Demandas sociales
Santa Cruz afronta tres conflictos: paro médico, bloqueos por elevar costo de los pasajes y disputas ediles por el Mercado Mutualista
Santa Cruz afronta desde hace dos semanas al menos tres conflictos sociales que generan movilizaciones y anuncios de agravar litigios legales. Por un lado, los médicos protestan por la deuda de salarios y la recontratación de personal; los micreros anunciaron bloqueos en demanda de la elevación del costo de pasajes y, en tercer lugar, concejales de oposición se acusan por actos de corrupción ligados al proceso por el Mercado Mutualista.
Médicos
“¿Cómo puede ordenar el gobernador (de Santa Cruz, Mario Aguilera) que se reprima al sector salud? Nunca antes una autoridad departamental ordenó que se reprima”, afirmó Rocío Rivero, ejecutiva de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes).
Los trabajadores en salud protestan desde hace dos semanas por la falta de pago del salario del mes de diciembre, además que exigen la recontratación de 200 profesionales. Ayer, jueves, en puertas de la Gobernación cruceña, los movilizados fueron reprimidos por la Policía y se denunció excesos.
Rivero indicó que este viernes presentarán una denuncia contra quienes ordenaron dicha represión. Aseguró que la brutalidad con la actuó la Policía dejó dos profesionales con lesiones graves y tuvieron que ser trasladados a Emergencias del Hospital San Juan de Dios.
Por su parte, el secretario de Salud y Desarrollo Humano de la Gobernación, Marcelo Kramer, lamentó los hechos violentos y confirmó un exceso por parte de la Policía y negó que el gobernador Aguilera haya instruido dicho operativo.
Asimismo, convocó al Fesirmes a una reunión y que el salario de diciembre 2024 y enero 2025 se pagará a fines de este mes. Rivera expresó que se han convocado a varias reuniones, pero hasta la fecha no hay soluciones a la falta de pago de salarios y la recontratación del personal.
Pasajes
Los otros dos conflictos afectan principalmente al municipio capital, Santa Cruz de la Sierra. Uno está referido a la demanda de los sindicatos de transporte público, que exigen a la Alcaldía aprobar la elevación del costo del pasaje, de 2 a 2,70 bolivianos. El segundo es por el litigio legal por la propiedad del Mercado Mutualista.
En el caso del transporte público, uno de los dirigentes de los micreros, Bismark Daza, anunció que el 3 de febrero, día en el que se programó el inicio de las clases a nivel nacional, se instalará un paro indefinido del transporte, en caso de la que la Alcaldía no apruebe las nuevas tarifas. El dirigente puso como ejemplo, la solución que dio al mismo problema el municipio de Cercado, capital de Cochabamba.
Daza recordó que la demanda viene de hace meses y hasta la fecha el alcalde cruceño, Jhonny Fernández, no responde. “Le estamos dando un plazo al alcalde hasta el 3 de febrero para que emita una norma sobre la tarifa del transporte público”, advirtió Daza.
Mutualista
Por último, el municipio continúa con las disputas legales por la propiedad del Mercado Mutualista, que ahora ha generado controversia entre concejales opositores, como es Juan Carlos Medrano y Federico Morón. El segundo señaló a su colega, por haber facilitado copias de planos a quienes aseguran ser poseer legalmente los predios, la familia Crapuzzi.
En ese contexto, ayer, jueves, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que se designó a un fiscal de esa región para impulsar una investigación de oficio, pero que tiene como antecedente una resolución de una sala constitucional, que apunta a diferentes instancias, debido a las presuntas irregularidades que hay en torno a la propiedad de los predios.
Sobre el tema, el concejal Medrano también es señalado por el ejecutivo edil, por el uso irregular de documentos. El vocero municipal, Bernardo Montenegro, apuntó a Medrano, aseverando que el concejal proporcionó documentación de los terrenos para favorecer a la familia Crapuzzi, e indicó que presentaron una denuncia por falsedad que prevé sancionar a otros funcionarios implicados.
El concejal Medrano replicó las denuncias y sostuvo que “hay que ser muy sinvergüenza” para insinuar que él estuviera involucrado. “A nosotros nos tiene sin cuidado. Lo que sí vamos a iniciar es un proceso a ese funcionario (Montenegro) que trata de desviar la atención diciendo que fuimos con unas copias a solicitar que las legalicen, eso es totalmente falso. Si él me muestra un vídeo donde yo saco documentación de la Alcaldía, yo renuncio ese mismo rato”, apuntó en declaraciones a los medios locales.