Investigación
Las propiedades vinculadas a Marset llegan a 36 y están bajo custodia del Estado
Bajo custodia del Estado se encuentran nueve bienes inmuebles, ocho aeronaves operables, cinco fuselajes y 14 vehículos vinculados a la infraestructura y logística construida por el narcotraficante Sebastián Marset, informó el director de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), Héctor Montes.
Toda esta estructura fue armada por Marset mediante terceras personas, ya que ninguno de estos bienes se encuentra a su nombre. Solo una de las aeronaves incautadas tras su captura el 13 de marzo y posterior expulsión a Estados Unidos tiene un valor estimado de un millón de dólares.
"Monetización o remate”
Por el momento, no se ha definido si los bienes serán monetizados. “Los bienes que no son depreciables, como casas o quintas que adquieren mayor valor con el tiempo, deben esperar una determinación judicial final cuando no existe una sentencia ejecutoriada. Sin embargo, los otros bienes pueden ser solicitados inmediatamente para su monetización o remate”, explicó Montes.
El uruguayo Marset, capturado el 13 de marzo, figuraba entre los tres narcotraficantes más buscados por la DEA. En Estados Unidos se ofrecía una recompensa de $us 2 millones por su captura, mientras que en Bolivia la cifra ascendía a $us 100.000. El uruguayo había escapado de un operativo en julio de 2023 y desde entonces permanecía prófugo.
Aún se desconoce si durante ese tiempo permaneció en Bolivia o si salió y retornó al país. No obstante, logró configurar una compleja estructura operativa para sus actividades ilícitas. Junto a Marset fueron detenidos cuatro extranjeros relacionados con su cuerpo de seguridad y, posteriormente, otras 15 personas, muchas de ellas también extranjeras y fuertemente armadas.
Montes descartó la posibilidad de que los bienes incautados sean devueltos, aunque reconoció que podrían presentarse reclamos legales. Señaló que ninguna autoridad judicial debería darles viabilidad.
“Es una decisión judicial donde podría presentarse algún derecho propietario mayor; sin embargo, al haber existido flagrancia en la mayoría de los casos y al haber encontrado responsables inmiscuidos en este proceso, no tendría por qué ningún operador de justicia otorgarles derecho alguno sobre los bienes”, afirmó.