Recurso
Arce advierte que suspensión de contratos de litio genera un precedente negativo para futuras inversiones en el sector energético
El presidente del Estado, Luis Arce, advirtió este jueves que la suspensión del tratamiento de los proyectos de ley de contratos de litio con empresas de Rusia y China será un precedente negativo que perjudicará en la atracción de nuevas inversiones en el sector, en hidrocarburos y minería, por la judicialización de la economía.
El miércoles, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó que, en respuesta a la medida cautelar interpuesta por la institución defensorial, el Tribunal Agroambiental de La Paz, determinó la suspensión momentánea del tratamiento de los proyectos de Ley 197/2024-2025 y 170/2024-2025, relacionados con la explotación del litio.
La decisión judicial estará vigente hasta que las autoridades administrativas cumplan con requisitos vinculados a la protección de los recursos hídricos, el medio ambiente y la consulta previa, libre e informada a los territorios indígenas de Nor Lípez y del Sudoeste de Potosí.
Arce sostuvo que esta decisión es una mala señal, porque los contratos iban a significar una inversión de dos mil millones de dólares y porque está en marcha una segunda convocatoria y se procesan las propuestas de otros países que se han presentado para trabajar en la industrialización del litio.
“Esto va tener un precedente negativo no solo en litio, sino en la minería e hidrocarburos, porque es la misma modalidad de contratos, está en la normativa vigente y se debe cumplir. El problema central está en que se desconoce, y se está poniendo en riesgo la inversión en minería, en hidrocarburos donde se otorga la cuadrilla o la concesión”, indicó.
Recordó que en el litio se aplica la misma lógica, se firman contratos con empresas de recursos evaporíticos y una vez aprobados por la Asamblea Legislativa, recién se lleva adelante el proyecto, estableciendo claramente la ficha ambiental y las tareas (de remediación), para paliar el efecto negativo que puede tener la explotación en el medio ambiente el proyecto. ”No es un tema general como plantea la Defensoría”, observó.
Aseguró que hay desconocimiento de cómo se firman los contratos de recursos naturales, por lo que se pone en riesgo no solo los que se están impulsando ahora, sino los que se puedan suscribir en el futuro. “Nosotros vemos que el tema va entorpecer la inversión extranjera directa que tanto han pregonando los partidos en las elecciones. Se está poniendo en contraposición el órgano Judicial contra el órgano Legislativo, porque los contratos de litio aún no están vigentes”, subrayó Arce.
El contrato de servicios con el consorcio Hong Kong CBS Investment Limited - Sucursal Bolivia y YLB prevé implementar dos plantas industriales, cada una en dos fases, una con capacidad de 25.000 toneladas métrica/año (TM/año) y otra de 10.000 toneladas métricas/año, con una inversión de 1.030 millones de dólares.
Mientras que el contrato de asociación accidental entre YLB (Yacimientos de Litio bolivianos) y la firma rusa Uranium One Group, Joint-Stock Company Sucursal Bolivia, prevé implementar una planta industrial para la producción de 14.000 toneladas métricas por año (TM/año) de carbonato de litio, en tres fases, con una inversión de más de 975 millones de dólares.
La Resolución Judicial determina:
1. La suspensión momentánea del tratamiento los Proyectos de Ley: PL 197/2024-2025 “contratos de servicios para la producción de carbonato de Litio en el Salar de Uyuni del departamento de Potosí” suscritos por YLB con las empresas Hong Kong CBS Investment Limited - Sucursal Bolivia y el Proyecto de Ley PL 170/2024-2025 “Contratos de Asociación Accidental para el desarrollo de una planta de extracción directa del Litio - EDL y carbonato de litio del salar de Uyuni del departamento de Potosí”, suscritos por YLB, con la empresas Hong Kong CBS Investment Limited - Sucursal Bolivia y La empresa Uranium One Group Joint Stock Company Sucursal Bolivia hasta que las autoridades administrativas cumplan con las siguientes acciones:
- Realizar Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y acumulativo de impactos ambientales, sociales, culturales y económicos respecto al uso, aprovechamiento y aprovisionamiento del líquido elemento del agua.
- Realizar Estudio de Evaluación Integral sobre la disponibilidad de recursos naturales para el aprovechamiento y la industrialización, concretamente en cuanto al manejo de agua subterránea y aguas fósiles en las áreas en las que ha de tener influencia la ejecución de los proyectos previstos en los dos contratos antes señalados.
Realizar estudio de evaluación ambiental estratégica del aprovechamiento de recursos naturales estratégicos, precintando el área de influencia efectiva en los territorios indígena originario campesinos de Nor Lipez y del sudoeste de Potosí debiendo considerar los siguientes aspectos:
a) Las visiones de desarrollo de los sectores y actores que mantienen y sostienen el desarrollo rural productivo en los planes, programas y proyectos de desarrollo productivo alternativos (turismo, no metales y minerales no convencionales, energía solar y geotérmica).
b) Alternativas tecnológicas de industrialización de los recursos naturales renovables y no renovables, que promuevan los derechos sobre el agua para la vida, el conjunto de derechos de la Madre Tierra para la preservar los derechos de las futuras generaciones.
c) Escenarios de inversión, generación de ingresos y desarrollo económico social que garanticen el desarrollo de capacidades locales, regionales y nacionales para la no dependencia de tecnologías que sean compatibles en su mayor grado con la visión de desarrollo sostenibles y sustentable.
2. La realización de informes técnicos científicos sobre la disponibilidad de recursos naturales para el aprovechamiento e industrialización, principalmente de aguas fósiles en las aéreas de influencia de proyectos sectoriales.
a) Se dispone que previa a la aprobación de los dos proyectos de ley se garantice el proceso continuo y efectivo de consulta previa libre e informada previo consentimiento de los territorios indígenas originarios campesinos de Nor Lipez y del Sudoeste de Potosí
Callisaya remarcó que estas acciones emprendidas por la Defensoría del Pueblo están enmarcadas en la defensa de los derechos humanos y ambientales, así como en el cumplimiento del Acuerdo de Escazú y otros tratados internacionales suscritos por el Estado boliviano.