Propuesta
La Magistratura presenta proyectos de ley para contratar a 300 jueces y endurecer las sanciones disciplinarias
Incorporar a los martilleros judiciales al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que los recursos generados por remates pasen a las arcas judiciales —permitiendo la contratación de 300 nuevos jueces— y endurecer las sanciones para habilitar la destitución de juzgadores son las iniciativas centrales de dos proyectos de ley entregados para su análisis y aprobación a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
El presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, llegó desde Sucre hasta el Legislativo en La Paz para entregar y explicar el alcance de estas propuestas que nacen de la instancia encargada, precisamente, del régimen disciplinario, control, fiscalización y manejo administrativo del Órgano Judicial.
Una de las iniciativas plantea la contratación de 300 nuevos jueces junto con su respectivo personal de apoyo, sin generar costos adicionales para el Estado. La estrategia consiste en asimilar a los martilleros judiciales a la planilla del TSJ, de modo que los honorarios que perciben por remates en materia civil se integren al presupuesto judicial.
“Por los remates que realizan en todos los juzgados de materia civil, ellos cobran un honorario regulado por el Tribunal Supremo. Todo ese recurso pasará al Órgano Judicial al convertirlos en funcionarios públicos. Con esos fondos podremos contar con aproximadamente 300 jueces adicionales y sus respectivos funcionarios de apoyo jurisdiccional”, explicó Spencer.
Actualmente, el martillero judicial no forma parte de la estructura administrativa del Órgano Judicial. Por su actividad en remates recibe comisiones que van de Bs 150 a Bs 3.000.
El segundo proyecto de ley busca incrementar la rigurosidad de las sanciones administrativas contra los administradores de justicia. La escala propuesta establece, por faltas leves, suspensiones de uno a seis meses; por faltas graves, la suspensión de uno a dos años; y, por faltas gravísimas, la destitución definitiva.
“Se propone que la destitución por faltas gravísimas sea determinada directamente por jueces disciplinarios, prescindiendo de la intervención de jueces ciudadanos. Esta modificación responde a las dificultades prácticas para convocarlos, situación que actualmente genera dilaciones y limita la efectividad de los procesos”, detalló la autoridad.
Otra reforma clave apunta a eliminar la práctica de que un solo juez asuma la labor de dos o más juzgados mediante suplencias. En su lugar, se propone que los jueces suplentes sean elegidos de la lista de egresados de la Escuela de Jueces, evitando la retardación de justicia y la sobrecarga laboral.
Spencer instó a diputados y senadores a aprobar estas iniciativas, cuyo objetivo es avanzar hacia una justicia más eficiente, transparente y accesible, eliminando las trabas estructurales que afectan actualmente al Órgano Judicial.