Corrupción
Exinterventor de Epsas va a juicio por 58 supuestas contrataciones en "cargos inexistentes" y por dar salarios "exorbitantes"
El exinterventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas S. A.), el exgerente de operaciones y un ex técnico asesor, los tres funcionarios de la gestión 2021, deben comparecer ante la justicia por el juicio iniciado contra ellos por el despido de 21 trabajadores y la contratación de 58 personas en cargos no existentes y salarios elevados.
El proceso está promovido por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y el Viceministerio de Transparencia por los delitos de "incumplimiento de deberes, nombramientos ilegales y uso indebido de influencias", de acuerdo a la resolución de acusación formal Nº 09/2024, a la que Visión 360 tuvo acceso, firmada por la fiscal Grecia Callisaya, el 30 de septiembre de 2024.
Los acusados son el exinterventor Miguel Ángel Gonzales; el ex asesor técnico, William Rioja, y el ex gerente de operaciones, Jorge Vía. Los tres sindicados estuvieron en el cargo solo un mes. Gonzáles, en contacto con Visión 360, desvirtuó la veracidad de las acusaciones.
El consultor en agua y saneamiento, José María Herbas, detalló que este caso data de la gestión 2021, cuando Gonzales (actual funcionario de la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH), “incurrió en una serie de arbitrariedades luego de ser posesionado en el cargo y, sin el conocimiento del Ministerio del Agua, determinó efectuar una restructuración del organigrama de la empresa, creando cargos inexistentes y despidiendo injustificadamente a personal ‘clave’ de la empresa. Por ello determinaron destituirlo, argumentando que estos ex funcionarios ponían en riesgo la prestación del servicio”, afirmó Herbas.
Tal como figura en la relación de hechos expuestos por la Fiscalía, entre enero y abril de 2021, Gonzales, “comenzó a despedir de manera injustificada a 21 trabajadores de planta”, lo que generó un daño económico por el pago de finiquitos y posterior reincorporación.
“Así también omitió todo proceso administrativo para incorporar nuevo personal, contratando a 58 personas en cargos de planta y creó cargos inexistentes fuera de la estructura de Epsas S.A. a quienes incrementó el sueldo fuera de la escala salarial, de cuyas personas, en su mayoría, no se encontraron sus contratos, memorandos, ni solicitudes de contratación”, señala la resolución fiscal.
Contraparte
En contacto con este medio de comunicación, Gonzales afirmó que la acusación en su contra se trató de “un golpe muy bien digitado” por parte de un grupo de trabajadores de Epsas S. A., quienes vieron sus intereses afectados.
Explicó que durante su gestión se actuó en el marco de sus competencias, pues de acuerdo a la normativa, el interventor tiene todas las facultades legales para decidir por la desvinculación del personal que considere necesario. En su gestión, manifestó Gonzales, pretendía eliminar clanes que se beneficiaron con contrataciones y puestos de trabajo, los cuales hacían que se incremente el gasto.
“En ningún momento se ha podido generar un daño económico al Estado. Lastimosamente este proceso ha sido armado y digitado por gente involucrada en una serie de irregularidades que nadie se puso a investigar. Solo darle un ejemplo, en mi gestión (que solo fue de un mes) se encontró 33 casos de nepotismo y son temas que no les gustó que se corten”, manifestó Gonzales, en contacto con Visión 360.
Sueldos elevados
La acusación fiscal sostiene que Gonzales contrató de manera irregular a William Rioja como “asesor técnico”, un “cargo “inexistente en la estructura de Epsas”, con un salario “exorbitante de 17.810 bolivianos (sueldo de gerente)”.
De la misma forma, se detalla que Guido Jorge Vía, Guzmán, fue contratado por Gonzales en el cargo de Gerente de Operaciones, con el mismo salario, 17.810 bolivianos, “quien también sostuvo un proceso laboral pendiente con Epsas, cuyo proceso fue patrocinado por el abogado Polanski Cerruto Beltrán, quien de igual forma fue contratado por el interventor, aspectos evidentemente irregulares que generaron un daño a la empresa por 619.593 bolivianos”, concluye la relación de hechos.
Críticas
Según Herbas, los abogados de Epsas S. A. “convenientemente” no promovieron más diligencias investigativas, tampoco se convocó a testigos inmediatos de estos hechos de corrupción. No obstante, de que Epsas es la víctima por el daño económico generado por los tres imputados.
“Y resulta demasiada casualidad que precisamente los interventores sucesores del ex interventor Miguel Ángel Gonzales Quispe, fueron sus ‘amigos’: Gonzalo Bladimir Iraizos, Jaime Gutiérrez Quevedo y Alfredo Ayala Fernández, mismos que por esta afinidad no han promovido ninguna otra acción más, ni siquiera aceleraron este proceso, llamando la atención que los sucesivos jefes jurídicos de esta empresa y en especial de la funcionaria abogada Olivia Marce Fernández, quien fungió como responsable de las acusas penales, junto al ex interventor Iraizos (quien también cuenta con varias imputaciones y orden de apremio por ilícitos contra Epsas), haya omitido sus funciones y deberes dentro este proceso en defensa de los intereses del Estado boliviano y la empresa intervenida”, aseveró Herbas.