Senado aprueba proyecto de Ley de Acceso a la Información que establece hasta 20 días para la atención de solicitudes

La Cámara de Senadores aprobó la tarde de este miércoles el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, en su estación en grande y en detalle. De acuerdo con el documento, se establece hasta 20 días para que se atiendan las solicitudes de los ciudadanos.

“El objetivo de la norma es garantizar el acceso a la información y para eso hemos tomado el modelo para Latinoamérica y hemos consensuado con todos los actores involucrados”, dijo a Visión 360 Silvia Salame, senadora de la opositora Comunidad Ciudadana (CC).

El proyecto de ley consta de 38 artículos, una disposición adicional, tres transitorias, una obligatoria y una final. Ahora, pasó a la Cámara de Diputados, que en calidad de cámara revisora ​​debe aprobar o rechazar el documento.

El artículo 20 del proyecto de ley señala que las instituciones públicas tienen un plazo máximo de 15 días hábiles para responder a la solicitud con la posibilidad de una prórroga de cinco días hábiles previa justificación y notificación a la persona solicitante. El plazo se computa desde que la entidad toma conocimiento de la solicitud de manera verbal, electrónica o por escrito.

El proyecto también marca la posibilidad de que la entidad recache o entregue información parcial, pero deberá hacerlo de manera justificada.

Los funcionarios que incurran en una negativa infundada serán pasibles a procesos administrativos que pueden derivar en su destitución, señala el proyecto de ley.

Para los efectos del control y cumplimiento de la norma se crea la Comisión de Acceso a la Información y Documentación Pública bajo dependencia funcional de la Defensoría del Pueblo.

Esta instancia se encargará de resolver las quejas de los ciudadanos que no hayan sido atendidos en su solicitud mediante la elevación de una impugnación, entre otras tareas.

Salame manifestó que el proyecto de ley contempla en qué casos el Estado puede considerar que se trata de información reservada o confidencial, lo que sucederá por un tiempo determinado y no de manera indefinida.

“Esta ley podrá materializar el ejercicio de los derechos humanos de los ciudadanos, se espera que pueda transparentar la información, es decir, que obliga a todo funcionario a hacer pública la información”, manifestó.

La senadora explicó que la norma surge como consecuencia de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en el caso de la familia Flores la que nunca tuvo acceso a conocer información sobre dónde estaban los restos del hermano.

Si esta ley se aprueba, "los que se nieguen a entregar información, los que la destruyan o la den de forma fragmentada", podrían ser enjuiciados, mencionó la legisladora.

Agregó que en realidad lo que se está haciendo es incluir en este proyecto de ley como una falta grave el hecho de no haber entregado la información o haber alterado la información o haber destruido la información. La normativa fue trabajada durante más de un año.