José Antonio Rivera: “En estas elecciones judiciales, los ciudadanos deberían emitir un voto útil”

El exmagistrado y abogado constitucionalista José Antonio Rivera demostró que votar nuevamente nulo en las elecciones judiciales, legitimará que se coloque a magistrados “afines al esquema”. El jurista, en entrevista con Visión 360 , sugiere a la población emitir un voto útil, depositando su confianza en los postulantes que reúnen un mínimo de las condiciones requeridas para lograr una mejor administración del sistema judicial.

A poco menos de dos meses de realizar las terceras elecciones judiciales, viene a la memoria la experiencia de dos procesos anteriores de este índole. Tanto en 2011 como en 2017 se registró un gran porcentaje de voto nulo y blanco, permitiendo que candidatos con baja preferencia tomen las riendas del Órgano Judicial.

Considerando que hubo dos elecciones judiciales, ¿debe haber voto nulo para estas terceras?

Yo creo que dada la experiencia traumática que se ha tenido en las últimas dos elecciones judiciales anteriores, mientras que los ciudadanos mayoritariamente han expresado su rechazo a este sistema de elección de altas autoridades al Órgano Judicial por la vía del voto y la forma en la que fueron seleccionados los candidatos en el Legislativo, y el rechazo expresado a través del voto nulo, al final del camino al no existir un quorum electoral ha dado lugar a que finalmente el régimen del Gobierno de turno imponga autoridades de los máximos tribunales de justicia con una votación disminuida.

Entonces, hoy en esta tercera experiencia, pese a que lamentablemente se han cometido varios errores en el proceso de selección de candidatos, emitir el voto nulo sería legitimar nuevamente la pretensión del Gobierno de turno de imponer autoridades judiciales afines al esquema.

En consecuencia, creo que en estas elecciones, las y los ciudadanos deberían emitir un voto útil, dirigiendo su voto a aquellos candidatos que reúnen las mínimas condiciones, no las óptimas como quisiéramos, pero hay candidatos que sí reúnen las condiciones para asumir el cargo; entonces, habrá que emitir un voto útil votando por esos candidatos para que estos puedan llegar a ejercer el cargo y desde dentro del Órgano Judicial puedan promover las reformas y transformaciones estructurales que requiere el sistema judicial del Estado.

Considerando que hubo voto nulo y aversión al proceso de selección, ¿cree que es conveniente volver a la meritocracia?

Definitivamente no hay otro camino para garantizar la independencia, la imparcialidad ya partir de ello garantizar un sistema de servicio judicial con eficiencia, con oportunidad, con transparencia, con acceso universal e igualdad de oportunidades a los bolivianos. 

No hay otro camino de selección que la vía meritocrática, es decir a través de un procedimiento transparente público, con reglas establecidas de comprobación de un conjunto de idoneidades que deben reunir las altas autoridades del Órgano Judicial. No es una, son un conjunto de idoneidades, desde la idoneidad profesional, referida a su formación y experiencia, de ejercicio a que sean poseedores de capacidades, habilidades y destrezas para el desempeño del cargo, la idoneidad ética.

¿Cambiará la justicia luego del 1 de diciembre?

No habrá ningún cambio abrupto, no me abriga esperanza que cambie radicalmente, máxime si nuevamente nos imponen, a través del voto, a candidatos que a pesar de haber reprobado en el examen que además fue un examen mal configurado, ejecutado, con ayuditas de diputadas, senadores, a través de una serie de signos que hemos presenciado públicamente, y que a pesar de haber reprobado los han incluido en la lista y si por descuido de los ciudadanos, por dejadez, omisión o por expresar votos nulos, les hacen ganar a estos y asumen la función, no esperemos cambio alguno, per se.

Ahora, puede ser un primer paso importante que utilizando el voto útil podamos seleccionar y elegir a los mejor calificados; dependerá de cómo maneja esta fase de transmisión de los méritos de los candidatos, cómo mejorará la papeleta el TSE. Ojalá el TSE propicie debates entre candidatos para conocer sus posiciones, respecto a los problemas jurídicos álgidos que van a pasar por sus manos. Ojalá el TSE coloque en la papeleta de voto de cada candidato, además de su fotografía, la puntuación obtenida en el examen y además su formación profesional, y que de alguna manera sirva de orientación al elector. E incluso eligiendo a los mejores no esperemos que pueda cambiar la crisis judicial.

¿Cuál es la ruta para una reforma judicial?

Es una decisión política social emergente de una cumbre nacional, pero con una cumbre que congregue a los principales involucrados en el sistema judicial del Estado. Me refiero a una cumbre judicial donde esté el Órgano Judicial con su representación, esté el Ministerio Público, las facultades de Derecho de las universidades públicas, los colegios de abogados, el Órgano Ejecutivo y el Legislativo, las fundaciones, ONG que trabajen en manera de justicia.

Y allá que se adopten acuerdos para establecer una agenda para la transformación estructural, que se haga la ruta crítica. Luego de ese primer paso hay que tener una serie de acciones de orden institucional, reestructurar institucionalmente el Órgano Judicial, una agenda administrativa, económica y financiera; hay que tener una agenda legislativa para reformar los códigos sustantivos y procesales.

¿Por qué fracasó la iniciativa popular de cambiar la justicia?

Por varias razones. La primera es que quienes impulsamos esta cruzada nacional, el grupo de juristas independientes, no hicimos una lectura precisa de la realidad social de la composición societaria. Ya en pleno proceso de recolección de firmas, constatamos que la sociedad boliviana está fracturada y, por lo tanto, ahí nos encontramos con un grupo considerable de bolivianos que viven en el miedo, y tenían miedo a adherirse a esta iniciativa, porque tenían un familiar en el aparato estatal y tenían miedo que desplieguen una represión contra el familiar que trabaja en el Estado, porque se han sumado a la iniciativa, en razón a que el Gobierno no estaba de acuerdo públicamente, expresaron su rechazo a esta convocatoria.

Otro grupo de bolivianos altamente desconfiados tenían una desconfianza emergente de la traumática experiencia vivida en 2019. Nos decían que salieron pacíficamente a protestar contra la pretensión de perpetuación en el poder, una pretensión dictatorial y luego quienes han entrado nos han defraudado, etc. Entonces hubo una desconfianza en la gente, y obviamente un sector de la población que actúa por consigna y que legítimamente son parte del esquema gubernamental y ellos creen que el sistema judicial goza de buena salud y no hay que cambiarlo.

Un segundo factor fue la oposición surgida desde el propio Órgano Judicial, porque quienes están ahí con ese sistema se benefician, viven felices con una justicia corrupta. Desde adentro, el propio presidente del TSJ salió a oponerse cuando más bien ellos deberían haberse sumado entusiastamente a esta iniciativa también de colegas, abogados. Hoy hay abogados que viven felices en este sistema judicial en crisis corrupto; entonces, se vieron amenazados con una transformación de la justicia y se opusieron al frente con discursos descalificadores de la iniciativa.

¿Cuánto afecta el tema de los autoprorrogados?, ¿qué precedente deja para Bolivia?

Afecta enormemente, yo estoy permanentemente en foros internacionales, y en todos los eventos no falta una pregunta, donde me piden explicar la figura de los autoprorrogados.  Entonces, coloca a Bolivia en una figura de Estado donde no hay seguridad jurídica, donde no se respeta la institucionalidad democrática, no se respetan los mandatos constitucionales y que el Órgano encargado de resguardar, custodiar y defender la Constitución es el primero en infringirla.

Entonces obviamente nos coloca en una situación de grave riesgo porque, por ejemplo, para desarrollar más intensamente nuestra actividad turística, la sensación afuera es que Bolivia no es un país seguro. Para las inversiones económicas de inversores extranjeros, Bolivia está calificado como un país inseguro, que no tiene seguridad jurídica. ¿En qué nos afecta? En la permanente descalificación de los fallos de las decisiones de los magistrados autoprorrogados.

¿Cuáles son las observaciones que tiene al proceso de selección del Fiscal General? ¿Qué tuvo de bueno y qué tuvo de malo?

De bueno hay poco, partiendo desde la concepción de cómo seleccionar a los postulantes que luego irán a votación en la Plenaria de la sesión conjunta de la Asamblea Legislativa, para la designación. Creo que si aplicamos la meritocracia, que supone comprobar en el postulante que tenga la idoneidad, probidad, para desempeñar el cargo, es irrazonable y poco afortunado que esa comprobación tenga dos componentes.  El primero, la meritocracia, que no es más que una acumulación de cartones, con las disculpas del caso, hay contadas excepciones, pero hay personas que están detrás de obtener un cartón y hoy por hoy tienen tres o cuatro doctorados.

Pero si uno los pone a trabajar, esos títulos no están reflejados en la solvencia con la que trabaje la persona. No me estoy refiriendo a alguien particular, sino estoy señalando de manera general, que hay universidades que se están prestando a organizar posgrados sin la rigurosidad académica. Y por lo tanto hay personas que acumulan certificados, diplomados, maestrías, doctorados, y lo llamativo es que en la composición de esta evaluación, casi el 70% está dirigido a los méritos.

¿Cómo interpreta el pronunciamiento de la CIDH sobre la reelección en Bolivia?

La Comisión emitió un informe de no admisión de tres demandas internacionales que fueron presentadas contra el Estado boliviano, por haber violado el derecho político de votar, desconocido con la sentencia constitucional 0084/2017. El derecho de ese conjunto de bolivianos que en el referendo del 21 de febrero de 2016 dijeron No a la reforma parcial para introducir una reforma para una segunda reelección continua.

La Constitución fijó que toda autoridad electa solo puede ejercer el cargo por dos períodos de manera continua. Pasado eso, no puede volver a postular al cargo. Tiene que postular a otro cargo si quiere continuar en la actividad política; de presidente puede pasar a senador, a diputado, pero no a la Presidencia porque le han puesto ese límite al cambiar la reelección a permisión de reelección por una sola vez.

Lo demás son interpretaciones forzadas a las que nos hemos acostumbrado a Bolivia para burlar la norma. Lo que me llama la atención es que gran parte de los juristas no hace el esfuerzo de interpretar la norma para cumplirla, sino para infringirla, incumplirla, buscar acomodar una interpretación a sus intereses y eso le hace daño a la democracia, al Estado de derecho y eso generan los focos de conflicto permanente en Bolivia, y que no nos permite avanzar, nos mantiene en el subdesarrollo, en el atraso, con permanentes crisis económicas y sociales como en el presente.

¿Cuál debería ser la situación jurídica de Añez, considerando que Lima dijo que es pasible a un juicio de corte?

Ya hemos tenido que ese fuero se aplica sin discutir el origen de mandato. Recuérdese que se enjuició vía juicio de responsabilidades a Luis García Meza Tejada ya todo su gabinete ministerial, aplicándole la máxima sentencia, la máxima pena a cumplirse en el penal de Chonchocoro.

El caso de la ciudadana Jeanine Añez, hay la discusión de si accedió o no, pero hay una interpretación válida de que ella entró por sucesión constitucional y ejerció la Presidencia en calidad de transición para viabilizar la realización de nuevas elecciones porque las que se realizaron en 2019 quedaron anuladas. De todas maneras tuvo la investidura de Presidenta y todos los delitos por los que la están acusando fueron cometidos en ejercicio de esa presidencia.

Los del MAS dicen que fue golpe de Estado, pero aun si fuese así, ella goza del fuero constitucional; sin embargo, lo confesó el exministro Iván Lima, imperó el capricho, la voluntad política para juzgarla por vía ordinaria y no por la vía del fuero constitucional.

Con eso se está viciando de nulidad el proceso y, aunque prosiga el proceso como está, va a llegar al Sistema Interamericano, la Corte Interamericana declarará la responsabilidad internacional del Estado boliviano. Eso que va a suponer, anular el proceso, reparar los daños económicos, morales y psicológicos a esta señora.

Pese a que la propuesta de un referendo no procede ya, es la segunda vez que se busca abrir la Constitución por el tema de la reelección. ¿A qué responde esto?

Habrá que preguntarle al Presidente sobre cuál es su intención, su propósito. Yo en su momento dije ante la prensa que lo que está planteando reformar la Constitución, y por mandato del artículo 411, ningún Órgano de poder puede reformar la Constitución, eso está reservado al poder Constituyente, y por tanto no era viable el referendo. 

Ahora, la motivación tendría que explicarla el Presidente.

El Perfil

• Formación Es abogado, magíster en Derecho Constitucional y candidato a doctor en Derecho Constitucional y Administrativo.
• Carrera Es exmagistrado del Tribunal Constitucional. Es también conferenciante internacional y nacional. Fue además presidente del Colegio de Abogados de Cochabamba.
• Reforma Fue parte de la comisión de Juristas Independientes que impulsaron la iniciativa de un referendo para la reforma judicial, en 2023.
• Docencia Ejerce como docente titular de Derecho Constitucional en la UMSS, en Cochabamba, y de posgrado en varias universidades del país.
• Libros Autor de libros de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y Derechos Humanos.