Mala reputación, escrutinio y cierre de fuentes de recursos: efectos de entrar a la lista gris del GAFI

La inclusión de Bolivia en la Lista Gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), implica una serie de riesgos posibles. Entre los principales está el daño a la reputación financiera del país, un mayor escrutinio y control a las transacciones internacionales y el posible cierre de fuentes de recursos o créditos.  

“Esto comprometería aún más cualquier posibilidad futura de recuperación (...). En lugar de dejar las puertas abiertas para reconstruir la confianza de los inversores, se cerraría otra vía de acceso a recursos que serán cruciales para quien asuma el próximo gobierno”, dijo a Bloomberg Linea, Jonathan Fortun, economista del Instituto Internacional de Finanzas.  

Este viernes, por segunda vez, el GAFI agregó a Bolivia en su "lista gris" de países sometidos a una supervisión reforzada. Frente a este hecho, el Gobierno argumentó que la medida responde a la falta de una ley contra ganancias ilícitas, recomendada por el organismo internacional en las dos últimas rondas de evaluación mutua.

La lista gris del GAFI implica que un país ha sido identificado con deficiencias estratégicas en su sistema para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, pero ha asumido el compromiso de resolverlas. 

Esto significa que el país está bajo una vigilancia reforzada por parte del GAFI, con un seguimiento intensificado sobre sus políticas y procedimientos. Es decir que al estar en estas listas Bolivia será objeto de un mayor escrutinio internacional, por parte de los países miembros del GAFI. 

Entre otra de las posibles consecuencias están las dificultades en el comercio internacional. Esto se debe a que las relaciones comerciales y financieras con otros países pueden verse afectadas negativamente, ya que las entidades financieras pueden ser más cautelosas al realizar transacciones con los países de la lista gris. 

También, en los casos más graves, podrían haber riesgo de sanciones financieras a las entidades que operan en el país. Asimismo, a todo lo mencionado se suma el daño a la imagen del país a nivel internacional y generar desconfianza en la comunidad financiera. 

En la lista por segunda vez

Para entender el porqué se ingresa a estas listas, es necesario conocer qué es el GAFI y cómo funciona. Este es el organismo intrgubrnamental de vigilancia mundial del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.  Establece normas internacionales destinadas a prevenir estas actividades ilegales y el daño que causan a la sociedad. Trabaja para generar la voluntad política necesaria para llevar a cabo reformas legislativas y reglamentarias nacionales en estos ámbitos.

Cada cierto tiempo, el GAFI realiza las evaluaciones mutuas. Estos son informes nacionales exhaustivos que analizan la implementación y la eficacia de las medidas para combatir el blanqueo de capitales, el terrorismo y la financiación de la proliferación. 

Son revisiones hechas por pares, en las que miembros de diferentes países evalúan a otro país. Estas proporcionan una descripción y un análisis exhaustivos del sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de un país, así como recomendaciones específicas para fortalecerlo.

En 2011, Bolivia fue evaluada en la “3ra Ronda de Evaluaciones Mutuas”. Hasta ese momento Bolivia era parte de la lista gris de la GAFI. Aunque en 2013 se  logró salir de ella, este documento identificó varias falencias. En el documento había al menos cinco recomendaciones puntuales que deberían cumplirse para esta Cuarta Ronda de Evaluación Mutua, que se realizó en 2023.

Entre dichas recomendaciones se indicaba que: “Se debe impulsar una normativa que tipifique el delito de financiamiento del terrorismo en la legislación boliviana”. Aclaraba que esta debe ser acorde a lo establecido en las Convenciones ratificadas por el país, incluidas las de derechos humanos.

Se argumenta que pese de haber ratificado los instrumentos internacionales que obligan a la tipificación del financiamiento del terrorismo, entre ellos el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo de 1999, Bolivia no cuenta con un tipo penal que permita sancionar “efectivamente” esta conducta.

“Debido a este vacío legal, no hay posibilidad alguna de sancionar, ni penal, civil o administrativamente a quien financie el terrorismo, salvo como cómplice del delito de terrorismo de acuerdo a las reglas generales en materia penal. Tampoco es posible sancionar a las personas jurídicas que se presten o sean utilizadas en la comisión del delito de financiamiento del terrorismo”, señalaba aquel informe.

Es por eso que el Gobierno presentó un proyecto de ley que fue rechazado y frenado -en dos oportunidades- por diferentes grupos sociales como empresarios, gremiales y choferes. Con protestas y bloqueos lograron que la propuesta sea inactivada.

En 2022 una comisión del Gafilat realizó una visita de pre-evaluación al país, como parte de la etapa preliminar de la Cuarta Ronda de Evaluación. En una segunda etapa, en 2023 se realizó la visita in situ para la revisión.

El informe emitido hace énfasis en varias observaciones, una de ellas reiteradas e incumplidas recae en la falta de legislación, motivo por el cual el país ingresó a la lista gris nuevamente.