CIDH atenderá la denuncia del Ayllu Puñaca por las afectaciones de la contaminación minera

Este lunes 8 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atenderá la denuncia del Ayllu Puñaca de Oruro, sobre las afectaciones de la contaminación minera en su salud y sus fuentes de agua. Pruebas de laboratorio ya demostraron la contaminación por metales pesados en la sangre de los comunarios.

“Con el objetivo de parar estos abusos que vulneran los derechos de las comunidades indígenas, el Ayllu, en abril, solicitó una audiencia pública CIDH, para que a través de la esta instancia internacional el Estado boliviano tome acciones de medidas efectivas para la reparación y remediación del territorio”, señala un comunicado emitido por el Ayllu Puñaca.

En noviembre pasado, las autoridades originarias del ayllu llegaron hasta la sede de Gobierno para dar a conocer los daños a la salud de los comunarios. Entonces, un análisis de laboratorio en sangre y orina confirmó una intoxicación por arsénico en el 100% de las muestras de los pobladores, de cadmio en el 10% y de plomo en el 5%. 

Estas pruebas se realizaron el 7 de septiembre de 2023, en coordinación con el Centro de Salud Poopó, el Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA) y el Laboratorio CETOX de Perú. Se tomaron muestras biológicas de 20 hombres y mujeres, de entre 43 y 74 años de edad, de las comunidades de Puñaca y Yuracari. Para las pruebas se utilizaron parámetros internacionales, dado que Bolivia no cuenta con una norma que establezca los valores de referencia para la concentración de metales pesados en el cuerpo.

Los resultados son alarmantes. De las 20 personas que formaron parte de los estudios, el 100% presenta concentraciones de arsénico que oscilan entre 17,6 y 215,64 µg/L (microgramo por litro). Dichos valores son superiores al límite referido por la Unión Europea(UE), que es de 15 µg/L. 

Tres personas presentan concentraciones que superan de 10 a 15 veces el valor referencial. En el caso de los resultados para plomo, cuatro personas presentaron niveles detectables en sangre, con 7,20 µg/L; una de ellas supera los niveles referenciales de la UE, que son de 5 µg/L. Asimismo, se detectó a dos personas que presentan niveles detectables de Cadmio en el organismo, una duplica el valor referencial de 1 µg/L.

Un denuncia que el estado no atiende

El Ayllu San Agustín de Puñaca en Oruro (Bolivia), presentó una Acción Popular  Asesorado por el Centro de Comunicación y Desarrollo Andino “CENDA” en noviembre de 2021. Se denunció la falta de control y fiscalización del Estado sobre los vertidos de las empresas mineras que operan alrededor de este territorio indígena y que por décadas generan contaminación ambiental. Como efecto se produjo una acumulación de metales pesados en los suelos, los cultivos, el forraje, las fuentes de agua, aire y en los propios comunarios.

A pesar de los múltiples informes técnicos y científicos aportados y que evidencian esa realidad, el Tribunal de Justicia de Oruro falló, en primera instancia, desestimando la demanda. Pero, posteriormente, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia reconoció mediante la Sentencia Constitucional Plurinacional 1471/2022-S3 que los derechos al agua, a la salud, a la alimentación y a un medio ambiente sano de los habitantes del Ayllu San Agustín de Puñaca están siendo amenazados.

En consecuencia ordenó a las autoridades responsables “la realización de un estudio sobre el agua de la que se provisiona dicho colectivo indígena. Este estudio -fisicoquímico, bacteriológico y de metales pesados- se ejecutó en siete fuentes de agua.

Manipulación de los resultados 

Los resultados demuestran altos contenidos de metales pesados en las fuentes de agua, por encima de los valores permitidos de la Normativa Boliviana 512 y de los estándares establecidos a nivel internacional. Dichos análisis fueron realizados por el Estado Boliviano a través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA).

Pese a ello, el informe del Ministerio de Medio Ambiente y Agua concluye que “no existe contaminación generada por la mano del hombre”. El Tribunal Departamental de Oruro, que debía cumplir con las acciones ordenadas por el Tribunal Constitucional, se ampara en la conclusión del MMAyA, evadiendo su responsabilidad como garante de derechos. 

“Frente a la manipulación del informe por parte del Estado Boliviano, el Ayllu realizó análisis de metales pesados en el cuerpo humano de 20 comunarios del territorio de manera voluntaria, para dimensionar la repercusión en la salud de la población, y cuyos resultados muestran intoxicación por metales pesados, como el arsénico, plomo y cadmio, en concentraciones mucho mayores a los estándares de la Unión Europea”, afirma el comunicado.

Ante la resolución del Tribunal Departamental de Oruro, el Ayllu presentó un Recurso de Queja  en el que se evidencian las contradicciones, omisiones y deficiencias del informe técnico del ministerio y se adjuntó la evidencia de intoxicación por metales pesados. Hasta el momento el recurso ha quedado sin resolver y la remediación no se ha producido.

La situación ha sido denunciada ante la CIDH en su visita in loco a Bolivia  el 29 de marzo de 2023. En su informe “Cohesión Social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia” punto 216, determina que las afectaciones derivadas de daños ambientales han impactado derechos de pueblos indígenas, originarios campesinos y afrobolivianos. Una de ellas, las consecuencias de la contaminación del agua, y la desaparición del lago Poopó a causa de la minería en el Ayllu de San Agustín de Puñaca, Subcuenca Poopó, en Oruro.