Carta de Herbas
Exfuncionario denuncia ante Transparencia la falta de fiscalización en Epsas y otras dos instancias estatales
Por medio de una carta dirigía a la viceministra de Transparencia, Susana Ríos, José María Herbas denunció que las autoridades encargadas de la fiscalización en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y la Autoridad de Fiscalización de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) no cumplen con su trabajo y no asumen medidas ante las graves denuncias de corrupción y juicios laborales perdidos, los que pueden dejar en la quiebra a la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento S. A. (Epsas).
“De un tiempo a esta parte he venido investigando y denunciando presuntos hechos de corrupción al interior de la empresa (Epsas S.A.), sin atención ni respuesta de las autoridades del MMAyA y la AAPS responsables de la intervención a la operadora de servicios básicos. A estos fines denunciados, adjunto pruebas que corroboraron los hechos de corrupción, fotocopias (41) fojas y dos CD con documentación digitalizada”, señala parte de la carta firmada por el investigador y consultor en temas de agua y saneamiento, José María Herbas.
Además, en parte del texto Herbas asegura a Ríos que, los responsables de fiscalización de esas tres entidades, también incumplen su labor con denuncias y recomendaciones de asumir medidas hechas por el mismo Viceministerio de Transparencia. El investigador cita como ejemplo un caso relacionado a un contrato de instalación de las tuberías chinas, cuya compra generó un daño económico de aproximadamente 14,3 millones de bolivianos y deja anotado el cite de la carta.
En contacto con Visión 360, Herbas señaló que, de acuerdo al artículo 23 de la Ley 974 de Unidades de Transparencia, la viceministra Ríos tiene cinco días para responder con la admisión o el rechazo de la denuncia, además de fundamentar los motivos. El investigador afirma que los casos descubiertos al interior de la empresa intervenida, pueden llevar a la quiebra técnica de Epsas S. A.
El primero, se trata del juicio laboral perdido por Epsas S. A. ante la demanda de 401 trabajadores, proceso que ya cuenta con una sentencia ejecutoriada, por medio de la que se instruye que se pague, con carácter retroactivo desde 2016, bonos de antigüedad. El beneficio social les fue arrebatado de forma ilegal por el exinterventor de la empresa, Humberto Claure, actual presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
En ese proceso, se estima que Epsas S. A. deberá pagar, sea a plazos o en efectivo, al menos 114 millones de bolivianos a los 401 trabajadores. Además, de acuerdo al fallo judicial, el salario actual de los funcionarios debe incrementarse con la restitución del bono, lo que genera otra carga económica, que restará los recursos que deben estar destinados a temas como el tratamiento de aguas, captación de nuevas fuentes y mantenimiento de la infraestructura.
El segundo caso se trata de la compra irregular de tuberías chinas, por un valor de 14,3 millones de bolivianos, las que estaban destinadas al recambio de la conexión provisional que sirve para llevar agua potable a la Zona Sur. Las cañerías, de 60 centímetros de diámetro y 12 metros de largo, según tres informes de comisiones técnicas en Epsas S. A. no cuentan con el revestimiento interno necesario para no contaminar el líquido elemento.
Existen tres informes internos emitidos por personal técnico de Epsas S. A. que recomendaron no admitir las tuberías de la empresa La Llave S.A., por no cumplir con las especificaciones técnicas. Pese a ello, ya se pagó un adelanto de más de 10 millones de bolivianos y actualmente las tuberías están abandonadas en la planta de tratamiento de agua de Pampahasi.