Defensoría del Pueblo y Ministerio de Justicia exigen una investigación a las autoridades a cargo del caso de la joven periodista

Mediante un comunicado público, la Defensoría del Pueblo exige que los funcionarios a cargo del caso Nadia, "la joven periodista víctima de una agresión sexual, sean sometidos a una investigación rigurosa, ya que el mal manejo del caso terminó llevando a la afectada a quitarse la vida".

"La Defensoría del Pueblo rechaza rotundamente el inadecuado proceder de la Policía Boliviana y la Fiscalía, y exige que los funcionarios a cargo del caso Nadia sean sometidos a una investigación rigurosa para que los responsables de obstaculizar el cumplimiento del debido proceso en las investigaciones y la retardación de justicia, tengan la sanción debida", reza el mensaje.

No fue la única institución en reclamar por justicia en el caso. Diversas organizaciones de periodistas condenaron tanto la agresión como el mal manejo de las autoridades. 

El Ejecutivo se pronunció. En una conferencia de prensa, el ministro de Justicia, César Siles, aseguró que se trabajará para que tanto el agresor como los policías y fiscales sean sancionados conforme a la ley.

"Vamos a pedir la imposición de las sanciones tanto para quien es el agresor principal de la violación como para quienes no han actuado en su momento conforme a sus legales atribuciones y funciones", manifestó.

En septiembre de 2024, Nadia A. denunció que fue agredida sexualmente por su colega Álvaro V. Cuando intentó presentar la denuncia, la investigadora policial a cargo intentó evitar que lo hiciera, llegando, incluso a decirle a la víctima que "quedaría manchada como mujer". La denuncia fue, finalmente, presentada oficialmente en diciembre. 

En el comunicado, la Defensoría menciona que el 3 de octubre de 2024 la instancia abrió la investigación de oficio en el Sistema de Servicio al Pueblo (SSP). El 4 de octubre, la víctima recibió la atención y valoración médica en el Hospital del Norte, como primera medida. En la misma fecha se puso a conocimiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

En noviembre, según la nota, cuando la investigadora de la Felcv se negó a admitir las declaraciones, la Defensoría del Pueblo exigió respeto a los derechos de la peticionaria y el cumplimiento del  proceso,  enmarcado en la Ley 348, “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia" y el Código Penal, verificando que la denuncia siguiera su curso en la Fiscalía, según el comunicado. Sin embargo, las complicaciones continuaron, con un costo alto para la víctima, quien decidió quitarse la vida el viernes 28 de marzo.

Por ello, en el comunicado, la Defensoría "exige al Órgano Judicial y Policía Boliviana asumir acciones urgentes para reconducir los procedimientos estructurales y acciones de servidores públicos que en lugar de dar celeridad a las investigaciones vulneran el derecho al debido proceso, revictimizan y afectando la dignidad humana y, en último caso, atentan contra el derecho a la vida".

Por su parte, Siles sostuvo que "lo que pasó en las últimas horas es indignante, una denuncia concreta de mala administración de justicia, mala investigación policial, falta de celeridad, incluso podían haber delitos cometidos por policías y por fiscales: denegación de auxilio, incumplimiento de deberes y otros que ahora sí vamos a activar".