Justicia
El TSJ instruye revisar cumplimiento de plazos de detención preventiva de Añez, Camacho y Pumari
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió un instructivo para que todos los tribunales departamentales de justicia verifiquen el cumplimiento de plazos de la detención preventiva de la expresidenta Jeanine Añez, del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y del dirigente cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, en todos los procesos en su contra.
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, explicó que esta revisión debe realizarse en un plazo máximo de 24 horas desde que los jueces reciban la orden. La finalidad es verificar si se están respetando los plazos legales para mantener la detención preventiva de estos tres exlíderes políticos, que con la instrucción podrían recuperar su libertad.
La resolución expone como argumento el cumplimiento de lo establecido en el artículo 3, numerales 2, 3, 4 y 12 y en marco de las atribuciones legales conferidas en el art. 40 numeral 4 de la Ley 025 (ley del Órgano Judicial), siendo una facultad privativa de la Presidencia del TSJ el “velar por la correcta y pronta administración de justicia en todos los Tribunales Departamentales y juzgados públicos del Estado Plurinacional”.
La acción se fundamenta en leyes nacionales y tratados internacionales de derechos humanos que garantizan que las personas detenidas tengan un juicio justo y que no se prolongue innecesariamente la prisión preventiva.
Dicha instrucción determina que, para efectos de su materialización, a través de los jueces que ejercen control jurisdiccional en cada uno de los procesos citados, “realicen inclusive de oficio la verificación de lo ahora dispuesto, procediendo a resolver lo que en derecho corresponda”.
El abogado del gobernador cruceño, Martín Camacho, dijo se ha tomado “con alegría” la disposición por el TSJ porque “permite que se restituya el estado de derecho”, que ahora “actúa de manera independiente y razonable”.
“Cumpliremos con los procedimientos, pero además estamos viendo las vías legales a través de las solicitudes a la cesación de detención preventiva, pero el instructivo es claro y dice que puede hacerse la revisión aún de oficio”, declaró el defensor a Unitel.
En el caso del gobernador ha sido excedida de forma abundante”, dijo el abogado, por lo que ahora se espera es “la liberación” de Camacho, pues el plazo de cualquier detención preventiva es de seis meses.
“En diciembre se cumplirán tres años, entonces hay una detención preventiva ya arbitraria tanto en el caso golpe I y el paro de 36 días”, señaló el jurista, sobre dos de los procesos que enfrenta el gobernador cruceño.