guarda un silencio cómplice sobre la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC), dejando intacta una estructura paralela que, en los hechos, opera por encima de las leyes e incluso de la propia Constitución Política del Estado (CPE). Pretender sanear la justicia sin desmontar las JIOCs es condenar al país a seguir sometido a la arbitrariedad.

La crisis judicial boliviana no se agota en los tribunales ordinarios; se profundiza con el funcionamiento paralelo y descontrolado de las JIOC. Históricamente, la justicia consuetudinaria estuvo sujeta a frenos indispensables. Ya en 1542, las Nuevas Leyes de Carlos V autorizaba que los pleitos entre indígenas, deberían ser resueltos entre indígenas según sus costumbres, pero con un candado innegociable: “siempre que no fuesen claramente injustos”. Ese principio de subordinación jurídica se mantuvo firme en las reformas constitucionales de 1994 y 2004, que reconocieron la justicia comunitaria bajo la condición expresa de que sus fallos jamás contravinieran la Constitución ni las leyes.

La Carta Magna vigente dinamitó ese equilibrio. El artículo 190 declara que la JIOC respeta la vida, los derechos y garantías constitucionales, dando por hecho que la JOCS respetan dichos derechos, sin ningún cuestionamiento, esto significa que en la práctica no establece ningún mecanismo real de control ni subordinación normativa. El artículo 128 del Código Procesal Constitucional consagra esta impunidad legal al declarar que las consultas de autoridades indígenas tienen como único propósito verificar su conformidad con los “principios, valores y fines” constitucionales. Al revisar los artículos 8, 9 y 10 de la CPE, estos supuestos valores resultan ser meros eslóganes ideológicos y enunciados declarativos —como el ama suwa, ama llulla, ama quella, el suma qamaña o la descolonización— cuya ambigüedad abre la puerta a la más absoluta discrecionalidad, destruyendo la seguridad jurídica de los regímenes anteriores.

A este diseño perverso se suma la Declaración Constitucional Plurinacional 0016/2013, que redujo el control de constitucionalidad a una revisión abstracta de la norma y prohibió al Tribunal pronunciarse sobre el caso concreto. De este modo, el artículo 190 liquida la igualdad ante la ley: las autoridades comunales pueden dictar fallos de acuerdo a sus usos y costumbres

Las consecuencias de mantener vigente este sistema no son abstracciones jurídicas, sino atropellos cotidianos. Empresas formales que invierten, generan empleo y tributan han sido asaltadas y expulsadas de territorios indígenas sin el menor sustento legal, como ocurrió en El Chore, Irupana o Independencia.

El caso de Zongo desnuda la perversión del sistema. El 4 de octubre de 2012, la Policía detuvo en flagrancia a siete personas —entre ellas dos dirigentes agrarios— mientras transportaban mineral y equipos robados a un empresario minero. Pese a la imputación fiscal por robo agravado y la detención preventiva de tres implicados, los delincuentes buscaron refugio en la justicia comunitaria. Mediante la Sentencia Constitucional 0874/2014, el Tribunal Constitucional declaró competentes a las autoridades de Zongo e inhibió al juez penal. El desenlace fue el triunfo de la impunidad: los dirigentes acusados quedaron libres de toda culpa y la víctima fue expulsada de la comunidad, despojada de su mina, sus equipos y toda su producción.

La propuesta de Quiroga parece comprar el relato idealizado del masismo, que presenta a las JIOC como una justicia, ágil, gratuita, justas y llena de virtudes, ignorando la cruda realidad. Investigaciones realizadas por especialistas como José Luis Exeni, María Eugenia Choque, Guery Chuquimia y otros, en el lugar mismo de los hechos, donde se aplica las JIOCs, demuestran que no existe una justicia indígena homogénea, sino un mosaico de prácticas arcaicas basadas en costumbres orales sin reglas escritas, garantías procesales ni derecho a la defensa.

Los hallazgos de estos estudios revelan un sistema incompatible con los derechos humanos fundamentales:

  • Las JOCs están íntimamente ligadas a concepciones mágico-religiosas de expiación divina, las sanciones no recaen únicamente sobre el infractor, sino que se extienden a su familia o a toda la comunidad, anulando el principio civilizatorio de la responsabilidad penal individual (intuitu personae).
  • Mientras conductas como la brujería, el adulterio, las deudas, la flojera o el chisme son perseguidas con saña y castigadas con multas, chicotazos o destierros, delitos atroces reciben sanciones que revictimizan y humillan, existe otro tipo de delitos graves que reciben sanciones insignificantes y hasta ridículas, así por ejemplo Guery Chuquimia documenta el caso de un padre que violó a su propia hija y cuya única sanción fue la expulsión de la comarca, y si tomamos en cuenta que la sanción es colectiva y familiar, más que un castigo resulta casi un premio. Por su parte, María Eugenia Choque relata cómo un sujeto llamado Guillermo propinó una golpiza casi mortal a su esposa, que la llevo al hospital, com más de 15 días de impedimento ¿cómo se resolvió el tema? mediante un acta de acuerdo donde el agresor se comprometió a cubrir la curación y pagar el certificado médico valorado en 50 bolivianos.

Frente a esta evidencia, mantener intactas las JIOC es perpetuar la indefensión de los propios indígenas. Una verdadera reforma constitucional no puede eludir el problema; debe descartar este modelo paralelo que consagra ciudadanos de primera y de segunda categoría. En un Estado republicano moderno, la ley debe ser una sola para todos, admitiendo en casos excepcionales su aplicación, siempre y cuando se la realice bajo los mandatos de la Constitución y las leyes.

Al guardar silencio sobre este punto y dejar intacta una jurisdicción sin normas, ni procedimientos escritos, Tuto Quiroga demuestra que su reforma opta por la tibieza antes que extirpar uno de los cánceres más graves del sistema judicial boliviano. ¿Es ese, acaso, la justicia que queremos para Bolivia?

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360.
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