En respuesta a denuncias
Gobernación de La Paz afirma que gastó Bs 8 millones para la atención de emergencias climáticas en 2024
El director de Gestión de Riesgos, de la Gobernación de La Paz, José Luis Cahuapaza, informó que en la gestión 2024, desde esa dirección se autorizó el pago de más de ocho millones de bolivianos para la atención de emergencias climáticas, entre desastres por lluvias, riadas, deslizamientos y sequías. El dato se conoce luego de que asambleístas departamentales, denunciaran una falta de transparencia en el manejo de cinco millones de bolivianos.
“La gestión pasada hemos tenido (que gastar) más de ocho millones para la atención de emergencias, hay que aclarar que ese dinero fue solo para la atención de la ‘primera respuesta’, luego se manejan otros presupuestos para proyectos de rehabilitación, reconstrucción de puentes, ese es un tema variable, según los trabajos a ejecutar”, informó a Visión 360 el director de Gestión Riesgos de la Gobernación de La Paz.
El funcionario fue consultado en relación a la denuncia pública que hicieron los asambleístas departamentales de La Paz, Israel Alanoca y Andrea Echeverría, de la agrupación Somos Pueblo, sobre la falta de transparencia en el manejo de más de cinco millones de bolivianos, por parte de la dirección a cargo de Cahuapaza.
Recordemos que ambos legisladores hicieron una Petición de Informe Escrito (PIE), en diciembre del año pasado, con el fin de fiscalizar el trabajo de atención de emergencias por parte del Ejecutivo departamental. En ese sentido, se solicitó datos con las resoluciones administrativas que autorizan el desembolso de recursos, los contratos y facturas de las empresas a las que se pagó por trabajos, como el movimiento de tierras o dotación de víveres.
También se solicitó los planes de trabajo que deben ser elaborados por esa dirección y el detalle de la cantidad de municipios a los que se prestó ayuda. Alanoca y Echeverría denunciaron que la respuesta de Cahuapaza tenía varias imprecisiones y que se omitió la presentación de los planes de contingencia, contratos y facturas, además de no dejar en claro cuánta ayuda se entregó a las poblaciones, las fechas o los criterios de contratación de las empresas que realizaron los trabajos.
En contraparte, Cahuapaza aseguró que se respondió de manera amplia a todas las preguntas del PIE enviado por los asambleístas, al contrario, expresó sus dudas sobre la revisión e interpretación que ambos le dieron a los datos que se les proporcionó.
Por un lado, afirmó que el dinero que se pretende fiscalizar fue usado explícitamente para la atención de emergencias por sequías. Explicó que la Dirección de Riesgos no realiza los pagos de los servicios o por la contratación de empresas, sino que estos se hacen por medio de la Dirección Administrativa Departamental.
Precisamente, en el PIE, Cahuapaza afirmó que no pueden entregar documentos y facturas de descargo a los asambleístas, debido a que estos se encuentran en custodia de la Dirección Administrativa.
El director afirmó que la Gobernación, en la gestión 2024, tenía un presupuesto programado de 3,5 millones de bolivianos para la atención de emergencias. No obstante, debido a los fenómenos climáticos que afectaron a varios municipios, este presupuesto se incrementó hasta los ocho millones, usados para atender a 26 de los 87 municipios del departamento.
“Al ser un requerimiento adicional (desembolsar dinero para atender emergencias), pasa por la Asamblea (Legislativa Departamental) y ellos nos aprueban que ese dinero vaya a los distintos municipios (…) porque esos cinco millones (de bolivianos) que ellos (los asambleístas) mencionan fueron para ayuda por el tema de la sequía en 2024”, manifestó Cahuapaza a este medio.
En ese contexto, el director anunció que atenderían un PIE complementario, para detallar dichos gastos y entregar los planes de contingencia. Explicó que entre el tipo de ayuda que se entregó a los municipios afectados, está la dotación de combustible, pero que toda la ayuda que se entrega es a solicitud de los alcaldes. En esa línea, remarcó que la mayoría de los gobiernos municipales solicitaron maquinaria o combustible.
Cahuapaza sostiene que la Dirección de Gestión de Riesgos sólo se limita a verificar que los pedidos de los gobiernos municipales cumplan ciertos requisitos y que es el área administrativa la que hace los desembolsos.