2024-09-13

Encuesta defensorial

66,8% de los periodistas que sufren agresiones denuncian, pero sólo 18% tienen resultados

La Defensoría del Pueblo ve necesario crear una instancia no estatal que brinde asistencia jurídica, administrativa y psicológica a los periodistas cuyos derechos están en riesgo.

En Bolivia, el 66,8% de los periodistas que sufren vulneraciones y agresiones presentan  una denuncia formal, mientras que el resto no tomó ninguna acción por diferentes factores. Asimismo, del total de denunciantes, solo un 18% obtuvo un resultado, el resto no recibió atención o su caso continúa en investigación.  

“Existe un significativo porcentaje (66,8%) de periodistas y trabajadores de la prensa que denunciaron haber sufrido la vulneración de sus derechos, frente a una fracción (33,2%) que no habría realizado la denuncia”, señala un informe de la Defensoría del Pueblo.

Los datos son resultado de una encuesta realizada por el ente defensorial entre mayo y junio de este año, en todo el territorio nacional. Los resultados revelaron que el 64,8% de los periodistas consultados afirmaron haber sufrido algún tipo de vulneración a sus derechos durante el ejercicio de su profesión.

De este grupo de periodistas que fue agredido, un 66,8% realizó una denuncia formal sobre lo ocurrido. Sin embargo, de ese total de denuncias presentadas a las instancias correspondientes, el 74,4% indicó que no se solucionaron. 

Solo el 18% afirmó que sus denuncias fueron atendidas con resultados de reparación. Asimismo, el  6,6% reportó que los casos continúan en investigación.

“Nosotros tenemos un informe sobre el conflicto que hubo en torno al censo, que data de 2023. Ahí registramos al menos 21 hechos que se presentaron en contra de la labor de los periodistas de diferentes medios de comunicación (...). Llama la atención que solo cuatro de estos 21 hechos llegaron a procesos penales. Es un dato realmente trascendente porque la protección de los periodistas queda debilitada porque no hay un cierre de los espacios de impunidad”, afirmó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro.

Este panorama demuestra una elevada cifra de no atención de las denuncias por parte de las instituciones públicas, lo que promueve y fomenta que los afectados prefieran no denunciar. Los factores que inciden van desde la violencia física y verbal hasta despidos injustificados, amenazas, difamación y obstáculos burocráticos en procesos judiciales. Todo eso además de la falta de protección y respuesta adecuada por parte del Estado.

Entre otras de las vulneraciones frecuentes detectadas en la encuesta, están aquellas relacionadas a lo laboral. El 20,7% de los consultados afirmaron que sufrieron afectación a sus derechos económicos, contractuales, laborales o de seguridad social.

Asimismo, el 15,2% sufrieron la vulneración de su derecho a la reputación o a la integridad psicológica y moral.

Otro dato relevante que muestra la encuesta nacional son los periodos señalados como los más álgidos en cuanto a la vulneración de derechos de los periodistas: el 22,3% de los encuestados señaló que sufrió la transgresión a sus derechos en 2019, mientras que, en el año 2023, el 28,3% hizo denuncias por alguna agresión.

“Le recordamos al Estado, que el informe del GIEI-Bolivia recomienda al Estado y a toda la sociedad boliviana a crear una instancia no estatal para brindar apoyo y asistencia jurídica, administrativa y psicológica a periodistas cuyos derechos están en riesgo de ser vulnerados”, manifestó Callisaya Aro.

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