Un extranjero y dos bolivianos son investigados por el descuartizamiento de un jaguar, ambientalistas temen impunidad

Un ciudadano paquistaní se encuentra involucrado, junto a otros dos de nacionalidad boliviana, todos empleados de la empresa china Sinohydro, en el descuartizamiento de un jaguar (Panthera Onca) en el trópico de Cochabamba, informó Rodrigo Herrera, abogado ambientalista. Los acusados, quienes ya fueron desvinculados de la constructora, son investigados por los delitos de biocidio y tráfico de vida silvestre. 

El jurista, que inició las acciones legales contra los ahora exfuncionarios de la constructora china, informó que en su denuncia solicitó el arraigo del ciudadano extranjero, por riesgo de fuga. La Comisión de Tierra y Territorio Recursos Naturales y Medio Ambiente, de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), hará seguimiento del caso.

“Además de los ciudadanos bolivianos está vinculado un ciudadano de origen paquistaní, entonces también estamos pidiendo que se ordene un mandamiento de arraigo para esta persona, porque podría estar fuera del país y no asumir su responsabilidad”, informó Herrera a Radio Fides.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el felino habría sido atropellado en inmediaciones del campamento 3 de la empresa Sinohydro, cerca del kilómetro 124 de la carretera. Posteriormente, el jaguar fue descuartizado y desollado, se presume que entre el 6 y el 8 de mayo, según un reportaje del medio de comunicación La Región.

Según el informe de Pofoma (Policía Forestal y Preservación del Medio Ambiente), el ciudadano paquistaní, identificado con las iniciales N.K., “tenía conocimiento” sobre la cabeza del animal “sin sus colmillos”.

En un contenedor se encontró la piel “extendida en tablas de madera, cubierta con sal y a unos 10 metros aproximadamente”. Se hallaron además “tres extremidades (patas) en estado de putrefacción cubiertas con tierra”.

De acuerdo con Herrera, se conoció que la empresa china “desvinculó a los operarios bolivianos de sus instalaciones”

“Entendimos que la empresa Sinohydro habría desvinculado a sus operarios bolivianos de sus instalaciones, lo que llama la atención y perjudica el proceso, y muestra que una acción no oportuna, no proba por parte de la policía, puede dañar de esta manera un proceso”, agregó el jurista.

El abogado lamentó que Sinohydro no se haya constituido en ser parte querellante por la muerte del animal, y consideró que existe "cierto encubrimiento".

“No es (parte querellante), hasta ahora no se ha presentado al proceso y por eso la querella la estamos presentando nosotros, está querellándose contra el representante legal de la empresa, existe cierto encubrimiento”, dijo.

Legislativo sigue el caso

Actualmente, el caso es seguido desde la Comisión de Tierra y Territorio Recursos Naturales y Medio Ambiente, de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

La senadora Cecilia Requena, integrante de la comisión, confirmó a Visión 360 que se solicitó un informe a la empresa en cuestión para que brinde detalles relativos a la muerte del felino, así como la desvinculación de los empleados.

“Hemos tomado las primeras acciones, ya le estamos haciendo seguimiento”, informó Requena en un breve y escueto contacto con este medio.

En ese marco, la parlamentaria anunció que como comisión, se adherirá a la denuncia realizada desde la sociedad civil.

“Nos vamos a adherir a la denuncia proveniente de la sociedad civil. Lo hacemos porque queremos, por un lado, respetar ese trabajo muy importante desde la sociedad y para poder ocuparnos de ese flanco de otras cosas donde nadie más puede cubrir flancos. Entonces trabajamos en red de ese modo”, explicó.

Qué dice la normativa

La Ley 700, para la Defensa de los Animales contra Actos de Crueldad y Maltrato, promulgada en junio de 2015 por el expresidente Evo Morales, establece que el biocidio tiene una pena privativa de libertad de dos a cinco años de prisión, y una sanción pecuniaria de 30 a 180 días, a quien “matare con ensañamiento o con motivos fútiles a un animal”.

Sin embargo, la norma sólo contempla como agravante con un tercio de la misma, si se “matare a más de un animal”, omitiendo factores como que el jaguar es una especie casi amenazada, lo que implica que en un futuro podría considerarse una especie vulnerable.