Investigación
Consorcio judicial: Amplían la reserva del caso luego de tomar la declaración a dos asesores del exminstro Siles
La reserva del caso de consorcio judicial fue ampliada por segunda vez, por otros 10 días, desde el viernes 27 de junio. El hecho se registró luego de que se tomó la declaración de dos asesores del exminstro de Justicia, César Siles, quienes se presentaron ante la Fiscalía el día viernes, al igual que el exministro Iván Lima y el exviceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga.
La ampliación de la reserva fue confirmada a Visión 360 por el abogado Eduardo León, quien cuestionó esa determinación judicial, debido que también se ha restringido la información del caso a los involucrados y se desconoce los últimos actos investigativos de la Fiscalía.
Recordemos que en este caso se declaró la primera reserva el 13 de junio, cuando ya se tenía al primer aprehendido, el juez de Coroico, Marcelo Lea Plaza, que dos días antes fue detenidos en ese municipio, luego de dictar una resolución de una acción de cumplimiento, que tenía como fin la suspensión del cargo de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira.
Pese a esa declaratoria de reserva, dos días después se conoció que el caso implicaba a otras siete personas: la personas que presentó la acción de libertad, Antonio de la Fuente (prófugo); el abogado de De la Fuente, José Uriarte (con detención domiciliaria); el funcionario judicial de la plataforma del Tribunal de Justicia de Coroico, Sergio Sarmiento (con detención domiciliaria); la exvocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Claudia Castro (con detención preventiva); el expresidente del TDJ, Yván Córdova (con detención domiciliaria), el exministro de Justicia, César Siles (con detención preventiva) y el magistrado suplente de Coaquira, Iván Campero (con detención domiciliaria).
Lea Plaza fue imputado por consorcio entre responsables del servicio de justicia, incumplimiento de deberes, falsificación de sellos y firmas, además de porte ilegal de armas. Debido a la variedad y el grado de participación, varían los delitos imputados a cada uno de los implicados, sin embargo, a la mayoría se la sindica por consorcio.
Más testigos
Luego de procesar a ese primer grupo de personas, los fiscales del caso, Magali Bustamante y Fernando Espinoza convocaron a declarar, en calidad de testigos, al exministro de Justicia, Iván Lima; al exviceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga y a dos abogados señalados como asesores del exminstro Siles, Luis Chura y Carlos Vacaflor.
Precisamente, debido a la reserva, aún no se puede conocer las razones por las que fueron convocados los cuatro testigos, quienes luego de dar su declaración fueron liberados.
En este caso, según la declaración de Lea Plaza y el magistrado suplente Campero, la exvocal Castro organizó reuniones desde mayo, para tratar la forma de alejar del cargo a Coaquira. Dos de esas reuniones se dieron en la oficina particular del familiar de otro vocal del TDJ La Paz, Edgar Ordoñez.
Al lugar asistieron, según la versión de los implicados, dos abogados que no fueron identificados inicialmente, pero que ahora se espera sean llamados a declarar, según expresó León.
Renuncias
Por otra parte, el delegado del Consejo de la Magistratura, Marco Antonio Cárdenas, informó que el TSJ aceptó las renuncias que presentaron el expresidente del TDJ de La Paz, Córdova, y la exvocal Castro.
“Los vocales sí han presentado sus renuncias, la doctora Claudia Castro y el doctor Yván Córdova, mismas que han sido aceptadas en el Tribunal Supremo de Justicia; nos han remitido justamente las aceptaciones de esas renuncias, es decir, que ya no serían parte del Tribunal Departamental de Justicia”, informó Cárdenas.
En el caso de Lea Plaza, detalló que este fue suspendido del cargo y se inició un proceso disciplinario paralelo al proceso penal, por el que ya está detenido en el penal de San Pedro.
Cárdenas también explicó que Iván Campero aún es considerado magistrado suplente de Coaquira, porque este aún no es un funcionario, por lo que la Magistratura no puede asumir ninguna medida disciplinaria en su contra.