La Fiscalía solicita tres meses de detención preventiva para el exministro de Medio Ambiente y Agua

El Ministerio Público solicita tres meses de detención preventiva para Alan Lisperguer, exministro de Medio Ambiente y Agua, quien fue destituido por el presidente Luis Arce en enero, tras acusaciones de corrupción y en medio de un escándalo por abusos laborales en una dependencia de la cartera. La audiencia de medidas cautelares de la exautoridad está programada para este sábado 16 de agosto a las 08.00.

“Hoy se hizo la imputación correspondiente. El Ministerio Público solicitará tres meses de detención preventiva en la audiencia. El delito de incumplimiento de deberes está vinculado a su gestión, ya que habría designado a personas que no cumplían los requisitos para ciertos cargos”, informó a Unitel el fiscal del caso, Armando Rojas.

El funcionario judicial dijo que también citarán a otras personas implicadas en los hechos irregulares relacionados con el exministro de Luis Arce. “Tenemos varias personas investigadas, pero por respeto no revelaremos sus identidades por ahora. Todas las personas vinculadas a este caso serán convocadas”, indicó.

Por su parte, el abogado Abel Loma, que sigue el caso, indicó que la Fiscalía solicitó tres meses de detención preventiva, bajo el argumento de riesgo de fuga. “No correspondían estos tipos penales, pero respetamos el trabajo de la Fiscalía. La imputación ha sido presentada y solo aguardamos la audiencia, que imaginamos será el día de mañana”, declaró Loma a la Red Uno.

Lisperguer fue detenido el jueves 14 de agosto en Cochabamba al mediodía. En la tarde fue trasladado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Alan Lisperguer fue ministro de Medio Ambiente y Agua desde marzo de 2024 hasta enero de este año. Fue destituido por el presidente Luis Arce tras hacerse pública la admisión de una denuncia en su contra por presuntamente falsear datos en su declaración jurada ante la Contraloría General del Estado, además de un presunto incremento desproporcionado de su patrimonio.

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El Ministerio Público aceptó el caso, luego de que se detectarán “movimientos inusuales” en sus cuentas bancarias. Su caída coincidió, además, con un escándalo de mal uso de propiedad del estado y acoso laboral, protagonizado por el director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap),  Johnson Jiménez, también destituido en enero.

Por su parte, el exministro señaló que la denuncia en su contra “es falsa”. “Es una falsa denuncia de este Gobierno. Vamos a demostrar lo contrario, pero tenemos que someternos a este procedimiento judicial, que es una motivación política”, afirmó el exministro a los medios.

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El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, rechazó las afirmaciones de su excolega y negó que el Gobierno esté detrás del proceso en su contra. “Rechazamos cualquier afirmación o pronunciamiento que insinúe que el Gobierno nacional está detrás de los actos investigativos que se están desarrollando”, afirmó la autoridad en una conferencia de prensa.