Gobierno denuncia que Morales está detrás de la convulsión social y anuncia una respuesta para impedir el cerco a las ciudades

El Gobierno nacional denunció que el expresidente Evo Morales se encuentra detrás de las movilizaciones sociales, con el propósito de derrocar al presidente Rodrigo Paz, y anunció una respuesta contundente para procesar a los responsables del uso de recursos económicos ilícitos y a los dirigentes que actúan en coordinación con él para cercar las ciudades.

El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, en conferencia de prensa, dijo que, a partir de la fecha, se realizará una diferenciación entre las demandas legítimas y las que no lo son, y que responden a afanes conspirativos al pretender derrocar al Gobierno electo democráticamente.

También anunció que se impulsarán procesos legales contra el exmandatario, quien enfrenta dos denuncias por el presunto delito de trata de personas agravada.

Advirtió que no se permitirá el cerco a las ciudades. En ese marco, anunció que el Gobierno desplazó un batallón de policías a Yolosita para proceder con el desbloqueo, a pedido de la población de Caranavi. No descartó que se recurra a las Fuerzas Armadas para impedir que las ciudades sean cercadas, aunque aclaró que estas actuarán para evitar excesos.

Difundió dos audios, de varios que fueron capturados por el Departamento de Inteligencia de la Policía Nacional, aclaró, en los que se escucha una voz que sería de Morales y en los que advierte que la situación de convulsión social se irá agravando.

“Yo, yo veo que la situación va a empeorar, va a empeorar esto y, segundo, es para el Gobierno maleante, corrupto (…) tú no quieres, no va a confiar, va a poder, esta semana va a llegar, puede ser esta semanita, pero no va a resolver estructuralmente”, se escucha.

También habla del bloqueo de carreteras en Oruro, Santa Cruz y Cochabamba, y menciona que el día lunes “hay cerco a La Paz, vamos a meter; si La Paz no encabeza esto no va a haber (…)”.

En otra parte del audio, se escucha dar instrucciones para ubicar a 100 jóvenes en cada esquina de la plaza: “se va a hacer pipí los policías”.

En el segundo audio difundido, la voz menciona al dirigente David Vicente, quien está operando; también se escucha el nombre Leonardo, que ya está coordinando. Paredes aclaró que estos y otros audios deben ser certificados por un forense para que tengan validez legal ante la justicia.

El viceministro consideró que Morales quiere recuperar el Estado, el Gobierno y el modelo que fue desarrollado por él, que se sustenta en dos aspectos fundamentales. El primero, el control en base a prebendas, al dinero, a la división de organizaciones y a otros movimientos sociales y sindicatos.

Debido a ello, sostuvo que se viene “peleando contra una aristocracia sindical que tiene muchos privilegios; hay dirigentes que ganan más de 50 mil Bs y, por otro lado, una protección al narcotráfico”.

Explicó que hay una coincidencia entre los sicariatos en Santa Cruz y el intento de Morales de retornar al Gobierno. Por ejemplo, en Caranavi, dijo que por una parte había una marcha con demandas legítimas, de más de 400 personas; sin embargo, cuando se dialogaba sobre sus necesidades, un grupo planteó como objetivo sacar del Gobierno al presidente.

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Se diferenciará la demanda legítima de las actitudes conspirativas

“Ese grupo de personas, que están bloqueando las vías a Caranavi, están haciendo hambrear a la población. Estas personas están ligadas a los interculturales, que reciben el mandato, la consigna, y dejan de lado la demanda de la carretera Santa Bárbara-Caranavi o Caranavi-Beni, porque eso ya fue resuelto por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)”.

También dijo que la demanda de estos grupos ya no es la abrogación de la Ley 1720, cuya eliminación está siendo analizada en la Asamblea Legislativa para que sea abrogada o modificada; pero esa ya no es la demanda, la consigna es “sacar del Gobierno a Rodrigo Paz”.

Ante esta situación, Paredes informó que el Gobierno lo que hará en adelante es separar “lo que es lo conspirativo, lo político y el mandato de Evo Morales y sus empleados, porque él realmente los maneja como sus empleados, de lo que son demandas legítimas”.

Precisó que las demandas legítimas de estas organizaciones serán atendidas y puestas en agenda; pero, frente a las actitudes conspirativas, advirtió que el Gobierno trabajará en tres ejes. Primero, se identificarán los delitos; ese es un punto central, porque se están cometiendo algunos delitos y el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que trabajar.

En segundo lugar, se identificará el dinero ilícito que está siendo utilizado en estas actividades. Al respecto, manifestó que ya se tienen identificadas dos fuentes de financiamiento que utiliza esta organización ilícita, que financia semejante movimiento de personas en bloqueos y marchas. Una vez identificado el origen de los recursos, se harán las demandas judiciales correspondientes, afirmó.

En tercer lugar, “tenemos que identificar a los actores; hay personas que están cometiendo delitos”, dijo al mencionar que la Constitución Política del Estado (CPE) reconoce el derecho a la protesta, a la reunión y a la manifestación; pero también el libre tránsito y la circulación de todos los ciudadanos.

Adicionalmente, mencionó la Sentencia Constitucional 0721/2024-S2, que regula el derecho a la protesta y hace respetar el derecho a la circulación.

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Caranavi está cerca de sufrir una hambruna

Paredes se refirió a la situación que se vive en Caranavi, donde se realiza el bloqueo por parte de los interculturales desde hace aproximadamente dos semanas. Al respecto, aseguró que “está en una situación cercana a la hambruna; la garrafa está costando 140 Bs, hay escasez de alimentos, el pueblo está realmente enardecido. Ha habido anoche una refriega y creo que han logrado hacer levantar dos puntos de bloqueo”, afirmó.

Al respecto, adelantó que esta noche llegará una comisión de los movilizados. El Gobierno hablará con ellos y se les dirá que todas sus demandas fueron atendidas y que no tiene sentido impedir el paso de oxígeno al hospital, garrafas de gas, gasolina y diésel.

Advirtió que, en caso de que estas personas no desistan de sus acciones de protesta, se aplicará la ley, en el marco de lo que dispone la CPE.

En cuanto al bloqueo en Yolosita, en la zona Santa Elena, informó que ya se desplazó un batallón de policías y que, en caso de que no sea resuelta esa negociación, a pedido de la población de Caranavi, “vamos a hacer operativos para desbloquear esa carretera. No podemos perjudicar a todo el norte de La Paz y a la población de Beni”, advirtió.

Respecto a Morales, mencionó que enfrenta un caso de “pedofilia” en Bolivia y que “estamos viendo qué operativo se puede hacer para obligarlo a que se presente ante el juez competente. El otro caso, en Argentina, también es de pedofilia; creo que son muchas más niñas afectadas y vamos a coordinar con las autoridades argentinas justamente para ver en qué estado está esta situación”.

En cuanto al supuesto manejo de recursos ilícitos para organizar las protestas, dijo que “hay una actitud altamente conspirativa, manejo de recursos ilícitos; vamos a configurar un nuevo caso que va a ser llevado a la justicia ordinaria”.

Paredes afirmó que el Gobierno evitará el cerco a las ciudades, a partir de la información colectada, y sostuvo que “es posible que pidamos la intervención de las Fuerzas Armadas, pero no en un escenario de armas letales, sino para persuadir y evitar excesos”.