Anuncian que Bolivia tiene yacimientos minerales de la talla de San Cristóbal, pero se requiere una norma

Bolivia tiene un enorme potencial minero con grandes yacimientos de minerales, tradicionales como no tradicionales, y nuevas minas de la talla de San Cristóbal, pero aseguran que necesita inversión privada, de lo contrario el país avanza hacia la informalidad de la actividad extractiva.

“Necesitamos inversión y la inversión no va a venir desde Bolivia, porque no se tiene ahorro, tiene que ser inversión extranjera, pero una inversión que respete las leyes, el medio ambiente, que aporte con tecnología y capital”, precisó Jaime Villalobos, exministro de Desarrollo Económico.

El año pasado la Inversión Extranjera (IED) neta en minería fue negativa en (menos) 20 millones de dólares, según datos del Banco Central de Bolivia (BCB).

Villalobos sostuvo que Bolivia tiene potencial en todo el occidente, en la zona andina, en el área del precámbrico, donde hay minerales tradicionales y no tradicionales como cobre, estaño, plata, wólfram, bismuto, plomo, recursos evaporíticos, litio, potasio, boro, magnesio, sodio y minería aluvial de oro y estaño. El desafío es que esos recursos puedan ser extraídos y generen desarrollo sostenible para el país.

“Hacia el este de Santa Cruz tenemos 300 mil kilómetros de afloramiento con rocas precámbricas que tienen yacimientos similares a los que hay en Canadá, Brasil y Sudáfrica. Todo eso conjuga para mostrar que Bolivia tiene recursos minerales, pero le falta las otras condiciones en las que se debe trabajar, como son seguridad jurídica, estado de derecho, libertad económica y ambiente propicio para atraer inversiones”, puntualizó.

Añadió que la Constitución Política del Estado (CPE) introdujo algunos aspectos que dificultan la inversión, pero aún sin cambiar la carta magna, hay mucho espacio para mejorar las condiciones y atraer capital privado con cambios en leyes institucionales.

Villalobos explicó que, a sólo ocho kilómetros del territorio boliviano, en Chile, se encuentra la segunda mina de cobre más grande del mundo, Inés de Collahuasi, que tiene una facturación anual de 5.170 millones de dólares (equivalente a toda la facturación de la minería boliviana en 2019), la que generó en 2023 utilidades de 1.800 millones de dólares, luego de impuestos.

No sólo eso, esa mina aportó al Estado 2.450 millones de dólares en impuestos y es un proyecto que se maneja bajo el concepto de desarrollo sostenible. “Es una mina de primera, ¿será que en la frontera hay una falla geológica y en territorio boliviano, no hay nada, definitivamente no? Lo que falta es inversión en exploración”, apuntó.

El experto advirtió que con la sequía de inversión en minería se está generando una dualidad, por un lado, hay un pequeño grupo de empresas que aún operan en el país, que cumplen con las normas de cuidado del medio ambiente, leyes laborales, pagan impuestos, pero que están por desaparecer por el contexto adverso que hay para la actividad extractiva privada.

Agregó que estas compañías ya no han hecho exploración y es lo que ha ocurrido con el gas natural, pero en minería se demorará 14 o 15 años en desarrollar un proyecto, desde la prospección hasta la operación comercial.

“Hay varios yacimientos que ameritan exploración y pueden nacer nuevas minas como San Cristóbal, pero hay varias que están parceladas entre áreas de la Comibol y las cooperativas y que están siendo depredadas. Se está acercando la fase de agotamiento de reservas de las grandes minas, pero en contraste crece la minería informal”, alertó Villalobos.

En ese contexto, el experto afirmó que no se puede seguir esperando a que se destruyan los recursos no renovables y se depreden las cuecas, bosques y fauna con la minería informal, pero sí se debe apostar y fomentar la minería responsable con el medio ambiente, con capacidad de generar un enorme movimiento económico para el país.

Condiciones

Villalobos remarcó que Bolivia tiene potencial para desarrollar nuevos proyectos mineros, pero insistió que no hay seguridad jurídica, se eliminaron las concesiones mineras y se cambió la modalidad hacía contratos mineros, y no hay posibilidades de acudir a un arbitraje independiente si hay diferencias con el Estado. Tampoco hay un poder judicial independiente, una policía creíble que puedan poner fin a los avasallamientos.

“La minería, por su complejidad, requiere libertad económica, las empresas tienen que tener la posibilidad de emitir bonos, vender la sociedad, pero eso lo prohíbe la Constitución, pero sobre todo se requiere entender que la inversión es necesaria y generar un clima económico, político amistoso”, recalcó.

Proyecto de ley

Con la idea central de promover el crecimiento de la inversión privada y convertir a Bolivia en un país atractivo al capital extranjero y nacional, la fundación Milenio puso a consideración, hace poco, la redacción de un anteproyecto de ley "para el fomento, protección y estabilidad jurídica de la inversión privada”.

La ley tiene por objeto el establecimiento de un régimen de promoción, incentivo y protección de las inversiones privadas, nacionales o extranjeras que realicen sociedades comerciales legalmente constituidas, con sujeción a los requisitos establecidos al efecto y los preceptos de la Constitución Política del Estado y/o los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Bolivia.

En el documento se establece la obligación del Estado boliviano a reconocer a los inversionistas privados el derecho de libre empresa, iniciativa privada, libre competencia, inversión y comercio interior como exterior, con sujeción a las disposiciones legales vigentes en la materia y a los instrumentos bilaterales y multilaterales suscritos por el Estado. A estos efectos, les reconoce asimismo el derecho de autonomía de voluntad y libre suscripción de contratos.

También estipula que el Estado boliviano reconoce a los inversionistas privados el derecho de transferir libremente fondos correspondientes a dividendos, utilidades, ganancias, reducción de capital y otros, al país de origen o terceros países, previo cumplimiento de las respectivas obligaciones legales tributarias y administrativas. A estos efectos, les reconoce el derecho de libre convertibilidad de la moneda nacional en divisas extranjeras.

Para la resolver controversias, el Estado reconoce que los inversionistas privados nacionales y extranjeros sólo podrán someter sus controversias ante organismos internacionales especializados y reconocidos por el Estado boliviano, en virtud de tratados multilaterales o bilaterales debidamente ratificados.

El anteproyecto, a su vez, propone incentivos tributarios y señala que los sujetos pasivos, amparados por esta ley, serán beneficiados, durante la vigencia de sus contratos de inversión, con una reducción del 50% de la alícuota del Impuesto a la Utilidad de Empresas (IUE) y una exención del 100% de la alícuota del Impuesto a las Transacciones, establecidas por la ley tributaria especial, en caso de acreditar indistintamente cualquiera de los dos requisitos señalados a continuación:

1) Inversiones mínima, neta, efectiva y constante de capital, equivalentes a cinco millones de dólares, establecidas conforme al respectivo contrato de inversión.

2) Volúmenes netos de exportación anual superiores a cinco millones de dólares, acreditados por la autoridad aduanera competente.

Asimismo, dispone que los sujetos pasivos tributarios, que tengan la calidad de empresas, legalmente inscritas en el Registro Nacional de Inversión Privada, quedarán exentos del pago del cincuenta por ciento (50%) de la alícuota de cualquier impuesto establecido a la remesa de utilidades de fuente nacional, hasta cuentas en el extranjero. Esta exención operará independientemente de que los beneficiarios de tales remesas residan en el territorio nacional o el extranjero.

Por otra parte, el anteproyecto dispone que los sujetos pasivos tributarios, que tengan la calidad de empresas legalmente inscritos en el Registro Nacional de Inversión Privada, quedarán exentos del pago de los siguientes tributos aduaneros:

1) Derechos de importación y reposición de materias primas, maquinaria, equipos y medios de trabajo para el inicio y mantenimiento de operaciones y conforme a lo establecido en el respectivo contrato de inversión. 2) Derechos de exportación de productos manufacturados y certificados como de procedencia nacional, por todo el tiempo de duración del respectivo contrato de inversión.

Se deben modernizar varias normas

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, señaló que hay varias normas que se deben modernizar, entre ellas, la ley de inversiones, para atraer mayor capital al país.

Recordó que hace más de 10 años la exministra de Desarrollo Productivo visitó al directorio de la CNI con un proyecto para invertir 1.300 millones de dólares a través de una alianza público-privada, pero no hubo avances.

“Se planteaba un 51% para el Estado, lo cual no era tan crucial, lo complicado era que el Gobierno se hacía cargo de la administración de la sociedad, y el otro punto es que cualquier diferendo termina en justicia ordinaria, no hay arbitraje”, subrayó.

Agregó que también se necesita modernizar el Código Tributarios y la ley 843, para universalizar el pago de impuestos y hacer menos engorrosos los trámites. Opinó que lo mismo debe ocurrir con la Ley del Trabajo para que se pueda generar más empleo y nuevos esquemas para generar ocupaciones por horas, por fin de semana, especialmente dirigido a los jóvenes.