2025-10-08

Crisis judicial

Rodríguez Veltzé afirma que magistrados prorrogados terminaron su mandato en 2023 y no gozan de juicio de corte

El exmandatario manifestó que el Fiscal General del Estado está obligado a promover una acción penal pública ante una denuncia contra las autoridades observadas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

El exmandatario y ex presidente de la entonces Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, afirmó desde su cuenta en “X” que los magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) cesaron en sus funciones el 31 de diciembre de 2023 y que no gozan del fuero de juicio de responsabilidades.

El expresidente manifestó que el fiscal general del Estado está obligado a promover una acción penal pública ante una denuncia contra las autoridades observadas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“Los cinco exmagistrados cesaron en su mandato el 31.12.23. Desde entonces ya no gozan de juicio de responsabilidades bajo las Leyes 044 y 612. El Fiscal General está obligado a promover acción penal pública por denuncia. No hacerlo es avalar la ‘auto prórroga’”.

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El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó este miércoles que el Ministerio Público recibió la denuncia presentada por el presidente del TSJ, Romer Saucedo, contra los magistrados autoprorrogados del TCP. Sin embargo, explicó que la denuncia fue remitida a la presidencia de la Cámara de Diputados, ya que la Fiscalía no tiene competencia para procesar a esas altas autoridades.

En ese contexto, Rodríguez Veltzé afirmó que la determinación asumida la tarde de este miércoles “no lo exime de pronunciarse” sobre la situación de los magistrados autoprorrogados del TCP.

Sostuvo que, como máxima autoridad del Ministerio Público, su deber es “promover la acción de justicia, defender la legalidad y los intereses del Estado y de la sociedad”.

“La decisión ‘procesal’ del Fiscal General, Roger Mariaca no lo exime de pronunciarse sobre la situación de los ‘auto prorrogados’ en el TCP. Su obligación constitucional es promover la acción de la Justicia, defender la legalidad, los intereses del Estado y la sociedad. ¿Seguirá el Ministerio Público avalando la usurpación de funciones jurisdiccionales?”, cuestionó.

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