2024-04-30

Deben modificar la ley

Rejas apunta a magistrados autoprorrogados por posible fracaso de la preselección judicial

Los exámenes orales fueron suspendidos desde el 15 de abril debido a amparos judiciales presentados contra el trabajo que se realizaba en la Asamblea Legislativa.

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, senador Miguel Rejas, responsabilizó a los magistrados autoprorrogados ante un posible fracaso del proceso de preselección de postulantes a los altos cargos del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La única manera de cumplir con dicho proceso es modificar la Ley 1549.

“Nosotros vamos a responsabilizar, directamente, al Órgano Judicial y a los señores prorrogados, quienes son los que no quieren que se realicen las elecciones judiciales”, afirmó Rejas, senador del ala “evista” del Movimiento al Socialismo (MAS).

Desde Cochabamba, Rejas confirmó que en el departamento de Pando, esta mañana se instaló una audiencia de acción popular presentada por una dirigente indígena, exdiputada del MAS en las gestión 2015 – 2020, Yeni Duri Bautista, quien reclama una supuesta discriminación contra las postulantes mujeres e indígenas.

El asesor legal de la Cámara de Senadores, Israel Quino, explicó ayer a medios locales, que la acción popular no puede paralizar el proceso de preselección de magistrados, debido a que quienes objetan las judiciales, debieron presentar un recurso constitucional abstracto, pues no se pueden pedir que el Legislativo sea sometido ante otro poder del Estado.

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Para el senador Rojas, “hay una clara intención, por parte de los magistrados autoprorrogados, de hacer fracasar las elecciones judiciales”. En esa línea observó que varios de los 404 hayan aceptado participar del proceso convocado por el Legislativo y ahora recién buscan modificar las reglas de juego.

A seis días de cumplirse el plazo para que la Asamblea Legislativa concluya con la preselección de candidatos, de acuerdo al cronograma aprobado en la convocatoria para las elecciones judiciales, la Justicia definirá este martes si continúa o no este proceso paralizado.

La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando dispuso como medida cautelar la “paralización del cronograma” de preselección para que “no se vulneren los derechos colectivos demandados”.

En el recurso se denuncia la vulneración de los derechos de las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas, originarios, campesinos, porque entre las candidatas al Tribunal Constitucional, por Pando, no existen habilitadas candidatas de este sector de la población, como dispone la Ley 1549 de elecciones judiciales, al Tribunal Constitucional.

Por su lado, el diputado del ala arcista del MAS, Juan José Jauregui, puso como ejemplo, que la Facultad de Derecho de la universidad pandina opera desde hace 20 años, en cambio en otras regiones ya tiene más de 100 años, por lo que no se le puede exigir a una ciudadana pandina que cuente con los mismos años de formación y experiencia profesional como se estableció para aspirantes de Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz o Cochabamba.

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Además de esta acción popular, hasta la fecha fueron presentados 12 amparos constitucionales, de los cuales un 90% son reclamos individuales de aspirantes inhabilitados, por lo que su resolución llevaría a que las comisiones reconsideren sus casos.

Eso sucederá con la inhabilitada aspirante al Consejo de la Magistratura Margarita Medrano, quien logró que la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz le conceda tutela y ordene a la Comisión Mixta de Justicia Plural reconsiderar su caso y argumentar su decisión de marginarla del proceso.

Según el cronograma de la convocatoria, entre el 27 de abril y el 4 de mayo, la Asamblea Legislativa debía sesionar para aprobar o rechazar los informes de las comisiones mixtas compuestos por los listados de los postulantes habilitados, para así, hasta el 6 de mayo, remitirlos al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que organice las elecciones judiciales.

En criterio de Jáuregui es necesario hacer un ajuste a todo el cronograma. “Indudablemente previo a la conclusión del plazo de 80 días que nos da la Ley 1549, tenemos que dar una respuesta con referencia a la ampliación de plazos y a la adecuación de las labores que debe desarrollar al interior de las comisiones mixtas”, indicó.

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