Escándalo
Fiscalía imputa a Castro por presunto consorcio y tráfico de influencias, y allana su oficina
La Fiscalía imputó este martes a Claudia Castro, exvocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, por los delitos de consorcio y tráfico de influencias, en el marco del caso de la manipulación de un fallo judicial. A la vez, las autoridades correspondientes allanaron las oficinas de la abogada en la ciudad de La Paz.
Castro fue aprehendida ayer, lunes. Ella está acusada por haber gestionado y redactado el fallo que después el juez de Coroico Marcelo Lea Plaza iba a emitir, con el cual se destituía a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira.
De acuerdo con la imputación, la Fiscalía señala que Castro en su condición de vocal del TDJ tuvo pleno conocimiento de la existencia de la Acción de Cumplimiento, su tramitación, la celebración de la audiencia en fecha 11 de junio de 2025 por parte del juez de Coroico, e incluso fue parte en la generación de argumentos suficientes para la concesión de tutela y con ello lograr el fin último de suspender a la magistrada del TSJ.
La Fiscalía también solicitó medidas cautelares porque existen suficientes indicios de la participación de la exvocal en el hecho y argumentó riesgos procesales. Pidió que sea trasladada al Centro de Orientación Femenina Obrajes, en la zona Sur de La Paz, con detención preventiva por seis meses.
Así también, el Ministerio Público allanó las oficinas de Castro, y secuestró documentación y computadoras que servirán en la investigación de lo sucedido.
En esta investigación están implicados César Siles, exministro de Justicia, quien precisamente renunció a su cargo días antes de que estalle el caso; Marcelo Lea Plaza, juez de Coroico, que cuenta con detención preventiva por seis meses, Iván Campero, magistrado suplente del TSJ; quien fue aprehendido esta jornada; e Yván Córdova, expresidente del TDJ de La Paz.
La difusión de un audio en el que presuntamente se escucha a Siles coordinando el fallo, se convirtió en una de las principales pruebas de este hecho que, según el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, fue “un golpe al Órgano Judicial".