Industriales piden derogar disposición que alienta la confiscación "arbitraria" de productos

Aunque el Presupuesto General del Estado (PGE) ya fue aprobado por fuerza de ley y está en plena aplicación, la Cámara Nacional de Industrias (CNI), volvió a exigir hoy la derogación inmediata de la disposición adicional séptima que permite la confiscación de productos.

Ese artículo también es observado por otros sectores productivos, microempresarios y gremiales, aunque el Gobierno ofreció trabajar en la reglamentación.

La disposición adicional séptima del proyecto de Ley del PGE 2025 señala:

I.- Con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación, y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos.

II.- Todo actor de la cadena productiva de alimentos esenciales, debe declarar, información de producción, transformación  y comercialización,  misma que  tendrá calidad de declaración jurada  y será tratada  bajo el principio de confidencialidad, conforme a la reglamentación aprobada  por Resolución Biministerial emitida por los Ministerios de Desarrollo Rural y Tierras y de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

El presidente de la CNI, Pablo Camacho, en una conferencia de prensa, ratificó el rechazo de los industriales a esa disposición del PGE, porque dispone la confiscación, promueve la arbitrariedad y decomiso de productos.

“Solicitamos la inmediata derogación de esa disposición contenida en el PGE, porque vulnera derechos consagrados por la Constitución Política del Estado, como son el derecho al trabajo, empleo, comercio, industria,  patrimonio, propiedad privada”, precisó.

Camacho señaló que, de manera respetuosa, se le pide al presidente Luis Arce y a la Asamblea Legislativa a no profundizar el clima de inseguridad jurídica y que desalienta la inversión nacional y extranjera en detrimento de la economía.

Señaló que el país está ante un escenario donde urge aumentar la producción y exportar y el país y se necesita certidumbre y no zozobra, pero disposiciones como la incorporara en el PGE, pueden interrumpir el aparato productivo.,

“No se puede continuar con la sobre regulación y con la asfixia al sector formal y menos crear un ambiente propenso a la arbitrariedad y a la extorsión por una mala interpretación  de funcionarios públicos”, remarcó.

De acuerdo con Camacho lo único que va promover esto es la informalidad y recordó que es el agio y el contrabando, lo que genera la distorsión de precios y la inflación. “La vocación de los industriales no es conspirativa, sino productiva y apolítica”, recalcó.

Senadora dice que falta información del PGE

La senadora del MAS, Ana maría Castillo, indicó que existe una mala interpretación de la disposición adicional séptima del PGE y falta mayor información, porque no tiene la intención de afectar al sector productivo, o a las personas que se dedican al comercio formal.

Añadió que básicamente afecta a los intermediarios o grandes especuladores que comercian con alimentos y no es evidente que se quiera confiscar de manera arbitraria. “Oponerse por oponerse es una cuestión política, se debe ver la reglamentación del PGE, no afecta al productor ni al comerciante”, aclaró.