Ley Pensante
La Justicia que Nos Debe el Bicentenario
A poco de cumplir dos siglos como República, Bolivia parece más una promesa fallida que un país encaminado hacia la madurez democrática. En un escenario preelectoral tenso, plagado de discursos de odio, traiciones internas, rupturas partidarias y cinismos que se disfrazan de estrategia, el sueño bolivariano de una patria libre, justa y en paz parece una reliquia abandonada en los márgenes del poder.
Lo que alguna vez fue un ideario fundacional de república ha mutado en una lucha descarnada por el control del aparato estatal. Las elecciones ya no son —si alguna vez lo fueron— una fiesta democrática; se han convertido en campos de batalla donde se impone el cálculo, la manipulación del miedo, y la construcción de enemigos internos. Si la justicia debía ser, como decía Bolívar, el eje rector de nuestra vida republicana, hoy es apenas una herramienta instrumentalizada, corroída por intereses que transforman al derecho en excusa y a la ley en arma.
Los ideales de 1825, proclamados entre la sangre y la esperanza, hablaban de libertad, igualdad, y soberanía. Pero hoy, ¿qué clase de libertad ejercemos si la libertad de prensa es asediada, si los ciudadanos temen expresar sus opiniones, si los jueces responden más al poder que a la Constitución? ¿Qué clase de igualdad proclamamos si las diferencias sociales, étnicas y regionales se agudizan y se manipulan políticamente para conservar el dominio? ¿Qué clase de soberanía defendemos si seguimos atados a caudillos reciclados, líderes mesiánicos y pactos tácitos de impunidad?
Bolivia es una república fundada sobre la justicia, pero gobernada por la impunidad. Cada elección revive heridas no cerradas. Cada campaña reabre los abismos que, en lugar de intentar ser superados mediante el debate democrático, se profundizan con discursos de odio, exclusión o revancha. El miedo se ha vuelto un programa político: miedo al otro, al pasado, al futuro, a los cambios. Las propuestas se sustituyen por eslóganes; los principios, por pactos a puerta cerrada; la memoria histórica, por revisionismos utilitarios.
En lugar de avanzar, retrocedemos con pasos elegantes hacia el abismo. La justicia, que debía ser un faro, se ha convertido en una figura decorativa: omnipresente en discursos, ausente en la realidad. Y si la justicia no existe, entonces la paz es una farsa, la concordia un simulacro, y la democracia una ilusión condicionada por la conveniencia.
El mayor problema no es que existan dicotomías políticas. Toda sociedad las tiene. El problema es que estas se han transformado en trincheras irreconciliables. No hay adversarios: hay enemigos. No hay ideas que se debatan: hay etiquetas que se imponen. No hay proyectos de país: hay proyectos de poder. Y en esa lógica, el pueblo deja de ser sujeto político para convertirse en objeto manipulable.
El drama boliviano no es sólo político; es también ético y cultural. Nos acostumbramos al pragmatismo de lo inmoral. Aplaudimos al corrupto que “hizo obra”. Celebramos al traidor si traiciona a quienes odiamos. Y en esa deriva, perdimos algo esencial: la capacidad de indignarnos de verdad.
A las puertas del bicentenario, Bolivia no necesita un nuevo líder carismático. Necesita una refundación ética, una pedagogía de la justicia, una ciudadanía crítica que deje de delegar su destino a quienes prometen lo que no piensan cumplir. Necesitamos menos campañas y más conciencia; menos promesas y más instituciones; menos mitos y más verdad.
Es momento de preguntarnos si queremos seguir atrapados en este eterno retorno de crisis, o si estamos dispuestos, como ciudadanos, a exigir el regreso de la virtud republicana por excelencia: la justicia. Porque sin ella, ninguna elección nos salvará. Porque sin ella, Bolivia seguirá siendo una república sin república, una democracia sin demócratas y un país sin futuro.