Normativa
Gobierno ofrece a productores trabajar en reglamentación de disposición del PGE que prevé confiscación
El Gobierno negó que exista una intención de estigmatizar a los productores e industria y ofreció al sector privado trabajar de forma conjunta en la reglamentación de una de las disposiciones incorporadas en el proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que permite mayor control para evitar la especulación con alimentos y prevé la confiscación.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Cámara Nacional de Industrias (CNI), rechazaron esta disposición porque -consideran- se convertirá en un instrumento de carácter discrecional, arbitrario, represivo y extorsivo, puesto que facultará a entidades públicas a activar acciones de control fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos a los industriales legalmente establecidos.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó este miércoles que el martes se ha tendido una reunión con productores y asociados de la CAO y Caniob (Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia), en la que se explicó la naturaleza y el espíritu de la disposición adicional séptima del PGE 2025, que –remarcó- es resultado del pedido que varias regiones hicieron al presidente Luis Arce, para que se haga un control ante la especulación.
“No nos vamos a inventar que estaba saliendo productos alimenticios por la frontera, no es un invento del Gobierno que tanto arroz, huevo, carne, sale por la frontera porque hay demanda. Para controlar esto se necesita normativa con rango de ley”, precisó.
Aclaró que la introducción de este artículo en la Ley del PGE no tiene ningún propósito de estigmatizar a los productores o la industria, pero advirtió que algunos intermediarios buscan beneficiarse, y es lo que se explicó a directivos de la CAO y Caniob.
“Ellos presentaron sus argumentos y se les ha ofrecido trabajar la reglamentación en conjunto con el sector y los municipios, y gobernaciones deben apoyar en los controles porque hay muchos alimentos que están saliendo de las fronteras”, subrayó Montenegro.
¿Qué dice la disposición?
La disposición adicional séptima del proyecto de Ley del PGE 2025 señala:
I.- Con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación, y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos.
II.- Todo actor de la cadena productiva de alimentos esenciales, debe declarar, información de producción, transformación y comercialización, misma que tendrá calidad de declaración jurada y será tratada bajo el principio de confidencialidad, conforme a la reglamentación aprobada por Resolución Biministerial emitida por los Ministerios de Desarrollo Rural y Tierras y de Desarrollo Productivo y Economía Plural.