Nuevo Legislativo
PDC impulsa proyecto de ley para "revertir" efectos de la ley de diferimiento de créditos
El diputado electo del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Manolo Rojas, anunció el lunes la elaboración de un proyecto de ley que busca derogar la Ley de Diferimiento de Créditos, sancionada por la Asamblea Legislativa saliente.
El legislador electo -en una entrevista con Red Uno- indicó que la normativa actual, promovida por la anterior mayoría, fue aprobada "a la rápida" y tiene la intención de "dejar incendiado todo el sistema financiero en Bolivia".
Señaló que el texto que preparó será puesto a disposición de la bancada de su partido, este martes, pero aclaró que la propuesta no busca la eliminación total de la norma, para no afectar los derechos ya conquistados por quienes están en verdadera crisis, sino derogarla y corregir sus falencias.
Mesas de diálogo
Explicó que primero se deben instalar mesas de diálogo tripartitas a partir del 8 de noviembre, entre banqueros, prestatarios y usuarios para identificar casos específicos de crisis y evitar soluciones generales que perjudican a la mayoría.
Luego, agregó, se debe proceder a la modificación de la ley actual incorporando "datos estadísticos" y "datos técnicos", que en la actualidad faltan, para que la normativa sea efectivamente positiva para el usuario.
Rojas hizo un llamado al presidente saliente Luis Arce para que no promulgue la ley, ya que eso abriría la puerta a un nuevo debate en el Legislativo, donde "la pelota estaría en nuestra cancha para poder ayudar realmente al pueblo".
El diputado contrastó la acción del Legislativo saliente con la gestión del presidente electo, Rodrigo Paz, quien viajó a Estados Unidos y Panamá a buscar "mejores condiciones económicas" como la garantía de combustible y el acuerdo con la CAF.
Rojas criticó que mientras Paz cumple con los estándares de credibilidad internacional, los diputados salientes hacen "todo lo contrario", con normativas como la de diferimiento, asegurando que están "incumpliendo esos requisitos y esos estándares internacionales" y jugando en contra de la estabilidad.
El pasado viernes en la última sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), los diputados aprobaron el proyecto denominado “Ley Excepcional de Suspensión Temporal de Embargos y Ejecución de Sentencias de Procesos Judiciales por Créditos de Vivienda de Interés Social”, por 76 votos de los asambleístas, más de los dos tercios necesarios.
La norma se aprobó como inicialmente envió el Ejecutivo y sin los cambios que introdujo el Senado donde el texto aprobado dejaba sin efecto el diferimiento e introducía el término o figura de “período de gracia”.
Los beneficiados de la norma
El Ministerio de Economía sostiene que con la norma se beneficiarán más de 1,4 millones de prestatarios (62%), del total a septiembre de 2025. De este número, 100.071 están relacionados con operaciones de crédito de vivienda social; otros 1.319.991, en operaciones de microcrédito y un total de 12.960, en créditos a unidades pequeñas.
En cambio, con el proyecto de ley aprobado por el Senado el universo de beneficiarios se reducía y solo alcanzaba a 45.000 de prestatarios (2%) del total a septiembre de 2025.
Se limitaba, además, el alcance de la norma a 3.163 prestatarios de operaciones de vivienda de interés social, a 40.279 en operaciones de microcrédito y a 768 en créditos a unidades pequeñas.
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia, la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas y la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo advirtieron que la ley de diferimiento afectará el flujo del sistema financiero. Según los especialistas, esto reducirá la capacidad de otorgar créditos.
"Esta medida alterará el flujo del sistema financiero y derivará en una reducción significativa de la liquidez de las entidades de intermediación financiera, afectando su capacidad de otorgar créditos a familias, emprendedores y empresas, con consecuencias directas sobre la actividad económica del país", señalaron las tres asociaciones en un comunicado público conjunto.
La normativa dispone el aplazamiento automático durante seis meses de los pagos de las cuotas de los créditos, otorgados para vivienda de interés social y de los créditos de las unidades económicas de tamaño micro y pequeña. Incluye cuotas el pago a capital e intereses, seguros y comisiones y otros cargos.