Distintas posiciones respecto a la suspensión del Decreto Supremo 5143

Luego de conocerse la decisión del Tribunal Supremo Constitucional de suspender el Decreto Supremo 5143, las repercusiones tanto de oposición como de oficialismo son distintas, ya que las personas que trabajan dentro del aparato estatal califican como una acción negativa para el país, mientras que desde la oposición piden la abrogación y no la suspensión.

La viceministra de comunicación, Gabriel Alcón aseguró en las últimas horas que, “se va a respetar la posición siempre que tenga la instancia judicial. Estamos abiertos a que se pueda dialogar, que podamos convocar a los sectores que tienen dudas. Se necesita una explicación y vamos a continuar con aquello”.

 Pero también se mostró en desacuerdo a la decisión, “El decreto ha sido creado con el objetivo de sólo mejorar el sistema en una sola base de datos, y este sistema lo realiza el gobierno electrónico y la AGETIC que luego transmite esto para toda la administración, al Consejo de la magistratura. Todo el procedimiento que hace Derechos Reales, todos los trámites que se viene llevando adelante se siguen manteniendo igual, si existen beneficios que tienen que ver con agilizar los trámites, los procesos, la consulta en línea que puede hacer cualquier persona que tenga ciudadanía digital, la bancarización. Uno ya no necesita quedar a la mitad del trámite, se puede pagar en línea”.

Alcón descalificó los comentarios que se realizan y asegura que se está politizando el tema, “he escuchado políticos de manera muy falsa señalar que el Gobierno les va a quitar, va a controlar, que va acceder a sus propiedades y va a poder realizar todos los movimientos que necesita, algo completamente falso. Creo que deberían leer la constitución política del Estado”.  

Y acotó, “Nunca vamos a emitir una normativa que vaya afectar a nuestra población y menos vayamos a ir en contra de la Constitución. Eso ya se había escuchado antes cuando le decían que el Gobierno del MAS les va a quitar la vivienda, les va a quitar las casas y no existe completamente eso”.

Mientras que el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva dijo que la decisión del TCP es un “retroceso" para el país, por el tiempo que se invirtió en la realización del decreto.

“Es un retroceso para el país. Esta norma ha sido trabajada, es producto de dos años de investigación, dos años de identificación de los problemas por los cuales atraviesa Derechos Reales, dos años en los cuales se ha podido identificar que hay una organización criminal de extorsionadores, avasalladores, loteadores, falsificadores, entre ellos, posiblemente jueces, fiscales, parlamentarios, exparlamentarios. Funcionarios y exfuncionarios de derechos reales y las alcaldías”, dijo Silva.

Además aseguró que es para una modernización “¿Cuánto tiempo vamos a seguir teniendo un decreto supremo de hace 20 años?, no es que el Decreto Supremo de Carlos Mesa del 2004 sea malo, sea inconstitucional o sea ilegal. Sino que hace 20 años entendemos e imaginamos que no había la tecnología que hoy tenemos y por eso no han incorporado estas herramientas tecnológicas que este nuevo decreto incorpora”, dijo silva en Cadena A.

Mientras que miembros de Comunidad ciudadana aseguran que la suspensión del decreto no es suficiente y que lo que se necesita es que el mismo sea abrogado.

“Nos sorprende el Gobierno y su acción que hacen un recurso de inconstitucionalidad preguntándole al Tribunal Constitucional autoprorrogado, que emite criterios a pedido del Gobierno. Es como que el presidente se pregunte a sí mismo si estaba bien o mal. En ese sentido, estar en puntos suspensivos o dejar en suspenso un Decreto Supremo significa que cualquier momento ellos pueden volver a aplicarlo en ese sentido. Exigimos su abrogación. Sin abrogación no hay certezas, hoy por hoy están mirando a la propiedad privada de cada uno de los bolivianos”, dijo el diputado de Comunidad Ciudadana alejandro Reyes.