Tariquía
Judicialización: defensores ambientales enfrentan separación, división y miedo
Para los defensores ambientales, las notificaciones de requerimiento fiscal son un golpe más en medio de la lucha por la protección de sus territorios. Luego de protestar y haber realizado vigilias por mucho tiempo, para los comunarios la judicialización llega como una pesada carga de problemas, como la separación de sus familias, de las organizaciones a las que pertenecen y hasta desgaste emocional.
El investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Jorge Campanini, explicó que en su trabajo de seguimiento a los conflictos en Tariquía, vio cómo la judicialización a los defensores ambientales impacta en sus vidas. “He visto fracturas en su organización, he visto fracturas en sus familias, he visto incluso que les afecta en términos psicológicos”, sostuvo.
Juanita Mercado, encargada de comunicación del comité de defensa de Chiquiacá, y una de las 12 personas que figura en el acta de acusación formal, de un proceso iniciado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), relató a Visión 360 que una de las primeras dificultades que atraviesan es por temas económicos, y luego llega la división.
“Yo creo que económicamente más que todo. Con la familia que estamos siempre pendientes. Y también sobre los procesos, ¿no? A veces, no hay dinero para salir, para ir a enfrentar las audiencias”, confesó.
Pero además, Mercado relata que la acusación dirigida a algunas personas de la comunidad generó una división entre los vecinos y entre las familias. “Antes de este proceso éramos muchos defensores. Íbamos a las reuniones, pero con los procesos ya la gente ha disminuido un poco por el miedo, por la amenaza que ellos nos han hecho de procesarnos y por eso la gente dice ‘Somos defensores, somos defensores’, pero el problema es al último en caso de ir a enfrentarnos ya no van por el por el miedo del proceso. Por todo eso, la gente ya está atemorizada”, relató.
Sobre las familias, Mercado explicó que las mujeres defensoras salen a las convocatorias para la defensa de Tariquía, “digamos ya no nos hacen llegar bien, ya ellos se enojan también. Y a nosotros nos nace como mujeres, como madres de familia defender nuestro territorio, nuestra agua, nuestro bosque”, destacó.
En su entorno, la defensora que vive en Chiquiacá cuenta que cada vez que sienten ruidos de vehículos piensan en las máquinas y material para el ingreso de las petroleras. El miedo es constante.
“Nosotros cuando escuchamos que ya viene una máquina, que viene un camión grande del lado de Entre Ríos ya estamos pensando que son las máquinas de la empresa, que ya son los camiones que están trayendo los materiales para la empresa. Psicológicamente ya estamos, como decir, traumados. Y ya no podemos dormir, en la noche dormir, a veces en el día ni siquiera comer porque estamos ya pensando en eso y solamente en cuándo la empresa entra, qué día vamos a salir (de esto)”, lamentó.
Esta semana, la Fiscalía de Entre Ríos, en Tarija, formalizó una acusación formal presentada por YPFB contra 12 comunarios de la Reserva Natural de Flora y Fauna Tariquía (Tarija), entre ellos figura Juanita Mercado. Ellos enfrentan un proceso por los presuntos delitos de obstrucción de funciones y atentado contra la libertad de trabajo.
Además, el lunes 5 de enero se conoció que el Ministerio Público admitió una nueva impugnación penal presentada por Petrobras contra 16 comunarios, en los que también figura la defensora, y un concejal de la provincia O’Connor. Los delitos son “asociación delictuosa y otros”.