Acusan a los Interculturales
Diputada denuncia emboscada protagonizada por avasalladores en Bajo Paraguá
La diputada María René Álvarez denunció que grupos de los denominados Interculturales, afines al Gobierno del MAS, emboscaron a una comisión interinstitucional que pretendía verificar los avasallamientos en áreas protegidas ubicada, en el municipio de San Ignacio de Velasco, en el departamento de Santa Cruz.
En contraparte, Adolfo Rodríguez, dirigente del grupo denunciado, negó que sus compañeros hayan cometido una emboscada, pero reconocieron que incurren en asentamientos ilegales. Sin embargo, los avasalladores se niegan a salir del área, afirman que se debe llegar a una negociación.
Denuncia
La diputada Álvarez informó que, el viernes, una comitiva oficial integrada por cívicos provinciales, concejales de San Ignacio de Velasco, funcionarios de la Autoridad de Control y Fiscalización de Bosques (ABT), policías y fiscales, activistas medioambientales, junto a la jueza agroambiental Evelin Ortega fue emboscada por un grupo de avasalladores dentro del Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá.
La legisladora, ya en horas de la noche, reunida con pobladores de la comunidad San José de Campamento, deploró el actuar delincuencial de esos grupos que fueron encontrados in fraganti con improvisadas construcciones de madera dentro de esta área natural que pertenece al bosque chiquitano, donde realizaron desmontes, cuadricularon y repartieron la tierra.
La comitiva se presentó en ese sector para verificar la situación en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, que limita con el Bajo Paraguá, cuando un grupo de más de 50 avasalladores comenzó a vociferar que había cuatro aprehendidos de su bando, cortaron los pasos de acceso y salida de la zona y generaron violencia en las comunidades indígenas aledañas.
“No vamos a permitir que se asienten en nuestro territorio, acá hay un pueblo valiente que va a seguir luchando por lo que nos corresponde. Es momento de defender nuestro territorio cruceño y nuestro territorio chiquitano”, expresó la diputada.
Por medio de una nota de prensa, Álvarez recordó que ya son varios años que “se denuncia el ingreso de estas organizaciones mal llamadas ‘Interculturales’ con aval gubernamental y político, en territorios que además de ser reservas forestales, constituyen un generador de lluvia y agua natural que corre riesgo por estos asentamientos humanos”.
La legisladora exigió a la Fiscalía y a la Policía que cumplan con su obligación de precautelar el vivir bien de las comunidades indígenas, ya que este viernes fueron testigos de los avasallamientos y de la violencia con la que operan estos grupos irregulares y delincuenciales.
“No vamos a permitir que nos amedrenten más, vamos a volver a nuestras tierras las veces que sean necesarias, no nos van a cansar, no nos van a quitar nuestra área protegida”, remarcó la diputada cruceña.
La legisladora explicó que en la inspección se verificó asentamientos con casetas improvisadas y maquinaria pesada dentro de esta zona boscosa, usada para desmontar los árboles y abrir pasos con el consecuente daño ambiental en la zona.
En contraparte, el dirigente Rodríguez, afirmó que su grupo no desalojará este sector ya que viven ahí desde 1990. Al contrario, convocó a sus seguidores a luchar por la liberación de personas involucradas en estos hechos, dijo que entre los detenidos están dos dirigentes, y el resto serían personas que tienen poca extensión de tierra.
En entrevista con Radio TV Familiar, el líder del grupo involuctrado con los avasalladores expresó que, supuestamente, la ley se aplica solo en favor de quienes tienen dinero y que no permitirán que se lleven a más dirigentes “indígenas”. Rodríguez reiteró la convocatoria a otras comunidades y colonias asentadas dentro de la reserva, afectadas por el control de las autoridades que buscan impedir el desmonte del área protegida.
La diputada también denunció que la pasada semana, los avasalladores impidieron el paso de los bomberos voluntarios al Parque Noel Kempff, e incluso que estos grupos violentos decomisaron combustible que iba a coadyuvar a los motorizados desplazados en la zona para cumplir con las tareas de sofocación del fuego que ya ingresó a esta y otras áreas protegidas de Santa Cruz.
La ayuda para combatir los incendios tampoco llega a los municipios de la Chiquitania, concluyó. Pidió al Gobierno que accione todos los mecanismos para que la maquinaria, equipamiento, agua, medicamentos, herramientas y demás sean destinados a San Ignacio de Velasco, San Rafael y otros, porque hasta la fecha todo el material que llegó a las comunidades fue de parte de la solidaridad de la ciudadanía y de activistas voluntarios que no quieren ver arder a Santa Cruz.
Con cerca de siete millones de hectáreas quemadas, los incendios forestales de este año se constituyen en el desastre ambiental más grande registrado en Bolivia, sobre todo por los daños sufridos en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, La Paz y Cochabamba.