¿Servicios, en riesgo?
AAPS revela que Epsas no tiene “estrategia legal” para pagar deuda de Bs 142 millones a 401 trabajadores
La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) S.A., intervenida por el Gobierno desde 2013, no cuenta con una “estrategia legal” para asumir la millonaria pérdida económica que representa el juicio laboral perdido ante 401 miembros del sindicato, a los que se le des debe pagar 142.670.210 bolivianos, por la restitución del pago de un bono de antigüedad.
La afirmación es parte del “Informe técnico y legal” de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS), en el que también se establece que la deuda pone en riesgo la inversión que Epsas debe realizar frecuentemente para dar el servicio de agua y alcantarillado a los paceños.
“En el caso particular del (juicio laboral perdido por el) bono de antigüedad, se advierte que la Empresa Epsas S.A. Intervenida, carece de una estrategia legal que le permita asumir el pago de forma paulatina y en plazos razonables que no incidan en la liquidez y menos se afecten las inversiones programadas, deben inmediatamente iniciar gestiones tanto con los trabajadores en su condición de demandantes y en el ámbito administrativo financiero”, señala una de las consideraciones del informe legal.
El documento lleva la firma del abogado Freddy Bustinza, Jefe de Asuntos Jurídicos de la APPS, quien entregó su informe el 28 de mayo. Una copia del mismo fue enviado al interventor de Epsas, Alfredo Ayala, el 4 de junio.
Visión 360 solicitó en varias oportunidades una entrevista con el actual interventor de Epsas, sobre este caso y otras denuncias de corrupción, pero el funcionario no responde las llamadas y mensajes. Además, se conoce que Ayala es parte de los 401 trabajadores que se beneficiarán del pago de la millonaria deuda.
Servicios en riesgo
Pese a las cifras negativas, el informe legal establece que el pago de los 142 millones de bolivianos no representa un “riesgo de quiebra técnica”, pero para Epsas sí “podría, eventualmente, afectarse la liquidez y la programación de inversiones”.
En ese contexto, el jefe de Asuntos Jurídicos de la APPS emite una serie de conclusiones y recomendaciones, entre las que se menciona la necesidad de que Epsas inicie una evaluación, además de una “auditoría especial” al trabajo de los abogados y administrativos que estuvieron a cargo del proceso laboral que la empresa perdió ante Sindicato Único de Trabajadores de Agua y Saneamiento (Sutas), del cual Ayala fue parte.
Por otro lado, se le pide a Ayala establecer una estrategia legal y administrativa que permita sobrellevar la crisis económica provocada por la obligación de pagar la millonaria deuda, “en razón a que el proceso legal de restitución del bono de antigüedad tendrá incidencias en los estados financieros y gestión económica”, señala otro punto de las conclusiones.
Finalmente, la AAPS recomienda llegar a acuerdos o convenios con la parte laboral “u otros, que no pongan en riesgo el patrimonio o bienes de la empresa”, como embargos y remates de sus propiedades. Además, se reitera al interventor de Epsas la necesidad de evitar que se afecten las inversiones programadas y la liquidez para asumir obligaciones de corto plazo.