Tráfico y cerco a los pueblos indígenas, la otra cara del mercado de los bonos de carbono

Tráfico de créditos de carbono y un cerco de vulneraciones a los pueblos indígenas son parte de la otra cara de los mercados de bonos de carbono que -idealmente-, prometen un sistema eficiente en el que quienes contaminen paguen por las afectaciones causadas y quienes preserven los bosques reciban una compensación justa, correcta  y digna.

“No es cierto que los mercados de carbono nos darán un medioambiente sano, van a generar todo lo contrario porque  benefician a quienes deforestan y no al que preserva. ¿Quiénes son los que deforestan? ¿los pueblos indígenas? No, son los agroindustriales y en parte los menonitas. Eso no irá a los pueblos indígenas. Por otro lado, la compra de estos créditos es igual a comprar el derecho a seguir contaminando”, dijo a Visión 360 el secretario técnico de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC), Juan Carlos Alarcón.

Un mapeo de los impactos de los proyectos de compensación de carbono en todo el mundo, realizado por Carbon Brief, organización que cubre los últimos avances en ciencia y política climática y energética, mostró que un 72% de los proyectos de compensación de carbono causaban daños a pueblos indígenas y comunidades locales. Gran parte de estos se encuentran en Latinoamérica.

“Los pueblos indígenas han sido expulsados forzosamente de sus tierras debido a la compensación de carbono en la República del Congo y la República Democrática del Congo (RDC); la Amazonia brasileña, colombiana y peruana; Kenia; Malasia e Indonesia”, señala el informe.

Para el especialista Pablo Solón, la venta de bonos de carbono es todo un negocio que genera intermediarios, quienes al final son los que “se llenan los bolsillos”. Sostuvo que esto origina un tráfico de bonos para generar ganancias.

“Quién pide esto, los traficantes de bonos de carbono, porque hay que decir que todo negocio genera sus intermediarios y hay intermediarios de estos bonos de carbono que se hacen de la plata”, agregó el especialista.

¿Qué son los bonos de carbono?

“Para entender, es importante hablar de las funciones ambientales: materiales e inmateriales. Por ejemplo, en un bosque, las funciones materiales son la madera, las hojas, el abono  o lo que se puede agarrar y vender. En cambio, una de las inmateriales es la captura del dióxido de carbono (CO2). Los árboles y plantas lo capturan y también producen oxígeno mejorando el aire. Por esta función se pueden generar bonos de carbono”, explicó Alarcón.

Una empresa también puede recibir bonos si reduce sus emisiones por debajo de un determinado umbral. Entre los objetivos de los bonos de carbono está el incentivar a las empresas a esforzarse e invertir en la reforestación, la conservación de la energía y las energías renovables.

A esto, en el Protocolo de Kioto se le puso un precio para que  sean como una mercancía. Al ser posible comerciar, se generaron multitud de acuerdos de compra-venta, lo que llevó a que sean una especie de permiso de emisión de una cantidad determinada de CO2 u otros gases de efecto invernadero (GEI).

Es decir, por cada bono o crédito de carbono comprado, se puede liberar a la atmósfera una tonelada métrica (2.204 libras) de CO2 o de otro GEI.

Este sistema genera ventajas y desventajas. Entre las ventajas, se podría decir, está la de animar a las empresas a reducir sus emisiones, tanto de forma inmediata como a largo plazo. A las empresas a las que les resulta difícil reducir directamente sus emisiones, el comercio de bonos de carbono les da la opción de comprarlos a empresas que reducen las emisiones de forma más económica, lo que -idealmente- ayudaría a unir diferentes industrias y países para combatir de forma conjunta el cambio climático.

Pero no funcionan así y ello trae desventajas que forman parte de la otra cara de la moneda. Y es que los bonos de carbono están asociados, principalmente, a la ética y la eficacia de neutralizar las emisiones mediante la compra de bonos.

Las empresas con más capacidad económica pueden adaptarse al mercado de compra-venta para seguir emitiendo gases de efecto invernadero sin la necesidad de invertir en prácticas más ecológicas. Pueden comprar todos los créditos que necesiten para continuar con su negocio sin reducir su contaminación.

“Aquí radica el problema central. Si como ciudadanos del mundo queremos bajar la temperatura del planeta, debemos reducir la emisión de GEI. Eso quiere decir que los países más desarrollados deben bajar sus emisiones cerrando sus fábricas y empresas, pero no quieren hacerlo. Quieren seguir con su lógica de mercado, la de comprar su derecho a contaminar”, sostiene Alarcón.

Cerco a los pueblos indígenas

Una de las preguntas más comunes es qué tienen que ver los bonos de carbono con los pueblos indígenas.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial Davos 2024, los pueblos indígenas representan el 6% de la población mundial; sin embargo, custodian el 80% de la biodiversidad que queda en el planeta. Casi la mitad de las partes intactas de la selva amazónica se encuentra  en tierras de propiedad indígena.

Asimismo, muchos de los proyectos que crean créditos de carbono dependen de la tierra, incluyendo aquellos que crean créditos de carbono forestal, lo que también comprende a los territorios de los pueblos indígenas. Esto significa una amenaza a sus derechos territoriales y otros asociados.

Pero esto no pone freno a que sean ellos mismos quienes vean en estos mercados una opción, porque ofrece ventajas a cambio de cuidar el bosque.

“La ilusión es esa, que traerá beneficios, pero la experiencia de muchos pueblos es que si bien hubo recursos, estos no fueron lo que en realidad generó su territorio. La gran parte se quedó en las empresas intermediarias. Además, más allá de resolver las necesidades, generó conflictos”, expresó Alarcón.

Uno de los casos vistos por Alarcón corresponde al de una intermediaria que llegó a la Chiquitania a ofrecer a los indígenas un dólar por hectárea.

“Pero en el mercado, esta empresa estaba ofreciendo bonos por 30 dólares la hectárea. ¿Cuánto del dinero se llevan y cuanto llegará a los pueblos?”, cuestionó.

Existen ejemplos de créditos de carbono en el mercado voluntario que han sido creados a través de proyectos que despojan a las comunidades de sus tierras y territorios con argumento de “proteger” la zona que genera los créditos. A veces se restringe su acceso y el uso de la tierra, o se rompe con los sistemas propios de gobernanza.

Carbon Brief realizó una búsqueda exhaustiva de informes, noticias e investigaciones publicados por periódicos, emisoras y medios, entre agosto de 2018 y agosto de 2023. La búsqueda reveló 61 historias que detallan los impactos de proyectos individuales de compensación de carbono en Escocia, la República del Congo, la Amazonia brasileña y el interior de Australia.

Los impactos registrados incluyen daños a los pueblos indígenas, las comunidades locales, la producción de alimentos y la naturaleza, así como el uso ilegal de la tierra. La mayoría de los informes, 24 en total, se ubicaron en América Latina; de estos, 20 están dentro de la selva amazónica.

En Perú, el establecimiento de un parque nacional administrado por una organización sin fines de lucro tuvo consecuencias devastadoras para la tribu indígena kichwa. En 2022, una empresa brasileña de aceite de palma, que vende compensaciones de carbono, supuestamente plantó cultivos sobre las tumbas de indígenas quilombolas.

Ese mismo año, en África, Unearthed informó que un proyecto de plantación de árboles para compensar las emisiones de carbono obligó a familias indígenas a abandonar sus tierras de cultivo en las mesetas de Batéké, en la República del Congo.  Mientras que en Asia, una investigación reveló que funcionarios estatales de Borneo acordaron un “trato secreto” para vender dos millones de hectáreas de tierra para compensar las emisiones de carbono, sin consultar ni informar a los pueblos indígenas que vivían allí.

En 3 países logran derechos forestales con falso aval de la ONU

Una investigación de Mongabay reveló que en Perú, Panamá y Bolivia, entidades de financiación sostenible y climática convencieron a comunidades indígenas a ceder los derechos económicos de sus bosques. Para ello, desde 2022, afirman tener el respaldo de las Naciones Unidas (ONU) y prometen grandes beneficios a través de los bonos de carbono o la compensación de carbono.

“Los acuerdos obtenidos afectan a unas 788 mil hectáreas de territorios indígenas kakataibo y matsés en la Amazonia peruana; 8,3 millones de hectáreas de selva tropical y bosque tropical seco en tierras chiquitanas y guaraníes en el este de Bolivia; y 438 mil hectáreas de bosques habitados por comunidades emberá-wounaan, en Panamá”, señala la investigación.

Los principales responsables detrás de estos planes son la Foreign Investment Company (Fico), registrada en Panamá, y la Fundación Luciérnaga, con sede en Argentina. Ellos generan certificaciones de sostenibilidad corporativa y estructuran productos financieros sostenibles para sus empresas con los pueblos indígenas de Panamá. Prestan servicios similares a las empresas intermediarias en Bolivia y en Perú, que ya tienen acuerdos con comunidades indígenas.

“En teoría, el esquema de financiación sostenible, aunque difiere ligeramente de un país a otro, es beneficioso para todos. Si las comunidades aceptan mantener los árboles en pie, los intermediarios conseguirán inversores que patrocinen el bosque y financien proyectos de desarrollo local. Los bosques estarán protegidos, los inversores mejorarán su reputación y los intermediarios sacarán una tajada de la transacción”, explica el reportaje.

Los planes giran en torno a Infinite Forest Carbon (IFC), una metodología desarrollada por Fico para poner precio a los bosques y a los servicios ecosistémicos de estos. Una vez valorado el capital natural, puede empaquetarse en productos financieros y comercializarse en los mercados.

 De acuerdo con las comunidades y organizaciones consultadas por Mongabay, fue la supuesta participación de la ONU lo que les vendió la idea. Las empresas afirmaron que contaban con ese respaldo, incluso se utilizaron sus logos en los documentos y plataformas.

El sitio web de Fico también afirmaba que la IFC contaba con un “sólido respaldo financiero” a través de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Colac). La investigación descubrió que no se trataba de un respaldo independiente.

Las entidades de la ONU citadas dijeron a Mongabay que no conocían ni apoyaban la metodología de la IFC ni los planes financieros en cuestión.

“En Bolivia, empresarios especializados en minería, pilar de la economía del país, se han aliado con la Fico para lucrar con los bosques de las tierras indígenas”, afirma el reportaje.

La entidad que trata directamente con las comunidades firmó acuerdos con varias organizaciones indígenas: Organización Indígena Chiquitana, Capitanía del Bajo Isoso, Cidob y Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz.

La empresa planea comerciar con créditos de carbono y bonos ODS de Fico y destinar parte de los beneficios a proyectos de desarrollo. A pesar de la complejidad y las implicaciones financieras del plan, el acuerdo establece que las comunidades no deben revelar ninguna información económica, financiera o técnica.

Madre Tierra: Dos normas de avanzada que no se cumplen

Tras la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) y en concordancia con sus nuevos preceptos, Bolivia promulgó dos leyes de avanzada para la protección de la Madre Tierra. Las normas son: la “Ley 71 de los Derechos de la Madre Tierra”,  promulgada en 2010 y la “Ley 300 Marco de la Madre Tierra y desarrollo integral para vivir bien”, en 2012.

Aunque ambas normas son calificadas como de avanzada para la protección del medioambiente y la naturaleza, desde diferentes sectores  afirman que estas no se cumplen. La contaminación minera, los incendios forestales, la ampliación de la frontera agrícola, entre otros, son muestra de ello.

“La Ley de los Derechos de la Madre Tierra fue promulgada ya en 2010. Tiene bastantes artículos interesantes y de avanzada en la defensa de la naturaleza; plantea la producción sostenible y reconoce la Madre Tierra. Sin embargo, hasta ahora no es cumplida, Al contrario es vulnerada constantemente”, señaló a Visión 360 el director general de Cipca Altiplano, Freddy Villagomes.

Afirmó que muchas iniciativas productivas que se implementan en el país están vulnerando estas normas. Puso como ejemplo el caso de la minería, que avanza de forma arrasadora en tierras bajas, incluyendo los  territorios indígenas y campesinos.

“También la vulneran con normas en favor de estos sectores. Otro ejemplo de este tipo de vulneración es la sentencia dictada hace poco, que aprueba los mercados de bonos de carbono, que vulnera la Ley 300; lo mismo se está haciendo con el tema de los transgénicos. Todo quedó solo en declaraciones bonitas”, sostuvo.

Villagomes indicó que pese a  estas normas, no hay avances importantes. Afirmó que las mejoras e implementación se dan desde los pueblos indígenas, que de forma permanente  luchan por la defensa de sus territorios y de sus derechos.

“De alguna manera a partir de estos pueblos es que tratan de hacer cumplir la norma”.

Un comunicado de la Defensoría del Pueblo señala que desde la promulgación de la Ley 071, Bolivia promueve el reconocimiento de la Madre Tierra como ser viviente y sus derechos en nuestro ordenamiento jurídico. Esta es fortalecida con Ley 300  que establece siete derechos: a la vida; a la diversidad de la vida; al agua; al aire limpio; al equilibrio; a la restauración; y a vivir libre de contaminación.

“Desde ese entonces, no se reportaron mayores avances, debido a la sobreexplotación de los ecosistemas, contaminación en el agua, el aire, las altas tasas de deforestación, destrucción de ecosistemas, pérdida de biodiversidad, así como la sobreexplotación de los recursos”, aseguró.

Impulsor de la inconstitucionalidad es socio de empresa intermediaria

“Es un orgullo haber sido parte del equipo jurídico que a través de la Cidob coadyuvó a lograr este éxito. De ahora en adelante, las Naciones y Pueblos Indígenas de Bolivia no tienen candados legales para la comercialización de Bonos de Carbono (...)”,  dice una publicación en Facebook (15 de agosto) del abogado Luis Ardaya Vargas.

El jurista, de acuerdo con  su portafolio laboral, es asesor legal de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob)  y parte del equipo legal que impulsó la acción de inconstitucionalidad abstracta que derogó parte del artículo 32, inciso cinco,  de la Ley 300 de la Madre Tierra.

Su nombre no solo figura como parte de la firma de abogados impulsora, sino entre los accionistas mayoritarios de Green Oxygen SRL, una empresa boliviana dedicada a  las soluciones ambientales y al mercado de bonos de carbón.

Su acta de constitución, publicada en la gaceta electrónica del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec), data del viernes 25 de agosto de 2023. Fue firmada en una notaría de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

La lista de socios contiene 11 nombres; nueve de ellos, con entre 3% y 4% de las acciones;  cada uno  tiene el 26% de la sociedad. El restante 72% se divide en partes iguales entre dos socios, uno de ellos  es Ardaya Vargas.

Además de Ardaya, un dirigente de la Cidob también figura como accionista. El documento señala que la sociedad cuenta con un capital de 1,1 millones de bolivianos.

De acuerdo con las especificaciones, Green Oxygen SRL tiene como  objeto  la “ideación, diseño, elaboración, planificación, control, evaluación” de políticas, planes, proyectos que tengan como objetivo la reducción  de emisiones de carbono; de mecanismos de desarrollo limpio (MDL) que puedan aplicar al mercado de carbono, entre otros similares que se encuentren en el marco legal nacional e internacional.

Asimismo, señala que ofrecerá servicios de mediación de la huella de carbono para empresas del sector público y privado; de negociación e intermediación entre actores  locales e internacionales  en los mercados de carbono a nivel mundial; de representación técnica, financiera y jurídica a empresas públicas, privadas y especialmente a pueblos indígenas  ante mercados internacionales, plataformas medioambientales, empresas,  y/o instituciones de validación  o certificación  de proyectos que generen bonos de carbono. También dan asesoría en todo el proceso de validación de los proyectos que generen bonos de carbono, entre otros servicios.

Aunque la empresa es relativamente nueva, ya tuvo una participación importante en la Fexpocruz y está invitada a la 49° Versión de la Expoacre 2024, evento en el que las empresas bolivianas logran negocios y alianzas estratégicas importantes para la región. Este es uno de los eventos más importantes del estado del Acre, en Brasil.

Aunque en Bolivia, hasta hace unos días estaba prohibida la mercantilización  de los servicios ambientales, la operación de estas empresas y servicios no es ilegal, debido a que existen dos tipos de mercados. Uno es el mercado voluntario que no está regulado y en el que no es necesaria la aceptación del país.

Ardaya también es asesor de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz que, junto con varias organizaciones indígenas chiquitanas, tiene comprometidas miles de hectáreas con otra empresa vinculada a otras ya denunciadas en la región.