Cobrarán impuestos a empresas de taxis por aplicación y ven que los usuarios perderán tarifas bajas

Tras la presión del transporte libre, mediante el Decreto Supremo 5199, el Gobierno regulará las aplicaciones de radiotaxis y anunció que estas empresas deberán registraarse y pagar impuestos, sin embargo, analistas advierten que los nuevos controles sólo encarecerán un servicio competitivo que beneficiaba a la población con menores tarifas.

La norma tiene por objeto crear el Registro Nacional de Aplicación Digital para Transporte de Pasajeros - ATP y normar aspectos referidos a la seguridad ciudadana. La ATT, en un plazo de 60 días, elaborará el  Registro Nacional de ATP, donde se deberán registrar las empresas que prestan el servicio de taxis mediante aplicaciones.

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, indicó que la norma busca garantizar la seguridad ciudadana, que los integrantes de las familias que usan este servicio puedan llegar a su destino de manera segura.

Para ellos, dijo, que empresas como Uber, deberán tener un domicilio legal, un representante legal, porque hasta la fecha operaban de manera "ilegal", aunque no aclaró qué normas habrían vulnerado para recibir este tipo de calificación. “Segundo, van a tener que pagar impuestos, porque se les va a exigir NIT, certificado del Seprec, eso es lo que estaban exigiendo los hermanos del transporte libre”, precisó Montaño.

Respecto a la regulación de las tarifas, la autoridad sostuvo que son las alcaldías las que tiene la competencia para establecer las mismas, en función a las autonomías.

Servicio competitivo

Usuarios de las diferentes aplicaciones de taxis ven que éstos prestan un servicio competitivo por las menores tarifas, puntualidad y limpieza de los vehículos.

El economista Germán Molina opina que el registro al que estarán sujetas las empresas que prestan este servicio mediante aplicaciones, significará costos y afectará la competencia que se tiene en la actualidad.

“Los sindicatos de taxis no tienen regulación, cobran lo que se les ocurre y el perjudicado es el usuario. Con el decreto ganan los diferentes sindicatos de transporte urbano, pero los que pierden son los usuarios que recibían con estas aplicaciones un servicio puntual y con una tarifa inferior”, puntualizó.

Además, dijo que el Gobierno al tener un elevado gasto público y no tiene recursos, seguro observará a este servicio como una fuente de recursos y comenzará a aplicar impuestos. “Es una medida de política económica que sólo beneficia a un sector que presiona con marchas y fija tarifas de forma sindical, frente a un servicio competitivo. Todo se quiere controlar y esto distorsiona precios”, subrayó Molina.

El exsuperintendente de Transportes, Jaime Aliaga, opinó que en casi todos los países donde entraron estas plataformas de servicios, han surgido conflictos con los gremios de transporte, que sólo velan por su propio beneficio, sin mejorar los servicios, higiene, seguridad técnica que otorga la unidad y seguridad física al pasajero.

El registro que se busca encarar, añadió, es emergente de la presión ejercida por los sindicatos o asociaciones de transporte de taxi o similares; disfrazada bajo el marco de la seguridad ciudadana.

“Imponer reglas como esa, atenta contra la sana competencia y va contra el usuario final. Se deberían aplicar políticas similares a plataformas universales como WhatsApp o similares, que seguramente usan los  políticos o hacedores de leyes, sin reparar en los beneficios que les dan en cuanto a ahorro de tiempo, y recursos en las comunicaciones” puntualizó.

Según el experto en regulación de transporte, las reglas de control en el transporte urbano deberían ser universales. “Que se registren los conductores individualmente, para seguridad del pasajero, independientemente de la plataforma que usen para servir. Unos usan el teléfono del radio móvil, otros una virtual. Hay otros que no usan, sólo la vista, cómo los taxistas normales para cazar pasajeros”, agregó.

Agregó que quizá se puede exigir a plataformas como Uber u otras, que paguen una tasa de regulación como los móviles.

La norma

Según el Decreto 5199, se crea el Registro Nacional de ATP, a cargo de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT)

-Toda persona jurídica, pública o privada, que ponga a disposición una ATP, está obligada a registrarla en el Registro Nacional de ATP, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 4 del presente Decreto Supremo.

-Los requisitos para el Registro Nacional de ATP son:

1. 1. Registro de comercio;
   2. Número de Identificación Tributaria;
   3. Testimonio de poder de representante o representantes legales;
   4. Razón social;
   5. Domicilio legal constituido en el Estado Plurinacional de Bolivia;
   6. Otros requisitos establecidos en reglamentación a ser emitida por la ATT.

- A efectos de precautelar la seguridad ciudadana, toda persona jurídica, pública o privada que se encuentre en el Registro Nacional de ATP, deberá:

1. 1. Solicitar y verificar que los conductores registrados en su aplicación cuenten con la Tarjeta de Identificación del Conductor - TIC, emitida por la Policía Boliviana;
   2. Remitir información al Ministerio de Gobierno o Policía Boliviana, de acuerdo a reglamentación.

Las personas jurídicas, públicas o privadas, que hubieran registrado una ATP deberán proporcionar la información necesaria a requerimiento de las autoridades competentes de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de sus atribuciones, según los límites establecidos respecto a la protección de datos señalados en la Ley N° 164, de 8 de agosto de 2011, General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, y su reglamentación.

-Con la finalidad de precautelar la seguridad ciudadana, los vehículos que utilicen ATP, taxis y radiotaxis, deben contar con el Adhesivo de Seguridad TIC en su parabrisas.