Caso Terrorismo: Estado uruguayo debe indemnizar a Alejandro Melgar con $us 230 mil

El Estado uruguayo debe indemnizar con $us 230 mil a Alejandro Melgar por los cuatro años que estuvo en prisión a la espera de una extradición a Bolivia, en el marco del caso Terrorismo, informó este lunes el diario El País de Uruguay.

El juez de primer turno de lo Contencioso Administrativo, Gabriel Ohanián, sostuvo en su sentencia que “el Estado uruguayo no puede excusarse en la colaboración penal internacional para no reparar el daño causado a un sujeto que durante años estuvo privado de libertad” y remarcó que los “daños y perjuicios” sufridos por Melgar fueron causados por funcionarios públicos.

El drama de Melgar comenzó el 23 de abril de 2012 cuando fue detenido y conducido hacia la Cárcel Central. Allí fue alojado con presos comunes. Bolivia requería su extradición para juzgarlo por el caso Terrorismo, que finalmente se extinguió.

Ese proceso investigó el financiamiento a una célula terrorista que supuestamente buscaba el separatismo en el departamento de Santa Cruz, que data del 15 de abril de 2009, cuando en un operativo militar fueron asesinados dos húngaros y un irlandés, y detenidos un rumano y un croata.

Melgar nació en Bolivia y es ciudadano natural de Uruguay por parte materna. Hoy se encuentra radicado en Florida, en Estados Unidos, donde ejerce su profesión de abogado y es profesor en la Facultad de Derecho.

Según El País de Uruguay, el pasado miércoles logró su última victoria judicial, que es la cuarta en su objetivo de limpiar su nombre y mitigar los perjuicios que ha sufrido a nivel personal y material.

Convencido de que fue víctima de un acuerdo político entre los gobiernos de Bolivia y Uruguay, Melgar decidió iniciar un juicio para resarcir los perjuicios sufridos.

Desde el Estado de Florida, en Estados Unidos, Melgar dijo a El País que la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo es “tibia” y no refleja “las violaciones a mis derechos humanos y la ruptura del orden jurídico”.

“Es todo tan evidente y grosero que no hay forma de soslayar el exabrupto del Estado uruguayo. Mi caso fue un secuestro político. Estuve en un cautiverio disfrazado de una supuesta detención administrativa durante cuatro años, con una extensión de dos años visitando a mis captores una vez por semana en una supuesta libertad vigilada”, sostuvo.