Norma
En una polémica última sesión, la Asamblea Legislativa sanciona la ley de diferimiento de créditos
La última sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), como ocurrió durante los últimos cinco años, no estuvo exenta de polémica, reproches, y ataques entre legisladores oficialistas y opositores. Y este viernes, en su última sesión, los diputados aprobaron el Proyecto de Ley CD N° 547/2024-2025, denominado “Ley Excepcional de Suspensión Temporal de Embargos y Ejecución de Sentencias de Procesos Judiciales por Créditos de Vivienda de Interés Social”, por 76 votos de los asambleístas, más de los dos tercios necesarios.
“Se necesitaban 53 votos para mayoría, tenemos 76 votos a favor, más de dos tercios”, dijo el senador secretario Roberto Padilla. El proyecto de ley que se votó no incluye las observaciones realizadas en el Senado.
Luego, Choquehuanca anunció: “Queda aprobado el proyecto de ley conforme a la redacción aprobada en la Cámara de Diputados, por lo que queda sancionada, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales”.
En esta última sesión de este viernes, en la que diputados y senadores trataron de forma conjunta la ley de diferimiento de créditos, el blanco de las críticas de los opositores fue el presidente de la ALP, David Choquehuanca, a quien reclamaron que “nunca supo dirigir las sesiones” y le pidieron que al menos en esta última “muestre algo de dignidad”.
“Choquehuanca, ponga orden”
A su vez, la diputada Luisa Nayar, de Comunidad Ciudadana (CC), pidió en al menos tres ocasiones a Choquehuanca que ponga orden en la sala y acusó a los legisladores oficialistas "que no hacen nada bien”.
“Lloren masistas, chillen, ya se van; ustedes, ‘evistas’, ‘arcistas’ y ‘androniquistas’ son los responsables de esta crisis y debacle en la que nos encontramos”, reclamó. “Son tan cínicos que vienen a hablar de soluciones, cuando esto (el crédito) no es la solución; este proyecto de ley lo único que va a hacer es generar una mayor crisis económica”.
Ante los reclamos, Choquehuanca, afirmó: “Esta es la última sesión, por favor cuidaremos la imagen de esta Asamblea. Guardemos el respeto”.
El diputado Miguel Roca, también de CC, atacó duramente a los asambleístas del MAS, a quienes tildó de abusivos y de aprobar leyes durante toda la gestión, basándose en la mayoría simple y reclamó que solo al final repusieron los dos tercios.
Los legisladores opositores, entre ellos Centa Rek, de Creemos, consideraron que antes de su aprobación el proyecto debía remitirse al Tribunal Constitucional para una consulta y advirtieron que la norma empeorará la crisis económica, sobre todo de las familias.
“Aquí nadie es menos” y colegas “sinvergüenzas”
Durante su intervención, el diputado Quintín Villazón, del MAS, dijo: ”Tenemos que aprender a escucharnos, la tolerancia está entre nosotros; es la última sesión y demostremos que tenemos dignidad, conocimiento y capacidad. Nadie es menos acá, todos somos iguales ante la ley". Calificó la norma como “una ley social que protegerá los derechos de los prestatarios”.
Mientras, la asambleísta, también del MAS, Olivia Guachalla, espetó: “Yo no quería venir a esta última sesión, realmente, a ver la cara de algunos colegas sinvergüenzas, que por un lado dicen que van a apoyar al pueblo y, por otro, jamás han votado ni por crédito ni por una ley social”.
El 24 de octubre, la Cámara de Diputados rechazó las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley de diferimiento de créditos, por lo que la propuesta fue remitida al pleno de la Asamblea Legislativa para su resolución final.
A su turno, la senadora Andrea Barrientos, de CC, explicó que esta ley de diferimiento no se justifica, puesto que de 1,9 millones de bolivianos que adquirieron créditos, solo 45 mil se encuentran en mora.
“Con este crédito quien se perjudica es el ahorrista”, dijo la senadora.
Esta ley excepcional plantea que, durante un periodo establecido de seis meses, no se ejecutarán embargos ni desalojos relacionados con créditos de vivienda de interés social, tampoco se iniciarán procesos coercitivos por deudas contraídas por micro y pequeñas unidades económicas.
Asimismo, se otorga un periodo de gracia a los beneficiarios de dichos créditos, con el fin de aliviar su carga financiera y promover la estabilidad social y económica.