El caso de la custodia de la exdiputada Silvia Cortez genera una batalla legal entre familiares

La hija y los hermanos de la exdiputada Silvia Cortez mantienen un largo proceso judicial por la custodia y cuidado de quien fuera representante nacional y hoy padece de Alzheimer. Ambas partes se acusan de buscar el manejo de los bienes económicos de la exparlamentaria nacional por Nueva Fuerza Republicana (NFR).

Heidy Villanueva y su madre se separaron el 27 de enero de 2021, debido a que Cortez abandonó su hogar en esa fecha, en medio de un supuesto episodio de “demencia senil, tipo Alzheimer” y desde entonces vivía junto a una pareja que estaría vinculada a los hermanos de Cortez.

Su hija asegura que su estado fue aprovechado para alejarla de ella e informó que, desde entonces, se han iniciado tres procesos judiciales por el cuidado de la exautoridad.

Custodia

El primero es una demanda de interdicción, un trámite en el que una autoridad judicial nombra tutora de una persona a otra, bajo el fundamento de algún impedimento físico o mental que padece la parte demandada.

Ese caso se inició en febrero de 2021, solicitado por un párroco amigo en común de la madre e hija. En ese proceso, mañana de se tiene prevista una audiencia en el Juzgado Cuatro de Familia, donde la autoridad a cargo, podría definir si existe la necesidad de designar una tutora para la mujer, quien también es exdocente de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

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El fallo se tomará en base a los informes médicos y otros documentos presentados por Villanueva y la contraparte, el abogado Víctor Hugo Chávez, quien representa a los tres hermanos de la exdiputada, los cuales también piden la custodia y buscan mantenerla alejada de la hija.

Denuncias

El segundo proceso que se inició a raíz de la separación de las dos mujeres, fue una denuncia de violencia familiar, presentada contra Villanueva, por una abogada que temporalmente asumió la representación de la exdiputada en 2021, contratada por los hermanos de Cortez. En ese caso, ya bajo el patrocinio de Chávez, el litigio llegó a una acusación y en los siguientes meses debe iniciar un juicio; el abogado remarca que existen informes médicos y psicológicos, además de otros documentos que, en su criterio, también demostrarían la comisión de una violencia económica.

Villanueva asegura que ese proceso en su contra se inició en represalia suya, con falsos argumentos, por la denuncia de interdicción que había iniciado antes. “Quieren hacer creer que hubo maltrato físico, cuando en esas fechas mi madre ya estaba en poder de una pareja que la retuvo sin ningún tipo de orden judicial”, rechazó la denunciada.

El tercer proceso, se trató de una demanda por el delito de engaño a persona incapaz, que Villanueva inició contra la abogada que representó a su madre en 2021, y una pareja de personas que retuvieron de forma ilegal a la exdiputada en un hostal, según denunció la hija. La acusación se basa en la supuesta falsificación de firmas de su madre, la acusación de violencia familiar y el autonombramiento de apoderados del patrimonio de su progenitora, con el cual realizaron varios trámites.

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Villanueva relató que, tanto médicos particulares, como los del Seguro Universitario emitieron informes que confirman que su madre estaba medicada desde 2019 y que el deterioro cognitivo se agravó en 2020, durante la pandemia de Covid-19. Para sustentar esa versión, también cita el informe del perito psiquiatra del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Marcelo Araníbar, emitido en 2021, a pedido de la Fiscalía, en el caso de violencia familiar.

“Se han presentado una infinidad de informes médicos, sellados y firmados por el IDIF, el Seguro Universitario y especialistas particulares, se presentaron a declarar amigos de la familia, abogados que la representaron antes de estos problemas de salud y no logro que las autoridades entiendan que mi madre no está en la plenitud de su capacidad mental, que hay documentos que nos hacen pensar que han falsificado su firma y todo por quedarse con sus bienes”, afirmó Villanueva en entrevista con Visión 360.

Por su parte, el abogado Chávez, señala que la motivación de la hija es patrimonial, debido a que esta tendría en su poder un departamento y una casa en la que funcionaría un kínder de forma ilegal, además que la tutora ofrecida por Villanueva tiene una deuda con el Estado. Sostiene que la exdiputada está bajo el cuidado de una familiar y que pedirán ante el juez del caso, que eso se mantenga.

Debido a que la ley impide que la hija sea la demandante y solicite ser designada tutora, Villanueva solicita que la custodia legal sea en beneficio de una psicóloga, amiga de la familia y quien tiene las condiciones económicas y de vivienda para atender a su madre, mientras se resuelve el litigio.

Con el fin de dar transparencia al proceso, Villanueva ha solicitado que, para la audiencia de mañana, se autorice la presencia de veedores de la Asamblea Legislativa, como el diputado del MAS, Jerjes Mercado, quien fue compañero de Cortez en el Partido Comunista hace varios años. De la misma forma, se enviaron notas al Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo.