Ante denuncias
Al igual que Arce, el ministro de Hidrocarburos niega haber presionado a los legisladores para que aprueben los contratos
El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, negó este jueves que el Ejecutivo esté presionando a los legisladores para que aprueben los contratos del litio firmados con dos empresas, una china y otra rusa.
La autoridad se pronunció en esos términos ante las declaraciones de legisladores, entre ellos Lissa Claros, de Comunidad Ciudadana (CC), quien dijo que corrieron “maletines” para la aprobación de los contratos, además señaló que el Gobierno recibió pagos para impulsar la vigencia de esos instrumentos legales.
Horas antes, el presidente Luis Arce negó que desde el Ejecutivo se esté ejerciendo alguna presión para la aprobación de los contratos para industrializar el litio con empresas de China y Rusia, porque es tarea de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) rechazar o validar los mismos.
Gallardo señaló que los contratos suscritos con las empresas Uranium One Group, de Rusia, y CBC, de China, fueron entregados a la Asamblea en 2024, y ahora es responsabilidad del Órgano Legislativo definir si el país accede o no a una inversión superior a los $us 2.000 millones.
Indicó que, una vez que sean aprobados los contratos, se avanzará en el diseño final de los proyectos. Posteriormente, si se confirma su factibilidad técnica, se ingresará a la fase de ejecución y, finalmente, a la etapa de producción con operación y mantenimiento.
Asimismo, enfatizó que estos contratos solo comprometen el 1,64% del total de los recursos de litio certificados en el salar de Uyuni, estimados en 21 millones de toneladas certificadas.
“Estamos hablando de un porcentaje pequeño, que abre la posibilidad de que otras empresas internacionales, que ya firmaron convenios, también avancen hacia la inversión”, sostuvo.
Sobre la consulta pública, un aspecto que también reclaman los cívicos de Potosí, la autoridad señaló: “La consulta y participación se realiza una vez que se tenga la ubicación exacta del proyecto, lo cual será determinado en la primera etapa, con el estudio de factibilidad. Solo entonces se cumplirán todos los pasos del marco ambiental, incluidos los permisos correspondientes”.
En la actualidad, el tratamiento de ambos contratos está paralizado, el suscrito con la empresa china se encuentra en la Asamblea Legislativa, mientras que el firmado con la compañía rusa está en la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados.