Subvención: advierten que la consulta sobre un tema técnico, dificultará la respuesta de gente

Economistas advierten que el nivel técnico y complejo de la problemática de la subvención a los carburantes, dificultará las respuestas de una población desinformada en el referendo y tampoco resolverá el problema estructural de esta política.

Estas son las preguntas, relacionadas al tema, que propone el gobierno de Luis Arce para la consulta:

Pregunta 2. ¿Está usted de acuerdo con mantener la subvención a la gasolina especial, como actualmente se encuentra, pese al gran costo económico que significa para las bolivianas y bolivianos, y que al tener un precio mucho más bajo que el internacional se genera contrabando, daño económico al Estado, escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles?

Pregunta 3. ¿Está usted de acuerdo con mantener la subvención al diésel, como actualmente se encuentra, pese al gran costo económico que significa para las bolivianas y bolivianos, y que al tener un precio mucho más bajo que el internacional se genera contrabando, daño económico al Estado, escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles?

Al respecto, el presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, Jorge Akamine, opinó que son preguntas irrelevantes sobre un tema, o problemática técnica, que debe ser resuelto por el Gobierno.

“Son preguntas irrelevantes, no se puede preguntar a quien no conoce. Es un tema demasiado técnico, al que debe encontrarse solución desde el Ejecutivo, hay un abanico de posibilidades. En las preguntas se reconoce tácitamente que el problema está vinculado al contrabando, que hay un daño económico”, puntualizó.

Según Akamine uno de los problemas centrales con la importación y subvención a los hidrocarburos es que no hay dólares, existe un crecimiento del parque automotor y mayor demanda de diésel de parte del aparato productivo. Es un tema al que se debe encontrar una solución”, subrayó.

Aseguró que un problema de la importación son los elevados costos, pero se los podría reducir en 40%, si se elimina a los intermediarios, realizar el transporte por oleoducto y el país va seguir importando.

También se puede establecer como alternativas, dijo, una liberación irrestricta con la invitación a empresas transnacionales, como Petrobras.

“Vamos a seguir importando, no hay producción, y se estima que los biocombustibles sólo cubrirán un 15% de la demanda”, advirtió Akamine.

Por su lado el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, sostuvo que, en esta coyuntura de crisis fiscal y finanzas públicas al “rojo vivo”, hacer un referendo que no resuelva nada estructural a favor de la economía, y con la gran posibilidad que sea respondida por una población desinformada sobre esta problemática, y que podría actuar inclusive políticamente, no es lo más sensato (costo/beneficio).

El costo de este proceso se estima alrededor de los 180 millones de bolivianos, que podrían ser bien utilizados para combatir el contrabando y uso ilegal de los carburantes subvencionados, y en ese sentido si se aliviaría en algo la presión fiscal derivada de la misma.

Según Romero, tanto la pregunta 2 como la 3, tienen trampa. Porque las mismas No definirán la continuación o no de la subvención de los carburantes en el país. “Nos están consultando si deseamos que la subvención a los carburantes continúe, tal como actualmente se encuentra. No están preguntando si se debe quitar o no, si habría que reajustarla, eliminarla total o parcialmente, ni nada de fondo sobre este tema tan importante para nuestra economía”, puntualizó.

Por eso, en su criterio, la población al responder las mismas no determinará nada estructural al respecto, ni se solucionará el daño colateral de una subvención mal planteada y aplicada por décadas en Bolivia.

Cuando se refiere a que la subvención tiene un costo económico, el economista aseguró que no proviene precisamente de los recursos erogados dentro del Presupuesto General del Estado, sino de daños colaterales, por tener los carburantes más bajos de la región (después de Venezuela). “Esto genera un contrabando masivo a países vecinos, el uso indiscriminado en actividades ilícitas (narcotráfico, minería ilegal y otros) y el consumo para cerca 500 mil vehículos indocumentados. Esto produce una sobredemanda de al menos un 30%, por el mayor gasto en importación y, por ende, en subvención a los carburantes”, advirtió Romero.

El empresario Samuel Doria Medina sostuvo en sus redes sociales que, en las preguntas sobre la gasolina y diésel, el presidente no puede delegar a la población decisiones de política económica. “El pueblo con seguridad va decir que no quiere que suba el precio de la gasolina y eso compromete a lo que quiera hacer este Gobierno y el próximo”, subrayó.

Además, al referirse a las últimas declaraciones del presidente Luis Arce, quien aseguró que “como estamos, no vamos a poder seguir adelante, quizás más costoso que enfrentar el levantamiento gradual de las subvenciones”, el empresario manifestó que aun conociendo esto, el Mandatario se escapa de las decisiones convocando a referendo.

El economista Gonzalo Chávez opinó que las preguntas que se formula sobre la subvención “son capciosas” que no resuelven el problema económico, ni la falta de dólares y sólo posponen una solución.

“Detrás de esto viene la retórica populista. Si quieren preguntar al pueblo, pregunten sobre todos los ítems del déficit público: subsidios, tamaño del Estado, aumento de salarios, empresas públicas deficitarias, gastos excesivos. No algo que quema y que se pase responsabilidad a la gente y encima te hacen sentir culpable, porque si no se hace esto, te vas a morir”, opinó el economista en una entrevista en la red Uno.

Costo de subvención

El ministro de Justicia, Iván Lima, indicó que la subvención a los hidrocarburos en Bolivia llegará este 2024 a 4.000 millones de dólares, de los que el 30% se va al contrabando.

“El pueblo boliviano debe saber que, este año, la subvención va a tomar 4.000 millones de dólares que bien podrían destinarse a otras temáticas en el país. El pueblo boliviano tiene que saber que, de esos 4.000 millones de dólares el 85% se va a la minería y a la agroindustria, pero no en las ciudades al transporte público”, explicó en conferencia de prensa, de acuerdo con el reporte de ABI.

Además, “prácticamente el 30% de ese dinero” que se destina a la subvención “se está yendo en contrabando a otros países”, agregó.