Legisladores electos acuerdan con la CAO una agenda para abordar temas como combustibles, transgénicos y ley antibloqueo

Los diputados y senadores electos, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y representantes del sector productivo y la sociedad civil firmaron un "pacto por la democracia y la gobernabilidad" para abordar una agenda que aborde temas como la provisión de gasolina y diésel, el impulso al uso de transgénicos, la elaboración y aprobación de una ley contra bloqueos y la revisión de la función económica social de la tierra, para que amplíe a 10 años.

El encuentro se realizó este lunes en la ciudad de Santa Cruz y la iniciativa se dio luego de que el pasado 25 de junio de 2025, después de 23 años, se llevó a cabo en la CAO el Foro Presidencial Agropecuario “Decisiones que Cosechan Futuro”, en el cual los entonces candidatos se comprometieron públicamente a volver a reunirse, una vez concluidas las elecciones, para sellar un "pacto nacional" en beneficio del sector. 

En ese encuentro no había participado el candidato Rodrigo Paz, quien finalmente ganó las elecciones. 

De acuerdo con la CAO, Bolivia enfrenta una profunda crisis económica, social e institucional, la cual exige "acuerdos mínimos de gobernabilidad, respeto a las diferencias, búsqueda de consensos y una visión compartida de país que priorice el bienestar de todos los bolivianos".

Los agropecuarios propusieron trabajar en una agenda conjunta con toda la bancada parlamentaria cruceña, más el nuevo presidente electo en la segunda vuelta, que contemple de manera prioritaria:

- Seguridad jurídica (normas que respalden a inversionistas).

- Acceso y desarrollo de la biotecnología (uso de transgénicos).

- Respeto y protección del derecho a la propiedad privada (contra avasallamientos).

- Respeto al derecho a la libertad de trabajo.

- Elaboración y aprobación de una Ley contra los bloqueos de carreteras.

- Garantía de provisión oportuna de combustibles, diésel y gasolina.

- Medidas de estabilización de la economía nacional.

- Actualización y fortalecimiento de la Ley General del Trabajo.

- Todas aquellas políticas y normativas relacionadas con el desarrollo del sector agropecuario nacional.

- Impulsar una agenda nacional de unidad, priorizando la recuperación económica y productiva, la lucha contra la corrupción, la estabilidad política y social, y la construcción de un futuro con justicia y oportunidades para todos los bolivianos.

Normas

En el encuentro con los legisladores electos, la CAO propuso la necesidad de un decreto que viabilice el pronto uso de transgénicos o de Organismos Genéticamente Modificados (OGMs), que tengan historial de aprobación y uso seguro en otros países. Es decir, que ya no habría la necesidad de ser analizados o probados en Bolivia

Considerar la situación de emergencia económica y climática, la necesidad de herramientas, químicas o tecnológicas, que junto a las buenas prácticas agrícolas y la seguridad jurídica sobre la tierra, ayuden al agricultor a producir más en el mismo espacio de tierra.

Los agropecuarios pidieron también una ley para que la verificación o inspección para comprobar que un terreno cumple con la función económica y social se realice cada 10 años, en lugar de cada dos años como se hace actualmente. La justificación es que los dos años restringen las inversiones de largo plazo para elevar la productividad que algunos propietarios quieran realizar, por lo que, argumentan, que la norma actual genera alta inseguridad al propietario y al financiador.

También quieren una ley para levantar por cinco años el IVA y el arancel a las importaciones de maquinaria, equipo, insumos y genética; una norma de liberación de exportaciones, levantar cupos, bandas de precios y restricciones en el mercado interno. Todo ello beneficiaría especialmente a los grandes agricultores.

Piden leyes para institucionalizar el Servicios de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), la Autoridad de Tierras y Bosques (ABT), el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria (INIAF); otra ley para el control y aumento de pena del delito de abigeato y el delito de avasallamiento; una norma para sancionar el sacar al diésel como sustancia controlada.

También mencionaron la necesidad de que se abrogue la competencia del Viceministerio de Tierras para impugnar las resoluciones finales y los títulos ejecutoriales de la propiedad agropecuaria y la derogación de normas que, consideran, van contra sus intereses.