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Ocho personas fallecieron en la lucha contra el contrabando en el primer semestre del año
Ocho personas fallecieron en el primer semestre del año, en el marco de la lucha contra el contrabando que se desarrolla en el país, informó Luis Velásquez, viceministro del sector.
“Dentro de la lucha contra el contrabando en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia hemos tenido ocho fallecidos en este semestre, haciendo un total de 14 fallecidos desde que se ha creado el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando”, dijo el Viceministro de Lucha Contra el Contrabando, citado en una nota institucional.
El pasado fin de semana en Guaqui, a pocos kilómetros de la frontera, un grupo de traficantes atacó una patrulla militar, golpeó a dos efectivos de la Fuerza de Tarea que controlaban el tránsito ilegal de mercaderías, secuestró su armamento e incendió el vehículo en el que se desplazaban, de acuerdo con información del Ministerio de Defensa.
Velásquez explicó que los delincuentes que emboscaron a los militares, se llevaron dos fusiles automáticos de dotación militar, uno de los cuales fue encontrado en los alrededores.
La autoridad advirtió del peligro que representa un arma de guerra en manos criminales y advirtió que los atacantes podrían enfrentar penas de hasta 30 años de prisión por ese delito.
La violencia asociada al contrabando es un fenómeno regional, pero se presenta particularmente con Bolivia, porque es un país de paso del contrabando de cigarrillos, que proceden de Paraguay y tienen como destino final a Chile o Perú.
De acuerdo con el experto Rubén Vargas, quien además fue ministro de Gobierno de Perú, hay un desborde de criminalidad en la región andina asociado a las economías ilegales, el crimen organizado y el contrabando.
Este desborde, explica el experto, está asociado a la presencia de organizaciones criminales internacionales y advierte que la región enfrenta la mayor crisis de inseguridad de su historia.
El Gobierno anunció y puso en práctica la militarización de las fronteras de todo el país para frenar el “contrabando a la inversa”, que de acuerdo con el Ejecutivo contribuye a desabastecer al mercado boliviano de carburantes y alimentos por su tráfico ilegal a los países vecinos.