Defensor del Pueblo dice que proyecto de ley “lo ajeno no se toca” haría colapsar el sistema de cárceles

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, aseguró sobre el reciente proyecto de ley “Lo ajeno no se toca”, que dicha propuesta normativa “apunta a un irracional uso de la detención preventiva, lo que podría resultar en el colapso del sistema penitenciario".

El defensor analizó la norma y, en un documento titulado "La selectividad del poder penal del Estado", sostiene que “en un escenario donde el sistema penal se usa como forma de solucionar requerimientos sociales provocando el aumento correlativo de la detención preventiva, corresponde realizar una reflexión sobre los alcances de este tipo de proyectos en consideración al ser humano como sujeto de derechos y no como objeto de control”.

El pasado 9 de mayo, el presidente Luis Arce presentó el proyecto de ley “lo ajeno no se toca”, una iniciativa del Ministerio de Gobierno que pretende endurecer las sanciones contra delincuentes que cometen delitos contra la propiedad, creando un tipo penal denominado “Apoderamiento flagrante de la cosa ajena”, mediante el cual la persona que ilegítimamente se apoderase de bienes mediante descuido, intimidación o violencia y fuera encontrado en flagrancia por efectivos policiales, será pasible a la sanción de siete años de cárcel sin derecho a indulto.

Sobre esa propuesta, Callisaya dice que diferentes sectores de la sociedad, de manera legítima, han requerido al Estado la adopción de medidas que resguarden su seguridad frente a hechos delictivos, particularmente de aquellos que inciden contra la propiedad.

“Ante dicha demanda, la respuesta del Estado ha respondido con figuras como el uso desproporcionado de la detención preventiva provocando una crisis casi de carácter humanitario en las cárceles de Bolivia; la exhibición pública de aprehendidos en medios de comunicación, omitiendo considerar la presunción de inocencia; y la proposición de proyectos de ley que en algún caso crean delitos patrimoniales y los sanciona con mayor dureza”, dice el Callisaya, citado en una nota de Defensoría del Pueblo.

El Defensor considera que el proyecto de ley hace que el “delincuente callejero” se constituya en el “enemigo simbólico interno del Estado”, objeto de control y ataque con el mayor “peso de la ley”.

En la parte conclusiva del documento, Callisaya plantea la necesidad de construcción de leyes “que respeten al ser humano como miembro de la comunidad y que no se limiten al criterio demagógico del uso del encarcelamiento del enemigo”.

Además, que materialice el objetivo de las cárceles, la reinserción social, “que se constituye en criterio vital para la construcción de una política criminal, un sistema de justicia imparcial, la reparación de las víctimas, y una política criminal que afirme la responsabilidad del Estado en la protección, garantía e inclusión de todas las personas y en las soluciones que se puedan aplicar”.